3 de septiembre de 2009
Comunicado conjunto*
La agresión y violenta expulsión de los habitantes del pueblo maya de San Antonio Ebulá, en Campeche, cuyo pueblo fue completamente destruido el pasado 13 de agosto por civiles protegidos por la policía y contratados por un empresario de ese estado que se arroga la posesión del terreno, son hechos que nos llenan de alarma y preocupación.
El gobierno de Campeche, con sus omisiones, ha expuesto gravemente la vida y la integridad física de mujeres, hombres, niños y ancianos que se encuentran actualmente en situación de desplazados internos por violencia. Es por eso que se conformó la Misión civil de Paz para una solución justa en San Antonio Ebulá.
Esta Misión, conformada por personas y organizaciones que trabajan por la paz y los derechos humanos, ha decidido acompañar al pueblo de San Antonio Ebulá en su exigencia de retorno, restitución, certeza legal, justicia y paz.
Los pobladores de San Antonio Ebulá han decidido retornar a sus tierras el día ocho de septiembre, en una acción que pretende denunciar los incumplimientos y del gobierno.
Como pueblo desplazado por la violencia, los habitantes de San Antonio Ebulá tienen derecho a retornar y a decidir las condiciones de su retorno. El gobierno, a su vez, tiene la obligación de garantizar y ofrecer condiciones de seguridad para el retorno, de acuerdo con los principios sobre desplazados de las Naciones Unidas.
El pasado 13 de agosto el pueblo de san Antonio Ebulá, Campeche, fue arrasado por cerca de cien civiles al servicio del empresario Eduardo Escalante Escalante, suegro del extinto secretario de gobernación Juan Camilo Mouriño, que actuaron como grupo parapolicíaco, fueron resguardados por cerca de cien elementos de la Policía Estatal Preventiva de Campeche y apoyados por tres tractores y camionetas de la empresa.
Estos graves hechos son producto de un patrón de impunidad que se observa en todo el país y que se exhibe en este caso, puesto que el mismo empresario en dos ocasiones anteriores había intentado desalojar a los pobladores, los había agredido y había destruido algunas de sus viviendas, sin que se sancionara su actuación a pesar de que los hechos se denunciaron.
A las más de 70 familias que conforman el pueblo maya de san Antonio Ebulá les fueron violados el derecho a la integridad física y a la seguridad jurídica, el derecho a no ser privado de sus posesiones sin que exista un juicio justo, su derecho a la propiedad y la vivienda.
Además se les ha conculcado su derecho como pueblo maya a la tierra y a decidir sobre su territorio, así como los derechos que tienen como desplazados internos a recibir asistencia humanitaria, al retorno y a la restitución.
Quienes conformamos esta Misión tenemos la certeza de que el despojo, la impunidad y las violaciones a los derechos humanos constituyen un atentado contra la paz.
Tenemos conocimiento de que, aunque el señor Escalante se arroga la propiedad de las tierras, actualmente se dirime en la justicia federal un juicio de dotación de tierras. De hecho, recientemente un Tribunal Colegiado de Circuito con sede en Campeche obligó a que se revisara nuevamente el procedimiento de dotación de tierras al pueblo de Ebulá.
El ilegal despojo y la destrucción del pueblo realizado por trabajadores del empresario Escalante con la aquiescencia del Gobierno del estado, tiene la intención de hacer aparentar que San Antonio Ebulá nunca ha existido, pues de reconocerse la existencia del pueblo y la posesión que detentan desde hace más de 40 años sus habitantes, las autoridades agrarias estarían obligadas a fallar a favor del pueblo de San Antonio Ebulá.
No sólo es absolutamente ilegal el desalojo o expulsión de un pueblo, sino que éste en ningún caso puede ser ordenado y ejecutado por un particular, como ocurrió en San Antonio Ebulá con la complicidad del gobierno de Campeche.
San Antonio Ebulá ha sido reconocido por el Instituto Federal electoral, que emite credenciales con ese domicilio al menos desde 1991, y por el Gobierno Federal, quien les proporcioní³ una escuela a cargo del CONAFE, les ha otorgado diversos programas y beneficios sociales como OPORTUNIDADES, Setenta y Más, y les ha otorgado, a través de CONAGUA, la infraestructura para que accedan a ese bien esencial.
El pueblo de San Antonio Ebulá, después de intentar infructuosamente ser atendidos satisfactoriamente por las instancias del gobierno estatal, ha tomado la decisión de retornar a su territorio invadido.
Las organizaciones que conformamos esta Misión Civil de Paz hemos solicitado ya medidas cautelares al gobernador del Estado de Campeche, Lic. Jorge Carlos Hurtado Valdés, al Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, al representante de la OACNUDH, Dr. Alberto Brunori y a los titulares de la CNDH, Dr. José Luis Soberanos y Mtra. Ana Patricia Lara Guerrero, de la CEDHEC, para que, Según la competencia propia de cada institución, realicen las gestiones que les corresponden para garantizar seguridad en el retorno que los habitantes de San Antonio Ebulá, así como para que se tomen todas las medidas de seguridad, pues existe un alto riesgo de que se puedan generar situaciones de agresión por parte de los grupos parapolicíacos contratados por el empresario Eduardo Escalante.
Se le ha solicitado también que se garantice a los pobladores de Ebulá las condiciones adecuadas para que puedan reconstruir su pueblo. Para ello es indispensable la garantía de que habiendo retornado no se generaría ninguna situación posterior de violencia, agresión o despojo en su contra, así como la certeza de que serían restituidos sus bienes y un expreso compromiso del gobierno de no tolerar la impunidad.
*SERAPAZ * EQUIPO INDIGNACIÓN * RED DE ORGANISMOS CIVILES DE DERECHOS HUMANOS «TODOS LOS DERECHOS PARA TODAS Y TODOS” * SERPAJ * COLECTIVO GANDHIANO * ESCUELA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA U YITS KA’AN DE MANÍ, YUCATÁN * CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, CHIAPAS * FRATERNIDAD FRANCISCANA DE IZAMAL Y CAMPECHE, PROVINCIA DE SAN FELIPE DE JESÚS * MOVIMIENTO DE CULTURA POPULAR * PRODESC
