* Cinco años de la recuperación de las primeras 31 hectáreas | San Antonio Ebulá continúa empeñado en ser pueblo
* Renato Sales procuró impunidad y ahora quiere ser gobernador
* El caso, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Desplazamiento forzoso, desalojo, destrucción, violencia, impunidad. Esto enfrentó el pueblo de San Antonio Ebulá hace cinco años. Contra esto luchó y, en mes y medio, un 24 de septiembre, logró recuperar las primeras 31 hectáreas de su territorio, donde se asentó el pueblo para continuar la lucha contra la impunidad y por la reparación del daño.
El 13 de agosto de 2009, un grupo de particulares contratados por el empresario Eduardo Escalante entraron al pueblo de San Antonio Ebulá, arrasándolo en su totalidad. Las casas, los cultivos, animales domésticos, la capilla y la escuela fueron destruidos.
En cinco años, el gobierno de Campeche, ha regateado el cumplimiento de sus compromisos y se empeñó en proteger al agresor, lo que negó a las más de 60 familias el acceso a la justicia y a la reparación del daño. Efectivamente: la Procuraduría de Justicia de Campeche, a cargo de Renato Sales, desestimó las denuncias, las pruebas aportadas, los testimonios; nunca citó a declarar a Eduardo Escalante y cerró el caso.
La destrucción de San Antonio Ebulá se dio en medio de un juicio agrario iniciado ante los distintos obstáculos gubernamentales para la regularización de la propiedad de las tierras de las y los ebuleños. El juicio, que lleva más de veinte años en trámite, no ha concluido y expone la violación sistemática que sufren distintas comunidades del país ante la ineficiencia de la justicia agraria, la cual ha resultado en casos como el de San Antonio Ebulá en un recurso infructuoso.
Asimismo, el caso exhibe el despojo sistemático que sufren distintos pueblos en la Península de Yucatán ante grupos económicamente poderosos que pretenden desarrollar proyectos o lucrar con las tierras de los pueblos.
Ante la impunidad, la falta de acceso a la justicia, la corrupción gubernamental y la dilación en el juicio agrario, las familias de San Antonio Ebulá acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y actualmente se encuentran a la espera del informe de admisibilidad del caso.
Los gobiernos estatales y federales están obligados para la reparación integral a las víctimas y la restitución de sus derechos. San Antonio Ebulá empeñado en ser pueblo, continúa su lucha por la justicia, por la reparación y contra la impunidad.
