Comunicado del equipo Indignación
La obstinada inacción del Congreso del Estado Más de un año después de la demanda de Juicio Político presentada por 12 organizaciones civiles contra el Ombudsman local exhibe el grave riesgo que enfrenta la institución pública de protección de los derechos humanos en Yucatán ante el próximo proceso para elegir a su titular.
Incumplir sus obligaciones, soslayar la demanda presentada por organizaciones de la sociedad civil, desdeñar la documentación de las irregularidades en las que incurre cotidianamente el presidente de la Codhey hace incurrir al Congreso del Estado en graves responsabilidades.
El Congreso estaba obligado, de acuerdo con su ley y con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, a dictaminar a la brevedad la demanda, a través de su Comisión de Puntos Constitucionales. Un año y tres meses después de presentado el Juicio, no lo ha hecho.
La demanda de Juicio Político se presentó “por las graves y reiteradas violaciones a la ley y al reglamento de la Comisión de Derechos Humanos en las que ha incurrido el presidente de la Codhey, que han hecho incumplir a este organismo los objetivos para los que fue creado, han ocasionado la desprotección de personas agraviadas y han propiciado la impunidad de autoridades que han violado los derechos humanos”, sostiene el comunicado emitido entonces.
Algunas de las reiteradas violaciones y omisiones sistemáticas señaladas en el juicio político son:
1) Violación sistemática a los plazos que, según la Ley de la Comisión y su Reglamento, tiene la Codhey para resolver las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que se le presentan.
2) Violación al procedimiento establecido en la Ley de la Codhey al momento de realizar sus investigaciones y emitir sus recomendaciones.
3) Ausencia de publicidad de sus recomendaciones.
4) Ausencia de Informes y recomendaciones generales.
5) Incapacidad y negligencia de sus funcionarios.
“La insensibilidad de los visitadores al momento de entrevistar a las víctimas, la falta de médicos especializados que documenten adecuadamente casos de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, el desconocimiento y la parcialidad de los funcionarios hacia la autoridad son conductas sistemáticas cometidas por la Comisión que: redundan en el servicio que presta la institución, revictimizan a quien ya ha sido víctima de una violación a derechos humanos y hacen ineficaz la función de la comisión como instituto encargado de proteger los derechos humanos.”
La cuestionable y cuestionada actuación del Ombudsman incluso llevó a tres consejeros de la Codhey a renunciar, a fines de 2008. Ni siquiera ante esa renuncia colectiva el Congreso revisó la actuación del Ombudsman.
A la negligente actuación del titular de la Codhey documentada y presentada en la demanda de Juicio Político hace Más de un año, se suman las omisiones en las que ha persistido de entonces a esta fecha, entre las que destaca su complicidad ante propuestas de ley que constituyeron discriminación contra mujeres, personas homosexuales e incluso contra personas solteras.
De manera reciente, y tal como lo dio a conocer este Equipo de Derechos Humanos, resulta lamentable el ominoso silencio que la Institución Pública de Derechos Humanos ha mantenido ante acusaciones de tortura denunciada por personas detenidas en el marco del reciente proceso electoral.
El Congreso no cumplió su obligación de dictaminar la demanda de Juicio Político ni de revisar la actuación del Ombudsman. Ante esto, Indignación advierte el grave riesgo en el que se encuentra la institución pública de derechos humanos pues el Congreso podría incluso, en una muestra de mayor cinismo, reelegir al actual ombudsman que tan complaciente se ha mostrado con las autoridades.
Los legisladores, vergonzosamente, responden Más a los intereses de los partidos de los que provienen que a sus obligaciones con la democracia, con los derechos humanos y con las instituciones ciudadanas. Es por eso que hay ex militantes de partidos en el Instituto de Acceso a la Información, un Ipepac incapaz y una Codhey que protege a las autoridades.
La determinación sobre quién ocupará la presidencia de la CODHEY debe sustentarse en un proceso abierto, plural y transparente, que garantice la participación de organizaciones vinculadas precisamente al tema, en el cual se elija a una persona con una trayectoria ciudadana, que tenga probada experiencia en el tema de los Derechos Humanos y clara independencia de los actores y partidos políticos, tal como lo establecen los Principios de París y la propia Ley de la CODHEY.
