• Se cumplen 5 años del fallecimiento de Roberth Tzab, en condiciones que obligan a sospechar tortura
• Se presenta amparo contra nueva resolución de la Fiscalía, que deja impune el homicidio de Robert Tzab
• Es tercera ocasión que la fiscalía intenta cerrar el caso

Comunicado del Equipo Indignación A.C.

A 5 años de la muerte de Robert Tzab Ek, ocurrida en los separos en Tekax de la Procuraduría General de Justicia del estado de Yucatán, hoy Fiscalía General, se ha presentado un nuevo amparo en contra de la resolución, por tercera ocasión, de no ejercicio de la acción penal, ésta determinada por el Fiscal General Ariel Aldecua quien consideró que no existen elementos para consignar a los responsables de su fallecimiento.

Robert Tzab Ek fue detenido en Oxkutzkab en la madrugada del día 17 de agosto de 2010 por agredir a su esposa y fue presentado públicamente por la entonces Procuraduría General de Justicia del estado (Hoy Fiscalía General). Distintos medios de prensa publicaron una fotografía en la que se ve de pie al señor Tzab y en la que no se advierten lesiones. Sin embargo, el día 19 se encontró su cuerpo sin vida en los separos de la entonces Policía Judicial del estado con sede en Tekax, en circunstancias que obligan a sospechar tortura pero que de manera indudable implican responsabilidad directa de los encargados de garantizar la seguridad de las y los detenidos, en este caso, las funcionarias y funcionarios de la citada agencia décimo segunda del ministerio público con sede en Tekax.

Desde el momento en que sucedieron los hechos Indignación solicitó al entonces Procurador, Héctor Cabrera, que las investigaciones que realizara dicha institución se hicieran apegadas a los protocolos y estándares internacionales en materia de tortura, dado que las condiciones en las que falleció Robert hacían presumir la posibilidad de que dicha grave violación a derechos humanos fuera la causa real de la muerte de Robert.

A pesar de lo anterior, la Procuraduría determinó consignar a un médico de la Unidad del ISSSTEY en Tekax, quien había atendido a Robert con posterioridad a su detención ante la ausencia de médicos legistas en el ministerio público de Tekax, intentando exculpar a cualquier funcionario de la Procuraduría. Dicho proceso resultó fallido, pues tanto el Juzgado Penal de Tekax como la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia determinaron que no había elementos para acreditar la responsabilidad del citado galeno.

Ante estos hechos, la familia de Robert Tzab, acompañada por Indignación, solicitó a la Fiscalía, mediante nueva denuncia penal presentada el 2 de julio de 2012, que iniciara la averiguación previa por el delito de tortura. A pesar de que la averiguación se inició en la agencia décimo cuarta del ministerio público con sede en Ticul, transcurrió más de un año sin que dicho órgano ministerial realizara acción alguna, razón por la cual se presentó un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito. El 1 de enero de 2014, dicho juzgado federal determinó conceder el amparo, ordenando al Ministerio Público que en el plazo de dos meses realizara las investigaciones necesarias, y emitiera una determinación, teniendo como línea de acción la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de tortura.

A pesar de ello, el 10 de abril de 2014, el Director de Averiguaciones previas de la Fiscalía del Estado, determinó no ejercer la acción penal, es decir, cerrar la investigación bajo el argumento de que no existían elementos para acreditar que se había configuraba el delito de tortura y homicidio en perjuicio de Robert Tzab. Dicha resolución fue confirmada por el Fiscal General, razón por la cual nuevamente se presentó otro amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito quien de nuevo ordenó reabrir la investigación.

El 24 de julio del presente año, la Fiscalía, a través de su titular Ariel Aldecua, determinó, por tercera ocasión, cerrar la investigación del caso. Ante estos hechos la familia de Robert presentó un tercer amparo, mismo que nuevamente conocerá el Juzgado Cuarto de Distrito.

Resulta grave que, a 5 años de la muerte de Robert Tzab en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia, hoy Fiscalía, no haya ningún responsable de estos hechos, a pesar de que dicho deceso ocurrió cuando Robert estaba bajo custodia y responsabilidad del Estado. El hecho de que a lo largo de todo este tiempo se haya desahogado un proceso penal, exista una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del estado y se hayan presentado tres amparos, exhibe que a la Fiscalía no le interesa investigar y promover las sanciones y medidas de reparación en casos de graves violaciones a derechos humanos, sino encubrir a funcionarios públicos, incluyendo policías, probablemente responsables de dichas violaciones.

Al respecto, es preciso recordar que la propia Comisión de Derechos Humanos del estado, al emitir su recomendación relativa 18/2011, tomó testimonios de dos personas que aseguraron haber escuchado agresiones a Robert Tzab cuando se encontraba en su celda, elementos que aumentan la sospecha de que Robert fue víctima de tortura en los separos de la hoy Fiscalía.

Por otra parte, no hay que olvidar que esta determinación se da a pocos meses de que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura, Juan Méndez, emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano sobre el tema, con motivo del informe derivado de su visita a nuestro país, siendo una de ellas

a) Asegurar que todas las instancias de tortura y malos tratos sean investigadas prontamente como tales, …; investigaciones imparciales, independientes y exhaustivas y que los responsables sean procesados y castigados tanto penal como administrativamente; y que se investigue y castigue, con sanciones acordes a la severidad del delito, tanto a los autores materiales como a quienes ordenaron, consintieron tácita o explícitamente, o no evitaron o reportaron la tortura

Recomendaciones que no parecieran ser del interés del gobierno del estado encabezado por Rolando Zapata, como en su momento tampoco lo fueron de la administración de Ivonne Ortega, pues a 5 años de la muerte de Robert Tzab, no existe ni una persona detenida, ni procesada por el caso de tortura y los que resulten, violándose con ello también el derecho que tendría la familia de Robert a adecuadas medidas de reparación del daño y profundizando la impunidad que persiste en casos de tortura.

En Yucatán la impunidad, así como mantener en sus cargos a quienes cometen tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, evitar investigaciones que conduzcan a la verdad y a la reparación, ocasiona que la tortura sea una práctica cotidiana, tolerada, naturalizada y, en los hechos, encubierta y permitida por el propio gobierno.