Ratificado hace poco más de un año por el Congreso del estado, a pesar de existir doce demandas de juicio político en su contra que evidenciaban deficiencias en su labor, encubrimiento de autoridades y violaciones sistemáticas a su normatividad, hoy rinde su segundo informe el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, sin que en los hechos exista avance en materia de defensa y promoción de los derechos humanos en la entidad, ni mucho menos una comisión crítica que se erija como una verdadera defensoría del pueblo.
El trabajo del actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos ha sido complaciente y cómplice del poder. Sus omisiones en casos de graves violaciones a los derechos humanos han permitido que Éstas ocurran de manera sistemática, pues no sólo es ineficaz para documentarlos, sino que es nula la sanción Pública hacia las autoridades violadoras de derechos humanos, sanción que debiera ser impulsada por el titular del organismo Público defensor de derechos humanos. También ha desprotegido, y en consecuencia permitido, que persistan las situaciones se segregación y exclusión en cuanto a derechos de grupos sociales discriminados.
En el primer caso, la negligencia para intervenir, documentar y exhibir casos de graves violaciones a derechos humanos, su silencio al momento de emitir sus recomendaciones y la inocuidad de las mismas, han permitido que persistan prácticas que son incompatibles con los derechos humanos, fundamentalmente en el Ámbito de la seguridad ciudadana y la procuración de justicia. La demanda de juicio político presentada en febrero de 2009 por doce organizaciones civiles documentaba graves inacciones, inocuas recomendaciones e impericia del ombudsman en varios casos, entre otros el de la razia en la que se detuvo ilegalmente y con violencia a 48 jóvenes en el contexto de la visita de George Bush a Yucatán.
El deterioro de la Codhey ha continuado. El caso de Robert Tzab es actualmente uno de los ejemplos más graves de la inacción cómplice del ombudsman. A más de un año de haber perdido la vida en instalaciones de la entonces Procuraduría de Justicia en Tekax, en condiciones que obligan a sospechar tortura, la Codhey no ha emitido recomendación alguna, a pesar de que su propia ley la obliga a hacerlo en un plazo no mayor de 4 meses cuando de graves violaciones a derechos humanos se trate. La omisión en el caso de Robert ilustra la docilidad de un organismo que debiera ser implacable en casos como el de Tzab Ek, más aún cuando esa misma institución ha documentado más de 13 fallecimientos en cárceles del estado de Yucatán, muchas de ellas en contextos de detenciones por parte de cuerpos policíacos.
El abstenerse de ejercer las facultades con las que cuenta el organismo para proteger derechos, como hizo al negarse a presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de las dos reformas a la Constitución del estado discriminatorias que fueron aprobadas en julio de 2009 por el Congreso de estado y publicadas por el ejecutivo: la se hizo para prohibir expresamente que parejas del mismo sexo puedan ser protegidas a través de las figuras del matrimonio o concubinato, así como aquella que vulneró derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, dan cuenta de la ausencia de criterios de derechos humanos y del sesgo discriminatorio de su administración. La evidencia de ello es que estas negativas por parte de la Codhey se dieron en contraste con el avance que a nivel internacional e incluso nacional se ha generado en materia de reconocimiento de los derechos de la diversidad sexual y de las mujeres. Su argumentación para negar ejercer dicha facultad violentó el estado laico y exhibió sumisión a poderes instituidos y fácticos.
Recientemente, su tibia respuesta ante los hechos ocurridos el día 4 de julio, cuando la policía del estado se negó a intervenir durante la agresión que sufrió un grupo de manifestantes que se oponían a la construcción del paso deprimido, exhibió que, lejos de erigirse como un defensor del pueblo, prefiere no confrontarse con el gobierno en turno. La actitud en este caso, contrasta con la acción que otras comisiones Públicas de derechos humanos han tenido ante hechos similares. En el caso de la Supervía Poniente, en el Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad no sólo se ha pronunciado por el derecho de las y los inconformes a la libre manifestación y documentado las represalias de la policía capitalina, sino también ha defendido la imperiosa necesidad de que las obras Públicas sean sujetas a consulta de la ciudadanía, transparentadas por cuanto hace a su presupuesto y respetuosas con relación al medioambiente, criterios ausentes en los llamados de la Codhey.
Lamentable es también la actitud del Congreso del estado cuya anterior legislatura no sólo se negó a responder a las demandas de juicio político presentadas por diversas organizaciones, sino que lo ratificó para un período más, a pesar de que incluso antes de la demanda de juicio político 3 de los 4 entonces consejeros ciudadanos de la Codhey renunciaron ante las reiteradas omisiones y violaciones a su reglamente en las que incurría el ombubusman.
Las diputadas y diputados de la presente legislatura también se han negado a analizar las demandas de juicio político presentadas hace más de dos años, contribuyendo con ello a cerrar los espacios de escrutinio al que todo funcionario Público tendría que someterse y negando un derecho básico que tiene la ciudadanía para someter a juicio a aquellos servidores Públicos que incumplan con las funciones para las cuales fueron electos. En los hechos, el Presidente de la Codhey y diputados locales han establecido un círculo de impunidad mediante el cual el primero encubre al poder, mientras el segundo protege a Éste.
Indignación nuevamente exige a las diputadas y diputados de la actual legislatura que admitan las demandas de juicio político presentadas hace dos años y medio, y que ni siquiera han sido admitidas. Es inaceptable que se corrompan y se permita el deterioro de las instituciones que tiene al país en este lamentable estado. Precisamente por eso insistimos en la necesidad de contar con un Ombudsman que sea un verdadero defensor del pueblo, independiente del poder. Reiteramos, después de seis años de gestión del ombudsman, que ante la evidencia de la incapacidad para cuestionar y documentar adecuadamente las violaciones a derechos humanos, el actual presidente de la comisión de derechos humanos debe renunciar.
Equipo Indignación
