Resolución de juez Federal cancela autorización a megagranja y ordena realizar consulta previa al pueblo maya de Homún
El pueblo rechazó la megagranja porcícola, recuerdan guardianes de los cenotes

Comunicado, declaración y exigencias de Kanan Ts’ono’ot Guardianes de los cenotes de Homún

Siete años después, un juez federal determinó que autoridades de Yucatán incurrieron en omisiones y violaron derechos al autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental de la megagranja porcícola deHomún.

El Juez segundo de distrito, quien inicialmente rechazó el amparo y sólo lo admitió por resolución de un Tribunal Federal, estableció que la entonces Secretarıá de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), “incurrió en diversas inconsistencias de carácter omisivo”. Autorizada por Eduardo Battlori Sampedro en el gobierno de Rolando Zapata, defendida en tribunales en el gobierno de Vila que ha litigado a favor de la empresa PAPO, la Manifestación de Impacto Ambiental, firmada por una dentista, omite estudios decisivos, no considera posibles afectaciones al anillo de los cenotes ni su importancia como reserva protegida y se autorizó sin haber realizado la consulta previa obligada por afectar a un pueblo maya. Requirió estudios el Juez Federal a peritos para reconocer que somos un pueblo maya y entender por qué defendemos los cenotes. Los peritos le explicaron la relación ancestral y simbólica de nuestro pueblo con las cuevas, las grutas y las aguas subterráneas.

El juez ordenó a la Secretaría de Desarrollo Sustentable “dejar insubsistente la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental” que había otorgado a la empresa PAPO hace siete años, ordenar la realización de una consulta previa al pueblo maya de Homún de acuerdo a los más altos estándares y emitir una resolución distinta que atienda todo lo relativo al medio ambiente sano y al derecho fundamental al agua y que pondere de manera específica y amplia la posible afectación al anillo de los cenotes como reserva protegida.

Ante la resolución del juez que otorgó parcialmente el amparo “para efectos”, las y los guardianes de los cenotes de Homún declaramos:

1. Somos un pueblo maya y tenemos el derecho y el deber de cuidar los cenotes, el agua, la tierra y nuestros derechos. Por eso nos asumimos guardianes y guardianas de los cenotes. Por eso nos hemos opuesto a la megagranja porcıć ola y a cualquier proyecto que se haga sin nuestra autorizació n y consentimiento.
2. Como pueblo maya organizamos y realizamos ya una consulta sobre la megagranja porcıć ola de la empresa PAPO. En octubre de 2017 preguntamos a las y los habitantes de Homú n si estaban de acuerdo con la megagranja porcícola y mayoritariamente el pueblo maya de Homú n decidió que NO queremos la granja. Traemos hoy nuevamente

los resultados a la Secretarıá de Desarrollo Sustentable, que parece no estar enterada.

3. “Como pueblo maya de Homún y en ejercicio del derecho de auto determinación, decidimos realizar nosotros mismos la consulta que el Gobierno omitió. La realizamos el pasado 8 de octubre de 2017, después de un proceso de información y deliberación, tal como establecen las directrices en la materia.789 personas salieron a votar, de las cuales 732 expresamos rechazo a la mega granja.” (Comunicado de Kanan Ts’ono’ot, 25 de octubre de 2017, al llevar los resultados de la consulta al Gobierno del estado, para su conocimiento y respeto).
4. Hace siete años dijimos que la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental y cualquier autorización dada a la granja era ilegal. Hoy la resolución del juez lo confirma, pero son siete años de pelear en contra de un sistema racista: contra las empresas PAPO y Kekén, contra el gobierno que autoriza ilegalmente y que litiga a favor de las empresas en vez de defender los derechos del pueblo maya; contra el juez que inicialmente rechazó el amparo y ahora amparó pero sólo parcialmente y “para efectos”.
5. Este largo proceso ha mostrado que la “justicia” no es justicia para el pueblo maya. La sentencia no contempla reparación del daño. Este es un amparo. Hay otro amparo que no se ha resuelto aún, el de la infancia, de cuyo resultado estamos atentas y atentos. Es insostenible para los pueblos asumir estos procesos tan largos y costosos. ¿Cuántos pueblos pueden hacerlo?
6. Todas las granjas son ilegales. La resolución del juez, tibia y tardıá , pone en evidencia esta ilegalidad al reiterar que se requiere la consulta previa antes de autorizar cualquier Manifestación de Impacto Ambiental. Sin embargo, todas las granjas operan sin autorización de los pueblos mayas a los que afectan, por lo tanto todas son ilegales.
7. ¿Quién puede autorizar la MIA? ¿La Secretarıá de Desarrollo de un gobierno que ha litigado a favor de la empresa? ¿El gobierno federal? Nosotras y nosotros sostenemos que sólo Homún puede autorizar una granja y en este caso ya hemos expresado nuestro rechazo.

Por lo tanto, exigimos:

1. A la Secretaría de Desarrollo Sustentable y al Gobierno de Yucatán: respetar los resultados de la consulta, es decir, respetar la decisión del pueblo maya de Homún que ha rechazado la megagranja.
2. Al gobierno del estado de Yucatán y al Gobierno Federal: no autorizar ninguna granja sin consultar al pueblo maya e iniciar un proceso para obtener el consentimiento o rechazo de los pueblos mayas en los que están operando ilegalmente las megagranjas y respetar los resultados. Exigimos también reparar los daños ocasionados por las megagranjas porcícolas.
3. Al gobierno del estado de Yucatán: dejar de litigar a favor de las empresas y atender su obligación de respetar y garantizar los derechos del pueblo maya. Eso significa abstenerse de impugnar el amparo para “defender” la manifestación de impacto ambiental que otorgó ilegalmente a PAPO.
4. Al Gobierno del estado de Yucatán: detener la criminalización de los pueblos que luchan por defender sus derechos y sus bienes naturales como Sitilpech y Santa María Chí y atender la exigencia de todos los pueblos que han expresado que no quieren granjas en sus territorios.
5. A los gobiernos estatal, federal y municipales de Yucatán, y al Congreso del estado: Reconocer y respetar plenamente los derechos del pueblo maya, incluyendo el derecho a hacer la justicia de acuerdo con nuestros propios sistemas normativos.

Kanan Ts’ono’ot, 15 de marzo de 2024.