725 firmantes, entre organizaciones,  académicos y  defensores de derechos humanos de Yucatán, México y otras partes del mundo, presentaron una carta dirigida a las magistradas que integran el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa en el Estado de Yucatán reiterándole la importancia de mantener la suspensión de las actividades de la mega-granja de cerdos que se ha querido instalar en Homún desde finales de 2016.

La carta se presentó frente a la discusión y determinación que ese tribunal deberá tomar el día de mañana 6 de noviembre en torno al recurso de modificación de la suspensión presentado por la empresa Papo con el objetivo de levantar la suspensión vigente y reiniciar las actividades de esa granja, situación que pone en serio riesgo el patrimonio biocultural  y los derechos de la niñez de las comunidades mayas de la región del anillo de los cenotes.

En la carta,  firmada por 113 organizaciones de derechos humanos,  de defensa del territorio y del medioambiente, así como por 54 académicas y académicos renombrados por su trayectoria en temas de defensa territorial y ambiental de diversas Universidades en México y Estados Unidos, se hicieron valer algunas de las principales razones jurídicas y sociales   por las cuales debe prevalecer la suspensión, instando a dicho Tribunal para que aplique las normas y estándares más altos en torno al derecho ambiental, indígena y de protección de la niñez.

La carta fue entregada por los representantes de Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los cenotes) e Indignación tanto en Oficialía de Partes, como a cada una de las magistradas integrantes de ese Tribunal. Dicho documento se presentó en el contexto de una conferencia de prensa en donde organizaciones como Greenpeace, Artículo 19, Guardianes de las Semillas, Indignación, anunciaron que más de una veintena de pueblos han denunciado regionalmente el impacto que la industria porcícola tiene en la península de Yucatán.

A continuación les dejamos la carta en su versión completa:

Carta_apoyo_contra_industria porcícola_homun_con firmas

 Tribunal federal en Yucatán tiene en sus manos la decisión de proteger los derechos humanos de la infancia maya contra la industria porcícola

 

• Este viernes, 6 de noviembre de 2020, el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa en el Estado de Yucatán decidirá sobre la suspensión de la granja de 49,000 cerdos de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), aparcera de Kekén.
• Es fundamental que este Tribunal Colegido confirme la suspensión garantizando así los derechos de las niñas y niños de Homún al agua, a la salud y al medio ambiente sano.
• De acuerdo a Greenpeace, la industria porcina en Yucatán ha contaminado el agua de cenotes y pozos, deforestado más de 10 mil hectáreas de selva y violado los derechos del pueblo maya; además la ganadería industrial puede generar pandemias.

La península de Yucatán alberga la reserva de agua dulce más importante de México, llamada “Anillo de los Cenotes”, que ha sido decretada como sitio RAMSAR. Homún es un pueblo maya situado en la “zona de recarga” de esta reserva, es decir el lugar donde se filtra mejor el agua para su distribución subterránea. Dentro del territorio de Homún se encuentra también el área protegida “Laguna de Yalahau”, también protegida por el convenio RAMSAR.

A finales de 2016, violando el derecho a la libre determinación del pueblo de Homún y sin realizar una consulta indígena libre, previa, informada y culturalmente adecuada, se inició la construcción de una granja industrializada con capacidad para más de 49 mil cerdos.

El pueblo de Homún se organizó y comenzó su lucha en contra de la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO), aparcera de la empresa Grupo Porcícola Mexicano, conocida como Kekén, así como contra las autoridades municipales, estatales y federales que habían autorizado esta granja industrial de cerdos. La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado de Yucatán (SDS) autorizó una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ampliamente criticada por expertos por su falta de sustento científico, por negar el impacto sobre el pueblo maya de Homún y por estar firmada por una Cirujana Dentista.

Fue hasta septiembre de 2018, que la justicia federal protegió a un colectivo de niñas y niños que interpusieron un juicio de amparo, otorgándoles la suspensión de las operaciones de la granja, suspensión que continúa vigente hasta hoy. Sin embargo, tanto la empresa como las autoridades gubernamentales no han cesado, durante más de dos años, en su empeño por revocar esta suspensión e iniciar la operación de esta granja industrializada de cerdos.

La connivencia empresa-gobierno quedó en evidencia en una inspección realizada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable que determinó, con base en el testimonio de dos personas que no acreditaron sus funciones o su capacidad técnica, que la granja estaba en condiciones de operar. Este documento sirvió a la empresa PAPO para pedir al Juzgado Cuarto Federal en Yucatán que revocara la suspensión y les permitiera operar, porque acreditaba que la granja cuenta con un sistema de tratamiento de aguas residuales “concluido” y con eso se evita la contaminación de los mantos acuíferos y del medio ambiente en general.

Con el objetivo de proteger los derechos al medio ambiente sano, al agua, a la salud, a sus derechos como pueblo maya, y aplicando el principio de precaución y prevención que rige la materia ambiental, el Juzgado Cuarto Federal en Yucatán negó a la empresa revocar la suspensión. PAPO, no conforme con la decisión, la recurre, y este recurso (AMPARO EN REVISIÓN 235/2019) será resuelto este viernes 6 de noviembre de 2020, las magistradas Raquel García Flores, Julia Ramírez Alvarado y la secretaría de acuerdos en función de Magistrada Mayra Icela Greene Negroe (quien es la relatora del proyecto de sentencia), integrantes del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa en el Estado de Yucatán.

