10 de diciembre de 2003
UNA DECLARACIÓN LOCAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
A 55 años de la Declaracó³n Universal de los Derechos Humanos y al celebrarse en Yucatán la cumbre anticorrupción de la Organización de las Naciones Unidas, el Equipo Indignación emite esta Declaración Local de los Derechos Humanos.
Considerando que Yucatán es uno de los estados más pobres de la República mexicana y que tal condición lo convierte en un territorio representativo de la incapacidad del Estado mexicano para procurar la plena vigencia de los derechos humanos,
Considerando que, debido a esa profunda pobreza, Yucatán es también uno de los estados de la República mexicana con mayor índice de desnutrición infantil,
Considerando que Yucatán es un estado mayoritariamente indígena cuyos habitantes mayas no encuentran reconocidos sus derechos en la legislación local,
Considerando que la población maya yucateca no sólo no ve reconocidos sus derechos en tanto pueblo indio, sino que ni siquiera ve respetado su derecho a juicios justos realizados en su propia lengua, como demuestra el caso de Don Ricardo Ucán Ceca*,
Considerando que tanto los integrantes del Poder Legislativo, como los del Poder Judicial y Ejecutivo de Yucatán desconocen la mayor parte de los convenios firmados por México ante la ONU, lo que representa un serio obstáculo para promover su cumplimiento,
Considerando que en Yucatán no hay una instancia para evaluar el desempeño de los jueces y sancionarlos por posibles actos de corrupción,
Considerando que hace sólo una semana que la tortura es considerada delito en Yucatán,
Teniendo en cuenta que en Yucatán no está tipificada la discriminación como delito,
Considerando el enorme trabajo que costó a la sociedad civil contar con una Comisión Estatal de Derechos Humanos independiente y autónoma y teniendo en cuenta la reiterada negativa del actual Procurador de Justicia del Estado de Yucatán a aceptar las recomendaciones que esta Comisión ha emitido,
Considerando que en Yucatán persiste la impunidad de las autoridades que en el pasado reciente cometieron o permitieron violaciones a los derechos humanos, como la escandalosa tolerancia del ex gobernador y el ex secretario de gobierno que supieron de los tratos crueles y torturas que sufrieron infantes internos en la Escuela Social de Menores Infractores,
Teniendo en cuenta que el estado ha sido incapaz de garantizar el respeto a los derechos laborales, especialmente de las personas empleadas en maquiladoras en Yucatán, a quienes se impide organizarse en sindicatos,
Considerando que continúa, especialmente en las maquiladoras, la práctica de solicitar exámenes de no gravidez a las mujeres que solicitan empleo y que esto no es sancionado por el gobierno,
Teniendo en cuenta que persiste la inequidad de género en Yucatán y que las acciones de gobierno distan mucho de mostrar su eficacia para lograrla,
Considerando que Yucatán es uno de los estados de la república más afectados por la pandemia del Sida y que no contamos aún con campañas de prevención, eficaces y dirigidas a los grupos de población más afectados.
Reconociendo que el actual gobierno estatal ha disminuido sensiblemente su participación activa en algunos casos de violaciones a los derechos civiles y políticos, pero advirtiendo que continúa la violación a derechos humanos fundamentales por omisión del Estado, especialmente de los derechos económicos, sociales y culturales,
Teniendo en cuenta que las anteriores consideraciones convierten a Yucatán en un lugar representativo de cualquier territorio empobrecido de América Latina, para cuyos habitantes no ha sido posible encontrar reflejados en su vida cotidiana los esfuerzos de quienes impulsan, desde la ONU, el respeto a los derechos humanos,
Considerando el riesgo de que se debilite la ONU, cuya autoridad ignoró Estados Unidos al declarar y ejecutar la guerra contra Irak, guerra que continúa y ante la que expresamos nuestra más profunda condena.
Celebrando la mundialización de la indignación ética que deploró la guerra contra Irak, que advierte los riesgos de una globalización neoliberal, que aumentaría la pobreza y profundizaría la desigualdad,
el Equipo Indignación se pronuncia públicamente y proclama que
OTRO MUNDO ES POSIBLE
Un mundo en el que don Ricardo Ucán vea garantizado su derecho a una defensa efectiva y a un juicio en su propia lengua;
un mundo en el que el pueblo maya de Yucatán encuentre reconocidos sus derechos en la constitución local y nacional, y cuente con los instrumentos jurídicos necesarios para reproducir, con dignidad y respeto, su diversidad y riqueza cultural;
un mundo en el que las mujeres puedan denunciar la violencia con la certeza de que no habrá impunidad;
un mundo en el que el Estado reconozca y asuma su obligación de destinar todos los recursos posibles para que sean respetados los derechos económicos, sociales y culturales de todas las personas;
un mundo en el que la justicia pronta y expedita no sea mercancía ofrecida al mejor postor, sino un derecho garantizado para todos y todas;
un mundo en el que las diversidades sean respetadas y en el que los núcleos más vulnerables de la población ven sus demandas atendidas;
un mundo, en fin, donde no haya cabida para la impunidad y los derechos humanos de todos y todas sean reconocidos y respetados.
La vigencia de los derechos humanos es hoy, la medida definitiva para juzgar la calidad de los gobiernos. En el 55° aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos instamos a los gobiernos reunidos en esta cumbre de la ONU, particularmente al gobierno de México, a redoblar esfuerzos para que tal Declaración deje de ser solamente un puñado de buenas intenciones y se convierta en la posibilidad cierta de un mundo cortado a la medida de la dignidad y el bienestar de todos y todas.
*Don Ricardo Ucán fue condenado a 22 años de prisión por el delito de homicidio calificado. En el juicio la defensora de oficio no usó pruebas que demostraban que don Ricardo actuó en defensa propia. El juicio se llevó en español a pesar de que don Ricardo es mayahablante. La Codhey emitió la recomendación 40/2003.
