El equipo Indignación deplora el nombramiento de Renato Sales en un cargo de la PGR que requiere a alguien capaz de combatir la impunidad para resolver casos tan graves como el de la guardería ABC.
Renato Sales dejó la Procuraduría de Campeche, cargo desde el cual mantuvo impune uno de los casos más graves de desalojo, ataque y desplazamiento de una población: San Antonio Ebulá, poblado destruido en agosto de 2009 por órdenes del empresario constructor Eduardo Escalante, quien se arroga la propiedad de esas tierras y a quien ni siquiera se citó a declarar en la indagatoria abierta por el caso.
San Antonio Ebulá lucha por ser pueblo y precisamente hoy, en vísperas del 13 de junio, se prepara para celebrar al santo patrono. Hace casi cuatro años, otro día 13 pero de agosto, el empresario constructor Escalante, suegro del extinto Juan Camilo Mouriño, ordenó la destrucción del poblado y generó el desplazamiento de las y los pobladores que vivían ahí desde hacía más de 40 años. Era el tercer desalojo. Los dos desalojos anteriores permanecieron impunes. Era el tercer desalojo pero éste fue de una violencia extrema. No dejó casa levantada. Destruyó todo: casas, árboles, animales, la Iglesia, la Escuela. Todo.
Escalante, sin contar con orden de desalojo y sin ser, por supuesto, autoridad para ejecutarla, destruyó el poblado y atacó a los pobladores. La policía acudió al lugar, pero no intervino. Las familias vivieron mes y medio, en condición de desplazadas, en la terraza del Palacio de Gobierno. La Comisión de Derechos Humanos de Campeche consideró que no era asunto de derechos humanos debido a que las autoridades no intervinieron (¡!) y que eso dejó el asunto como un problema entre particulares.
Gilberto Farfán Talango, alias “El Potoco”, dueño de una empresa de seguridad, declaró en la indagatoria abierta a raíz de la denuncia que interpusieron los pobladores, que fue el empresario Eduardo Escalante quien lo contrató para destruir las casas de San Antonio Ebulá. Sin embargo, Escalante ni siquiera fue citado a declarar en la indagatoria. Y el caso lo cerró el Ministerio Público sin encontrar delito qué perseguir. La insistencia de los pobladores logró que se reabriera… sólo para cerrarla nuevamente, meses después, por el mismo motivo y mediando un amparo para que destrabar la inacción del Ministerio Público.
El procurador era Renato Sales Heredia, quien tomó el cargo un mes después del desalojo, lo mantuvo impune y permitió que el aparato de procuración de justicia se usara para entretener y burlar a un pueblo desplazado que exigía justicia.
Aun hoy no concluye el litigio agrario. Las y los pobladores, mes y medio después del desalojo, recibieron unas tierras y el compromiso del gobierno de dotarles de todos los servicios que se requieren para ser pueblo, compromiso cuyo cumplimiento el gobierno de Campeche ha dilatado permanentemente.
Un hijo de Eduardo Escalante tiene un cargo estratégico en el gobierno de Campeche y una hija suya fue diputada en el período anterior y actualmente es Presidenta Municipal de la ciudad de Campeche.
El equipo Indignación deplora la actuación de Renato Sales en este caso y su nuevo nombramiento en un cargo en la PGR en el que se espera a una persona capaz de combatir la impunidad.
