24 de marzo de 2004

Ciudadanos consejeros y consejeras

del Instituto Electoral del Estado de Yucatán

Representantes de partidos políticos ante el IEEY

Secretario Técnico del IEEY

El Equipo Indignación es un organismo no gubernamental cuyo fin es promover y defender los derechos humanos. De acuerdo con ese objetivo, durante los últimos años hemos impulsado y/o apoyado instituciones, iniciativas, proyectos y reformas legales que ayuden a construir un clima más propicio para garantizar la plena vigencia de estos derechos, desde una perspectiva integral.
Junto con otros ciudadanos y otras organizaciones, hemos aportado nuestro modesto esfuerzo para la ciudadanización de los órganos electorales y hoy constatamos, con entusiasmo, que estos órganos dan mayor transparencia, certeza e imparcialidad a los procesos electorales. Apreciamos el aporte que ustedes han hecho para alcanzar esto.
Los logros, sin embargo, no son obstáculo para reconocer que en este camino sólo hemos avanzado un trecho y que podemos lograr mejores herramientas para garantizar las condiciones democráticas que deseamos para nuestro paí­s.
Al comenzar a conocerse las listas de candidatos y candidatas a cargos de elección popular para el proceso electoral que ha iniciado ya en Yucatán hemos advertido, con desconcierto, nombres de personas que, cuando fueron autoridades, cometieron graves violaciones a los derechos humanos, las solaparon u omitieron cumplir con recomendaciones que les dirigieron organismos públicos de derechos humanos.
Estos organismos públicos y autónomos son también resultado de esfuerzos ciudadanos y constituyen hoy importante herramienta para evitar la impunidad. El instrumento con el que estos organismos cuentan es la Recomendación que dirigen a autoridades responsables de violaciones a los derechos humanos.
El esfuerzo de estos organismos públicos, la investigación que requieren para emitir una Recomendación y el seguimiento que hacen de su cumplimiento caerían en saco roto si las desdeñamos, ignoramos o soslayamos al momento de considerar los requisitos para que una persona pueda ser candidata a cargos de elección popular.
La democracia implica también el compromiso inequívoco con determinados valores. El respeto a los derechos humanos es uno de ellos.
Somos conscientes de que el actual proceso electoral tiene que apegarse a una ley que no contempla la reiterada violación a los derechos humanos como obstáculo para admitir o rechazar a un candidato, sin embargo, compartimos con ustedes esta preocupación confiadas en que, con su experiencia, podrán incorporarla a los aportes que sin duda harán en futuras reformas a la ley en esta materia
Ponemos a su consideración algunos de los elementos que hemos encontrado al analizar a candidatos y candidatas desde la perspectiva de los derechos humanos. Quizás encontrarán la forma de que sean tomados en cuenta en el actual proceso electoral o de que, al menos, esta información sea difundida para que ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a ella.

Candidato del PRI a la Alcaldí­a de Mérida
Destaca, por reiterado y voluminoso, el caso del candidato del PRI a la Alcaldía de Mérida. En su segundo período al frente del Gobierno del Estado recibió siete recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las cuales, hasta el momento en el que finalizó su mandato, sólo una se consideró totalmente cumplida. Una no la aceptó, otra la aceptó pero no envió pruebas de su cumplimiento (lo que la coloca en la situación de las no aceptadas) y las demás se catalogaron con el término “cumplimiento insatisfactorio”.

Estado de las recomendaciones dirigidas al Gobierno
del Estado de Yucatán en el período 1995-2001*

RECOMENDACIÓN	CASO	ESTADO DE LA RECOMENDACIÓN (Hasta enero de 2004)
103/95	Condiciones de las personas en las Áreas de ingreso y segregación en el Centro de Readaptación Social de Mérida.	Cumplimiento insatisfactorio
63/96	Caso Medina – Abraham	Cumplimiento insatisfactorio
92/96	A raíz de los disturbios en el CERESO de Mérida	Cumplimiento insatisfactorio
41/97	CERESO Valladolid	Totalmente cumplida
99/98	Orden de aprehensión no ejecutada	Aceptada SIN PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO
105/98-A	Inimputables y enfermos mentales en el CERESO de Mérida	Cumplimiento insatisfactorio
51/99	Diario de Yucatán	NO ACEPTADA

 

Si consideramos, además, tres recomendaciones recibidas por el actual gobierno del Estado durante el primer año de su mandato, advertimos que las violaciones que se señalan en esas recomendaciones fueron cometidas por servidores y servidoras públicas de la administración que encabezó el actual candidato del PRI a la Alcaldía de Mérida. Son las recomendaciones 24/2001, acerca de las condiciones en el CERESO de Mérida, la 9/2002 y la 10/2002, esta última referida a los tratos crueles y degradantes infligidos a niñas y niños internos en la Escuela Social de Menores Infractores.
El actual candidato del PRI a la Alcaldía de Mérida también apoyó el desacato en el que incurrieron diputados y diputadas de la anterior legislatura estatal al ignorar una resolución del Trife en la conformación del Consejo electoral.

