Queja ante CODHEY y CONAPRED evidencia homofobia de corporaciones policiacas y graves violaciones a derechos humanos durante redada en Mérida
Comunicado conjunto Repavih / Indignación
La Red de Personas Afectadas por VIH e Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos AC, presentaron ayer, 22 de mayo, ante la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán y ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, una queja contra la Policía Municipal de Mérida y la Fiscalía del Gobierno del Estado de Yucatán, por homofobia institucionalizada, violaciones al debido proceso y exhibición de personas homosexuales detenidas durante una reunión el pasado mes de abril.
El 14 de abril del presente año, agentes de la Policía Municipal de Mérida irrumpieron en una casa del Centro Histórico de la ciudad de Mérida, donde se desarrollaba una reunión a la que acudieron varios hombres homosexuales y travestis, así como una mujer. Detuvieron a 54 personas haciendo uso desmedido de la fuerza pública, sin orden de aprehensión y con elementos propios de una redada con tintes homofóbicos.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Gobierno del Estado de Yucatán el mismo 14 de abril en la noche, donde continuaron las ofensas, humillaciones, malos tratos y amenazas. Éstas se extendieron a los familiares que acudieron a proporcionar apoyo moral y legal a sus seres queridos. La última persona fue liberada el martes 16 de abril, sin que hasta el día de hoy haya sanción alguna para las graves violaciones a derechos humanos cometidas a lo largo de todo el proceso, desde la detención, hasta su liberación en la Fiscalía General de Justicia del estado.
Los detenidos fueron objeto de discriminación por orientación sexual, cuando menos en dos momentos. Durante el operativo policiaco, en donde los elementos de la Policía Municipal incurrieron en acciones y expresiones homofóbicas, mismas que se extendieron al ser remitidos a los separos de dicho cuerpo de seguridad.
Durante su detención en la Fiscalía Especializada, en donde diversos funcionarios también hicieron expresa referencia a la orientación sexual de los detenidos en distintos momentos para ofender o burlarse de los detenidos. Las ofensas no solo estuvieron dirigidas a los agraviados, sino también a sus familiares quienes en muchos casos recibieron burlas y amenazas de los funcionarios ministeriales por la orientación sexual de sus parientes detenidos.
Esto constata los motivos por los que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha expresado su preocupación ante la persistencia de dichas prácticas discriminatorias por parte de elementos de seguridad pública y agentes del Ministerio Público, y refuerza los fundamentos del Informe denominado “Crímenes de odio, conspiración del silencio, tortura y malos tratos basados en la Identidad Sexual”, de Amnistía Internacional.
Al dar a conocer a la prensa sus nombres y exhibir fotografías de algunos de los detenidos, en una acción que tenía como objetivo criminalizar una determinada preferencia sexual, y presentarlos ante la sociedad como delincuentes, por el simple hecho de estar en una reunión en la que participaban principalmente hombres homosexuales.
La exhibición ante los medios de comunicación de personas detenidas por cualquier corporación policiaca es una grave violación a derechos humanos, que afecta, entre otros, el derecho a la presunción de inocencia, la vida privada, la dignidad de las personas. Dicho acto, prejuzga sobre la culpabilidad de los detenidos, cuando esto solo corresponde determinarlo a un Juez. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como las comisiones públicas de derechos humanos, han establecido recomendaciones claras sobre este tema.
Por último, cabe subraya que la Fiscalía General del Estado violó el debido proceso al negarse a proporcionarles a muchos de los detenidos defensor de oficio, obligarlos a firmar declaraciones que no correspondían con lo que los detenidos expresaban y fijar distintos tipos de cauciones para que los detenidos pudiesen acceder al derecho de libertad bajo caución, pero en ningún momento les dieron comprobantes de los montos pagados por sus familiares para obtener su liberación
Lo anterior representa una violación clara a los derechos mínimos del debido proceso establecido, tanto en la Constitución Federal, como en los principales tratados de derechos humanos. Como parte de la queja presentada, se ha solicitado tanto a la Codhey como al CONAPRED, en el respectivo ámbito de sus competencias:
a) Se establezcan recomendaciones y criterios claros para documentar la homofobia y cualquier violación al derecho a la no discriminación por preferencia sexual o identidad de género
b) Se establezcan recomendaciones y criterios claros para señalar que la práctica de exhibición de personas realizada tanto por las Policías Preventivas como por la Fiscalía General del estado, es violatoria de los derechos a la presunción de inocencia, dignidad, recomendando se cancele la utilización de dicha práctica
c) Se emita la recomendación mediante la cual se garanticen adecuadas medidas de reparación integral del daño, así como medidas de no repetición de los hechos.
d) Se emita recomendación mediante la cual se impulse a la sanción, penal y/o administrativa, de aquellos funcionarios públicos que incurrieron en actos de homofobia, tratos crueles, inhumanos y degradantes, violación al principio de presunción de inocencia y diversas violaciones al debido proceso.
