19 de diciembre de 2007
- En riesgo la seguridad de habitantes
Comunicado del equipo Indignación A.C.
Diputadas y diputados de la LVIII legislatura incumplieron el compromiso de crear una Comisión plural e instalar una mesa de diálogo para lograr que se respete el derecho del pueblo de Kimbilá a elegir a sus propias autoridades y resolver el conflicto que ha ocasionado la ilegal intervención del alcalde de Izamal en la designación del comisario.
El incumplimiento de la legislatura se suma a la serie de agravios que ha sufrido la población de Kimbilá y que iniciaron a raíz de que el Presidente municipal de Izamal se negó a reconocer a la candidata ganadora de las elecciones comisariales, imponiendo a quien quedó en segundo lugar. A partir de esa situación los habitantes de Kimbilá han
reivindicado su derecho a elegir a sus propias autoridades, sin encontrar eco en ninguna autoridad municipal o estatal.
En una reunión sostenida en el Congreso con habitantes de Kimbilá “la cual atestiguaron integrantes del equipo Indignación” el pasado 13 de diciembre, diputados y diputadas del PRI, PRD, PAN y de la coalición “Todos somos Yucatán” se comprometieron a integrar una Comisión plural debido a que en la Comisión de desarrollo municipal únicamente hay
diputadas y diputados del PRI y del PAN.
El compromiso fue que crearían dicha Comisión el lunes 17 de diciembre y que ese mismo día acudirían a Kimbilá para instalar la mesa de diálogo que pudiera contribuir a resarcir los agravios ocasionados al pueblo de Kimbilá.
Ayer lunes 17 de diciembre, hasta las siete de la noche, ningún diputado o diputada se había comunicado con habitantes de Kimbilá que estuvieron en dicha reunión, a pesar de que desde la mañana estos Últimos se comunicaron con el presidente de la Comisión de Desarrollo Municipal del Congreso para preguntar a qué hora se instalaría la mesa de diálogo.
Fue hasta después de las siete de la noche cuando la diputada Bertha Pérez, del PRD “que no forma parte de la Comisión Municipal pero que se integraría a la plural”, se comunicó con integrantes del equipo Indignación para comunicar que la Comisión de Desarrollo Municipal no sesionó por falta de Quórum, de forma que ni se integró la Comisión plural ni se acudiría a Kimbilá ni se instalaría la mesa de diálogo ni hay fecha para otra reunión próximamente.
Las y los diputados han sido enterados formalmente de las actuaciones ilegales en las que ha incurrido el alcalde de Izamal, de los agravios cometidos contra el pueblo de Kimbilá, así como de las agresiones y amenazas que han vivido sus habitantes y del tenso ambiente que prevalece, situaciones que ponen en riesgo la integridad física de las y los habitantes de este pueblo maya.
El incumplimiento de las y los diputados no sólo favorece la continuación de violaciones contra habitantes de este pueblo maya, sino que pone en riesgo la seguridad de sus habitantes y entorpece la búsqueda de soluciones pacíficas en las cuales han insistido quienes, en Kimbilá, exigen el respeto a su derecho a elegir a sus propias autoridades.
En virtud de lo anterior, este Equipo de derechos humanos responsabiliza al legislativo del estado, al Presidente municipal de Izamal y al Gobierno del Estado de cualquier situación de violencia que se pudiera generar en la entidad ante la imposibilidad de encontrar salidas institucionales para destrabar el conflicto. La responsabilidad de los diputados deriva de las obligaciones que éstos tienen como servidores públicos y representantes populares. Más aún cuando el conflicto también es consecuencia de un normatividad que no establece reglas claras para garantizar que las elecciones de comisarios se efectuarán de acuerdo a los más altos estándares de protección a los derechos humanos.
Por otra parte, este equipo deplora que el Presidente municipal de Izamal esté utilizando mecanismos de presión para reprimir las expresiones de inconformidad de la población, pues según testimonios de los pobladores el ministerio público de Izamal “que depende del Ejecutivo estatal- ha enviado citatorios a 18 personas para que se presenten a declarar ante la agencia de Izamal. Las 18 personas son parte de quienes han protestado por la intervención del alcalde, con lo cual existe el riesgo evidente de que se utilicen los aparatos de justicia penal para reprimir y criminalizar un movimiento de reivindicación de derechos. La utilización de los órganos encargados de procurar justicia para inhibir expresiones de inconformidad social fue una de las prácticas más deleznables de la administración estatal anterior, y vemos con preocupación que existe el riesgo de que la
actual administración incurra en esa forma de represión.
 Igualmente violatorio a derechos humanos resulta el hecho de que el Presidente municipal haya retirado la ambulancia de la Comisaría, lo que se interpreta como medio de castigo para los ciudadanos inconformes. Según testimonios de varios pobladores de Kimbilá, la ambulancia sólo está disponible para quienes son afines al comisario impuesto por el Presidente municipal, con lo cual se pone en riesgo la salud y la integridad física de la población, en un acto que podría constituir responsabilidad administrativa y penal de Presidente municipal.
Por lo anteriormente señalado, este equipo de derechos humanos exige:
Que en cumplimiento de los acuerdos celebrados el día 13 de diciembre entre pobladores de Kimbilá y diputados de las diversas fuerzas parlamentarias, se efectúe a la brevedad posible la mesa de diálogo que permita finalmente restituir los derechos que han sido violados al pueblo de Kimbilá.
Que el gobierno del estado se abstenga de utilizar a la Procuraduría de Justicia para inhibir el ejercicio de derechos y reprimir las expresiones de inconformidad que son producto de ilegalidades cometidas por las autoridades municipales.
Que se respete el derecho a la salud de los integrantes y se les restituya el servicio de ambulancia, puesto que negarse a brindar un derecho fundamental a la población implica violaciones graves a derechos humanos que son motivo de responsabilidad política, administrativa y penal.