Candidato del PRI a la Alcaldí­a de Ticul
El 23 de febrero de 1999, el joven Luis Felipe Chan González fue detenido con lujo de fuerza por los policías municipales de Ticul. Dichos policías persiguieron a Luis Felipe a quien querían aprehender porque estaba borracho. La persecución originó que Luis Felipe tratara de esconderse en un terreno baldí­o aledaño a su casa. En su huida, Luis Felipe cayó en una cueva. Los policías prendieron fuego a la cueva para obligarlo a salir. Felipe sufrió quemaduras de segundo grado y fue además brutalmente golpeado por los policías. Cuando éstos se dieron cuenta de la gravedad de las lesiones, trasladaron a Luis Felipe al hospital de la comunidad y de ahí­ el herido fue remitido por los doctores al Hospital O’Horán, de Mérida.
La familia de Luis Felipe interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Al enterarse de esto, Carlos Salomón Barbosa, en lugar de colaborar con la CODHEY, envió a una persona a que sacara a Luis Felipe del hospital y lo condujera con engaños al local de la CODHEY para que firmara un desistimiento de su queja. Ya en el local de la CODHEY, con el apoyo cómplice de Armando Durán Coello, entonces director de procedimientos de la CODHEY, lograron que Luis Felipe firmara su desistimiento.
Más tarde, interpuesta de nuevo la queja, Carlos Salomón Barbosa intentó sobornar a la familia a cambio de que retiraran la queja. No lo logró. Después de un proceso bastante complejo, en el que fue invaluable la presión de la sociedad civil, la CODHEY resolvió, en la resolución D.P./186/2000 que había responsabilidad de violación a los derechos humanos de Luis Felipe Chan González. El destinatario de la resolución fue el Presidente Municipal, bajo cuyo mando estaban los policías. Durante ese período (1998-2001), el presidente municipal de Ticul era Carlos Salomón Barbosa. Sólo se inició procedimiento penal, y por delito no tipificado como grave, en contra de uno de los policías que participaron en los hechos.

Lucely Alpizar Carrillo, candidata a diputada plurinominal, por el PRI
Rolando Zapata Bello, candidato a diputado por el VII distrito, por el PRI
Del 31 de agosto de 2000 al 15 de enero de 2001 tuvo lugar en la ciudad de Mérida una de las acciones más vergonzosas que haya implicado a los poderes ejecutivo y legislativo en el estado de Yucatán. Se trata del desacato de la 56º legislatura local en contra de las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Entre otros diputados, formaron parte de la fracción priísta que incurrió en desacato contra el TEPJF, los diputados Lucely Alpizar Carrillo y Rolando Zapata Bello. Si bien no recibieron recomendación de una Comisión de Derechos Humanos, debido a que estos organismos no conocen de actos electorales, sí­ incurrieron en diversos delitos y obstaculizaron la aplicación de la justicia.

Otros casos
Otros casos documentados por el Equipo Indignación, aunque tampoco recibieron recomendación de algún organismo público en esta materia, obstaculizan la vigencia de los derechos humanos. Citamos ahora por casos e incluimos, debajo de ellos, el nombre de quienes estuvieron implicados.

Rechazo reiterado a tipificar la tortura como delito en Yucatán:
Lucelly Alpizar
Rolando Zapata Bello

Aprobación de la reforma constitucional indígena que no respetó los Acuerdos de San Andrés
Silvia López Escoffie
Jorge Carlos Ramírez Marín
Federico Granja Ricalde

Rechazo reiterado a reformar la Ley de Procesos Electorales para el Estado de Yucatán
Lucelly Alpizar
Rolando Zapata Bello

Rechazo reiterado a reformar la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán
Lucelly Alpizar
Rolando Zapata Bello

Oposición al Juicio Político solicitado contra Rafael Cebada (Presidente de la Codhey)
Lucelly Alpizar
Rolando Zapata Bello

Aprobación del actual Reglamento de Policía y Buen Gobierno del municipio de Mérida que restringe el ejercicio de libertades.
Jorge Manuel Puga Rubio (II)
Jorge Gamboa Wong (V)
Magaly Cruz Nucamendi.

Los elementos que les presentamos no proceden de una revisión exhaustiva. Provienen de casos a los que este Equipo de Derechos Humanos ha dado seguimiento en el período reciente.
El hecho de que la ley no contemple mecanismos para tomar en cuenta la trayectoria de candidatos y candidatas en materia de derechos humanos no sólo nos deja a ciudadanos y ciudadanas en estado de indefensión, sino que exhibe una peligrosa tolerancia hacia las violaciones de derechos humanos y propicia impunidad, avalada por las instituciones que con tanto trabajo nos hemos dado.
El ahora candidato del PRI a la Alcaldía de Mérida podrí­a ser citado en el futuro próximo a comparecer en el juicio que se sigue por el caso de la Escuela Social de Menores Infractores, si la jueza que lleva el caso logra vencer temores; eventualmente, podrí­a ser sancionado por su responsabilidad en las violaciones que se cometieron. Resulta contradictorio saber que tiene alguna posibilidad, aunque sea remota, de conseguir un fuero antes de que eso ocurra.
A este equipo le resulta difícil imaginar el necesario cabildeo que tendrá que hacerse para impulsar leyes que garanticen el respeto a los derechos humanos, con personas que los han violado impunemente.
No soslayamos el hecho de que la propia incapacidad de la procuradurí­a del Estado para sancionar a servidores y servidoras públicas que en el pasado reciente violaron la ley ha propiciado que esas personas puedan ser hoy candidatos y candidatas a cargos de elección popular.
La situación que hoy enfrentamos nos ofrece la oportunidad de revisar las leyes y las instituciones para continuar aportando, con creatividad, elementos que nos ayuden a construir un país y un estado más democrático y respetuoso de los derechos humanos.

Sin otro particular, les reiteramos la seguridad de nuestra consideración y estima.

Atentamente,

Por el Equipo Indignación
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

 

Marí­a Cristina Muñoz Menéndez