5 de diciembre de 2006

Comunicado

Equipo Indignación A.C.

El día miércoles 29 de noviembre, el Tribunal Unitario del Décimo cuarto circuito, con sede en Mérida, emitió su resolución relativa a la apelación presentada por los campesinos mayas Idelfonso Dzul García, Gonzalo García y Wilberth López Castro, detenidos el día 06 de octubre en un operativo ilegal por Policías preventivos del Estado y sujetos a proceso por delitos de portación de arma sin licencia en el caso de Gonzalo García y López Castro, y por portación de arma de uso exclusivo del ejército en el caso de Dzul García.
A pesar de que el Tribunal convalidó en su resolución el auto de formal prisión dictado en su momento por la Juez Segundo de Distrito, reclasificó el delito de portación de arma de uso exclusivo del ejército atribuido a Dzul García, modificándolo por el de portación de arma sin licencia, con lo cual Éste pudo obtener su libertad bajo caución. En esta tesitura los tres campesino mayas pudieron salir en libertad previo pago de una fianza de cuatro mil doscientos pesos cada uno. No obstante, deberán seguir el proceso ante el Juzgado segundo de distrito por el delito de portación de arma sin licencia, a pesar de que, como quedó acreditado en el expediente de la apelación, las escopetas, objeto mediante el cual pretenden sustentar la portación de arma sin licencia, son una herramienta cotidiana de trabajo en el pueblo maya y su portación con fines laborales no es socialmente reprochable de acuerdo con sus sistemas normativos.

Aunque es motivo de satisfacción la liberación de los tres campesinos mayas, todavía quedan varios pendientes:
1. La investigación y sanción a los policías responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas el 6 de octubre, ya que no sólo fueron ilegales las detenciones de Idelfonso Dzul, Gonzalo Garcí­a y Wilberth López Castro, sino que en dicho operativo existieron agresiones fí­sicas y verbales hacia mujeres y niños. Ante esta situación la Procuraduría de Justicia del estado debe integrar a la brevedad posible las averiguaciones previas derivadas de las denuncias que presentadas por los campesinos y sus familiares ante el Ministerio Público del estado.
2.- La exoneración absoluta de los tres campesinos por parte del Juzgado Segundo de Distrito del Décimo cuarto Circuito. En este contexto resulta indispensable que el Poder Judicial Federal aplique los Tratados y Convenios Internacionales que protegen y obligan a los Estados firmantes a hacer efectivos los derechos de los pueblos indígenas. En este caso, la utilización de escopetas para el trabajo cotidiano en el campo es una práctica cotidiana y socialmente permitida en las comunidades campesinas mayas, y pretender utilizar dicha costumbre como elemento para incriminar a tres campesinos mayas, viola lo establecido en las diversas disposiciones del Convenio 169 de la OIT y desatiende las recomendaciones que en su momento emitió el Relator especial de Naciones Unidas para pueblos indígenas, Dr. Rodolfo Stavenhagen, en su informe derivado de su visita a México en 2002.
3.- La resolución inmediata de los problemas del despojo de territorios que han dado pie a la situación de represión que han vivido diversos ejidatarios en Oxcum y otras Comisarías afectadas por proyectos privados. En este tenor es preciso que, atendiendo a lo establecido por el Convenio 169 de la OIT, el gobierno del estado priorice y haga efectivo el derecho al territorio del pueblo maya por encima de intereses particulares.

El gobierno del estado de Yucatán no puede eludir su responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de los campesinos de Oxcum ni las cometidas en contra de otras comunidades mayas cuyo derecho a la tierra y al territorio está siendo violentado.

Se acumulan agravios
Por otra parte el pasado 28 de noviembre Roberto Canché, quien participa en el movimiento por la defensa de las tierras de Oxcum y es yerno de don Ildefonso Dzul, sufrió lesiones severas al ser atropellado por el Comisario ejidal, don Anselmo Canul, quien ha sido cuestionado por favorecer el despojo de tierras en esa comisaría de Umán. Roberto Canché permanece en el hospital con heridas graves en la cabeza y en distintas partes del cuerpo. Todavía requiere una operación por fractura en el pie y tobillo.
Don Anselmo Canul fue detenido después del hecho en su casa, a instancias de vecinos y vecinas que acudieron al lugar de los hechos, pues inmediatamente después de arrollar a Roberto, quien conducía una moto, bajó de su coche y abandonÓ el sitio. El Ministerio Público consignó el hecho únicamente como lesiones culposas derivadas de accidente de tránsito, a pesar de los antecedentes de amenazas de don Anselmo Canul hacia quienes participan en el movimiento por la defensa de sus tierras.
Es indispensable esclarecer plenamente los hechos que pusieron en riesgo la vida de un compañero previamente amenazado precisamente por quien lo lesionó, así­ como garantizar que le sean resarcidos los daños al ofendido. El Ministerio Público está obligado a cumplir con su función de representar plena y efectivamente los intereses de la ví­ctima.
El equipo Indignación considera que la forma de operar del gobierno del Estado ha agraviado a la comunidad de Oxcum y lesionado sus relaciones internas. Eludir su responsabilidad, incumplir sus obligaciones o favorecer la impunidad, además de hacerle incurrir en otras violaciones a los derechos humanos, profundizarí­a los agravios contra el pueblo maya.