Los abajo firmantes, respetuosamente, queremos manifestar a las Magistradas lo siguiente:

Estamos ante un caso que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido como importante y trascendente, al conjugar derechos tan sensibles como la salud, el medio ambiente y el agua de niñas y niños pertenecientes al pueblo maya y el impacto que la operación de esta mega granja puede tener en la “Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes de Yucatán”.

Es fundamental que este Tribunal Colegido pueda garantizar que las niñas y niños de Homún puedan contar con un recurso efectivo como el juicio de amparo para proteger sus derechos humanos, por lo que deben confirmar la suspensión de operaciones de esta granja de cerdos.

Su obligación no sólo se sustenta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino en los múltiples tratados internacionales que deben aplicarse en este caso, cómo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio 169 de la OIT, la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, el Convenio RAMSAR y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que precisamente consagra en su número 15 el Principio Precautorio que obliga a todas las autoridades a adoptar las medidas que sean necesarias a fin de evitar la degradación ambiental, aun ante la falta de certeza científica absoluta sobre el daño.

Es importante mencionar, que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, que a través de su Primera Sala, reconoce en el Amparo en Revisión 307/2016 que “una vez identificado el riesgo, la falta de pruebas científicas o técnicas no es motivo para no tomar las medidas necesarias para salvaguardar el medio ambiente”.

En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en el caso Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina confirmó que las afectaciones al medio ambiente impactan a derechos interconectados con éste, como el derecho a la salud, el agua, y a la identidad cultural de los pueblos indígenas. Esta interconexión que reconoce la Corte Interamericana, es importante asociarla con la degradación ambiental que ocasionan la industria porcícola en la Península de Yucatán y la pandemia COVID-19 que ahora estamos padeciendo en todo el mundo.

En el reciente reporte de Greenpeace México, La carne que está consumiendo al planeta, se dan a conocer los principales daños ocasionados por esta industria en la Península de Yucatán, como la contaminación de agua de cenotes y pozos de agua utilizados por las comunidades mayas aledañas, la deforestación de más de 10 mil hectáreas de selva para la construcción de estas fábricas de cerdos, la ausencia de una consulta indígena previa, libre, informada y culturalmente adecuada antes de su construcción y la falta de permisos ambientales, como las Manifestaciones de Impacto Ambiental, en el 90 % de los casos.[1]

Estas afectaciones, nos hace reflexionar sobre el modelo agroalimentario actual, que ha colocado a la sociedad mexicana en un alto grado de vulnerabilidad. El actual modelo agroalimentario, como lo ejemplifican estas granjas industriales de cerdos en la Península de Yucatán, tiene su origen en un modelo agroindustrial que se sustenta en la producción intensiva de ganado, alimentado a través de monocultivos, plaguicidas, transgénicos y grandes cantidades de antibióticos.

Las prácticas en estas operaciones industriales con miles de cerdos, confinados en espacios reducidos, con exposición respiratoria a altas concentraciones de contaminantes como amoníaco, sulfuro de hidrógeno, etc. provenientes de los desechos que ellos mismos generan, no solo tornan a los animales más susceptibles a las infecciones virales, sino que pueden propiciar las condiciones por las cuales los patógenos pueden evolucionar a tipos más infecciosos y peligrosos. Estos virus en constante cambio dan lugar a pandemias humanas, debido a que el ganado a menudo sirve como un puente epidemiológico entre la vida silvestre y los humanos, como en el caso de la gripe aviar y la porcina por ejemplo. Los patógenos primero circularon de aves silvestres infectadas a aves de corral y cerdos, y luego pasaron a los humanos.[2]

La diversidad genética produce un efecto barrera de resistencia natural a las enfermedades entre las poblaciones animales. Contrario a esto, la deforestación y pérdida de biodiversidad inherente a la producción industrial de alimentos y otros proyectos extractivistas, ha producido condiciones que favorecen a ciertos vectores y/o patógenos, o a un huésped en particular.

Por lo anterior, es fundamental que la industria porcícola en la Península de Yucatán se considere como un problema regional, valorando los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos ocasionados por esta industria y otros megaproyectos en la zona. Es inconcebible que, con estas caracterpisticas, la industria porcícola pueda considerarse como un objetivo de desarrollo para el Estado de Yucatán y para el país.

El Poder Judicial de México, ahora a través del Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa en el Estado de Yucatán, debe frenar la degradación ambiental y confirmar la suspensión de la granja de cerdos en Homún, para garantizar el derecho de las niñas y niños al medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación, al agua y a un desarrollo sustentable.

Es fundamental que el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo y Administrativa en el Estado de Yucatán aplique las normas de derecho ambiental e indígena desde el estándar más alto, para que la impartición de justicia en México sea una realidad para los pueblos indígenas, que históricamente han visto vulnerados sus derechos y son más vulnerables a la degradación ambiental y a sus efectos como las pandemias.

Atentamente,

[1] Greenpeace, Informe “La carne que está consumiendo al Planeta”, p. 10.  Disponible en: https://bit.ly/2B57yhk

[2] Jones, B.A. et al., 2013. Zoonosis emergence linked to agricultural intensification and environmental change. PNSA 110 (21). 8399-8404; https://www.pnas.org/content/pnas/110/21/8399.full.pdf