Desconocimiento e impericia de la Fiscalía favorecerían a los agresores
Garantizar que sean juzgados precisamente como feminicidios los recientes asesinatos cometidos contra mujeres por sus cónyuges o concubinos e implementar las medidas y programas para prevenir y erradicar la violencia de género en Yucatán exigió Indignación a la Fiscal General, al Gobernador y a la Directora del Instituto para la equidad de Género, mediante cartas enviadas a dichas instancias.
Los recientes feminicidios y otras agresiones basadas en el género alertan sobre el grave riesgo para mujeres en la entidad y ponen en evidencia la impunidad, la desprotección y la ausencia de programas y políticas para erradicar la violencia de género.
Indignación expresó a las autoridades la preocupación de que los recientes crímenes no sean tipificados adecuadamente.
El desconocimiento y la impericia comprometen la adecuada integración de los expedientes e impiden contar con un modelo de atención adecuado. Con preocupación leímos en medios locales declaraciones de la Fiscal en las que sostiene recientemente que el problema de la violencia en las parejas no constituye violencia de género y que el feminicidio no está tipificado en Yucatán[1].
El 11 de septiembre de 2012 se publicó en el Diario Oficial del estado el decreto 558 que modifica el código penal para incluir la figura del feminicidio y que elimina el honor como atenuante en homicidios entre cónyuges o concubinos.
La violencia contra la mujer continúa en aumento y, lamentablemente, han aumentado también los feminicidios. El equipo Indignación deplora enérgicamente las omisiones del gobierno de Yucatán que están desprotegiendo a las mujeres que viven violencia y señala también la responsabilidad de los Jueces y Magistrados.
En distintos informes hemos señalado la dificultad de las mujeres que enfrentan violencia para acceder a la justicia. Desde administraciones anteriores, la Fiscalía dilata la integración de los expedientes, desestima denuncias, justifica al agresor, pone en duda el testimonio de la mujer y no otorga órdenes de protección.
Por su parte los jueces y magistrados suelen desestimar las denuncias de violencia sexual y liberan a los agresores sin garantizar protección para la mujer. El caso de MAR es emblemático: El Tribunal Superior de Justicia de Yucatán retiró al agresor el delito de violación que cometió reiteradamente durante más de 15 años contra su hijastra “porque no se comprobó la violencia”.
Indignación también ha constatado en otros casos la mínima sanción impuesta a un marido que durante más de 30 años agredió física, verbal, económica y sexualmente a su esposa. En ese caso un juez federal eliminó el delito de violación y el agresor, condenado únicamente por violencia intrafamiliar en un proceso que llevó más de tres años, salió libre.
El IEGY persiste en su negativa a implementar programas efectivos de protección y prevención, además de incumplir con la obligación de ofrecer información actualizada al respecto y monitorear medios de comunicación para evitar que se promueva la violencia en la información y/o la publicidad.
Tanto el gobernador de Yucatán como la titular del IEGY han trivializado la violencia feminicida y exhibido su manifiesta incapacidad de atenderla de acuerdo con un modelo integral de prevención y erradicación al proponer clases de karate y deportes para combatir la violencia de género.
La misma fiscalía incurre en la mala práctica de reportar feminicidios como “crímenes pasionales” y los medios de comunicación reproducen esa y otras frases que encubren la violencia de género.
La información dada por la propia Fiscalía en torno a estos casos indudablemente tiene un impacto en cómo los medios retoman y difunden la noticia, creando un ambiente que pareciera minimizar e incluso justificar la violencia y hacen nugatoria tanto la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, como la convención de Belem Do Pará, suscrita por el Estado Mexicano. Prueba de ello, es que la semana pasada un periódico acusó de “ninfómana” a la mujer que fue asesinada por su cónyuge y otro periódico tituló la noticia con la disculpa justificadora del agresor: “Fue por amor”. El entorno agresivo y misógino que se enfrenta en Yucatán está favorecido por distintas instancias, instituciones y actores, y entre ellos están también los medios de comunicación.
El equipo Indignación exige a todas las instancias que conforman el Sistema Estatal para Prevenir, Erradicar y Sancionar la violencia contra las mujeres, entre los que está la Fiscalía, el IEGY, la Secretaría de Gobierno y la Codhey, que determinen y den a conocer las medidas emergentes ante los recientes casos que indican una profundización y aumento de la violencia de género y den a conocer el programa estatal en la materia.
De igual manera, y en el caso concreto de la Fiscalía, nuevamente exigimos que se hagan efectivas todas aquellas medidas preventivas establecidas en la Ley de Acceso, como las medidas de protección. Asimismo exigimos la catalogación adecuada de los recientes feminicidios precisamente con esa figura jurídica que determina la violencia basada en el género.
De manera especial, nos manifestamos porque la Fiscalía se aleje de aquellos criterios públicos que justifiquen cualquier tipo de violencia feminicida, conduciéndose con el estándar más alto de protección en la materia.
[1] http://yucatanahora.com.mx/noticias/atraso-juridico-feminicidio-esta-tipificado-como-delito-yucatan-29380/
