20 de julio de 2007
Yucatán 2001-2007
La Hacienda Restaurada es la imagen que utiliza el equipo Indignación para calificar un período de gobierno en el que se restauraron, no sólo los antiguos “cascos” de las haciendas para convertirlos en hoteles de lujo, sino un tipo de relaciones que genera dependencia y discriminación, expresó este organismo de derechos humanos al presentar el informe sobre derechos humanos en la administración 2001-2007, a la que llamó “el Patronato”.
“Evaluar a un gobierno desde sus obligaciones en materia de derechos humanos obliga a situarse en el lugar de quienes han sido dejados fuera, de quienes ven violados sus derechos más elementales, del pueblo maya, de las mujeres, de la infancia, de las personas homosexuales, de los jóvenes, de los agredidos por una policía impune, de las y los torturados, de quienes han sido despojados de sus tierras” indica Indignación en la introducción del informe.
El documento, comentado por Isela Rodríguez Alonzo* y por Juan Carlos Mijangos Noh**, evalúa las obligaciones del gobierno en materia de derechos económicos, sociales y culturales; derecho del pueblo maya, derecho a la justicia y derecho a la igualdad, entre otros, para concluir que, en Yucatán, los distintos ámbitos de gobierno han incumplido sus obligaciones en detrimento de los derechos de la población.
El informe recuerda el caso de la escuela social de menores infractores, el caso de don Ricardo Ucán Seca, se refiere a casos de tortura dados a conocer a través de la prensa y/o documentados por el equipo Indignación, destaca las represalias contra defensores de los derechos humanos y evalúa también el incumplimiento de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.
“La Hacienda Restaurada” incluye también un capítulo sobre participación ciudadana y condiciones democráticas, en el que evalúa el desmantelamiento de los organismos ciudadanizados como la Codhey, el Instituto de Acceso a la Información y el Instituto Electoral del Estado. Se incluye también una evaluación sobre la labor de la LVII legislatura.
En el capítulo sobre derechos del pueblo maya el informe enfatiza el despojo de tierras y territorios mayas promovidos desde el Ejecutivo del Estado para concluir que “el gobierno de Patricio Patrón Laviada utilizó las instituciones del estado para privilegiar el desarrollo de proyectos de empresarios estatales y nacionales con nula repercusión en el bienestar común (…) ejemplo de lo anterior es el establecimiento de “megaproyectos” en Comisarías y regiones campesinas mayas”.
La persistencia de la pobreza y la desigualdad, junto con la impunidad que prodigó la administración 2001-2007 a responsables de violar derechos humanos, constatan que la alternancia partidista en Yucatán y en México garantizó la continuación de un modelo económico que mantiene a la mayoría de la población empobrecida y al servicio de la minoría es otra de las conclusiones del informe que presenta el equipo Indignación.
El informe presenta un capítulo sobre “medidas urgentes y obligaciones del Estado en materia de derechos humanos” que incluyen responsabilidades para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El documento íntegro puede consultarse en www.indignacion.org, portal en el que también se encuentran disponibles todas las cartas y comunicados que este equipo emitió durante la administración 2001-2007.
Nota sobre los participantes en la presentación
*Isela Rodríguez Alonzo es activista social, economista, defensora de los derechos laborales e integrante del Movimiento de Cultura Popular A.C.
**Juan Carlos Mijangos Noh es antropólogo, doctor en educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad de la Habana y promotor de desarrollo comunitario.
Pueden descargar el informe completo desde la sección de publicaciones:
https://indignacion.org.mx/publicaciones/
o directamente AQUÍ_la_haciendab
https://indignacion.org.mx/publicaciones/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=436
