Análisis de Gestión de la Codhey
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Legislatura tras legislatura, el Congreso de Yucatán se ha empeñado en nulificar la Comisión Pública de derechos humanos, pervertirla y elegir a personas sin pericia, sin capacidad y, sobre todo, sin independencia frente a las autoridades para garantizar una Codhey a modo, cómplice del poder y cómoda particularmente para el Ejecutivo estatal.
En un extenso anexo, Indignación documenta la negligencia, la dilación, la omisión de ejercer facultades, la tolerancia frente a la tortura, la falta de publicidad de las recomendaciones, el encubrimiento de las autoridades de la actual gestión de la Codhey, cuyo presidente fue ratificado a pesar de que el Congreso contó con toda la información acerca de su impericia e incapacidad.
El trabajo del actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos ha sido complaciente y cómplice del poder, lo cual pervierte la naturaleza de la institución pública de Derechos Humanos, la corrompe y deja vulnerable a una ciudadanía ante los abusos de las autoridades.
El Congreso del Estado desestimó denuncias, llamamientos e incluso demandas de juicio político presentadas ante las graves omisiones de la Codhey. Como una medida extrema, incluso 3 consejeros renunciaron simultáneamente en 2009. Ni las demandas de juicio político ni la renuncia de los tres consejeros impidieron que el Congreso del Estado ratificara a quien ha pervertido la Comisión de Derechos Humanos del Estado.
La administración de la Codhey que culmina su período este 2015, fue complaciente para tres administraciones del ejecutivo estatal: Patricio Patrón Laviada, Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello. En los tres casos, la labor de la Codhey ha sido más de complicidad que de protección real a los derechos humanos. La Codhey ha actuado más como una instancia de control de daños para amortiguar el efecto ante violaciones a los derechos humanos y garantiza impunidad a los perpetradores.
El documento anexo analiza las casi 80 recomendaciones emitidas por la Codhey en los últimos tres años, a través de las cuales queda en evidencia su impericia y complicidad. A estos casos habría que añadir aquellos que ni siquiera llegan a conocerse porque no se emite recomendación. Uno de ellos, cerrado a pesar de ser un caso de grave violación a los derechos humanos, sirve de muestra para suponer cuántos casos que no deben ser conciliados lo son y cómo continúa presionando a los agraviados para aceptar los abusos.
A la impericia del actual ombudsman se suma a su abulia y su cercanía con el poder. Sus omisiones en casos de graves violaciones a los derechos humanos han permitido que éstas ocurran de manera sistemática, pues no sólo es ineficaz para documentarlos, sino que evita, evade a cualquier costo cualquier sanción pública hacia las autoridades violadoras de derechos humanos, sanción que debiera ser impulsada por el titular del organismo público defensor de derechos humanos.
La negligencia para intervenir, documentar y exhibir casos de graves violaciones a derechos humanos, su silencio al momento de emitir sus recomendaciones y la inocuidad de las mismas, han permitido que persistan prácticas que son incompatibles con los derechos humanos, fundamentalmente en el ámbito de la seguridad ciudadana y la procuración de justicia.
Su negativa a ejercer facultades para proteger derechos de las mujeres y de las personas homosexuales o su silencio ante la represión del cuatro de julio palidecen cuando una se asoma a sus actuaciones en casos de tortura, incluso en casos en los que son agraviados menores de edad.
Esos casos tendría que publicitarlos la propia comisión, señalando a los responsables, dando a conocer sus recomendaciones, sus exigencias, las garantías de no repetición, manteniendo un seguimiento de la sanción a los responsables.
El informe especial sobre las condiciones de las cárceles municipales, que son efectivamente graves, en realidad pareciera intentar desviar la mirada de las cárceles preventivas de la fiscalía y de los separos policíacos estatales pues extraña su silencio cuando se trata de responsabilidades del ejecutivo estatal.
No deben extrañar hoy la ausencia de propuestas. Los aspirantes a dirigir la Codhey no cuentan con una trayectoria o experiencia en el ámbito de los derechos humanos ni pericia probada en su defensa ni una trayectoria de autonomía que garantice independencia frente a autoridades.
Los Principios de París y las recomendaciones de organismos internacionales y nacionales sobre las comisiones públicas de derechos humanos sobre el perfil de quienes presidan o formen parte del Consejo de la Codhey, incluidas en el documento anexo, parecen inútiles ante la deliberada estrategia del Estado de hacer inoperantes e inútiles las comisiones públicas de derechos humanos.
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