24 de enero de 2007
Comunicado del Equipo Indignación
La Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán se declaró incompetente en un caso que viola, precisamente, el derecho a defender los derechos humanos, resolución que hoy impugnó ante la CNDH el equipo Indignación, junto con el agraviado.
Luis Peniche Novelo, quien laboraba en el gobierno del Estado, fue despedido en septiembre pasado como represalia por denunciar tortura y por difundir la represión contra campesinos mayas de Caucel, en julio de 2006.
La Codhey conoció el caso desde septiembre, solicitó una medida cautelar a favor de Luis Peniche, misma que fue desechada por el gobierno y, a pesar de que no tiene sustento en ley alguna, declaró el caso como “pendiente de calificación” y lo mantuvo así durante casi cuatro meses, lo que la ha hecho incurrir en una seria irregularidad.
Las razones que la Codhey cita para declararse incompetente ponen en evidencia la incapacidad de este organismo para cumplir su mandato.
En primer término, señala que el Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Raúl Arceo Alonzo, le señaló que la Codhey es incompetente para conocer el caso por tratarse de un asunto de índole laboral. Esto es particularmente grave. La Codhey, organismo autónomo, no puede otorgar a las autoridades la facultad de determinar qué asuntos puede conocer y cuáles no. Este solo hecho debiera incapacitar al actual ombudsman para continuar al frente de la Codhey, ya que indica sometimiento a la opinión del Gobierno del Estado.
En segundo término, pero no menos grave, la Codhey indica que “no existen evidencias suficientes o elementos de convicción aportados por el quejoso que hagan presumir una violación a las garantías de pensamiento, libre expresión de ideas, manifestación y asociación…”.
En este solo extracto la Codhey se descalifica a sí misma y contraviene su reglamento no sólo por imponer al quejoso la carga de la prueba, sino que precisamente las evidencias suelen obtenerse (y es la propia Comisión la que tiene que obtenerlas) en el transcurso de una investigación que la Codhey se negó a realizar al declararse incompetente.
Pero no concluye ahí la, ahora sí, incompetencia de la Codhey. El párrafo anteriormente citado continúa unas líneas más adelante “…no obstante que mediante oficio O.Q.7398/2006 se le hizo saber mediante correo electrónico dirigido a la quejosa María Cristina Muñoz Menéndez que de tener a su disposición algún elemento de prueba respecto a los hechos que reclama el Sr. Luis Fernando Peniche Novelo se sirviera presentarlos ante este organismo”.
Es inconcebible que la Codhey dé como argumento para declararse incompetente en un asunto que una de las quejosas no haya aportado pruebas, solicitadas, además, por una vía que no es la adecuada y sin confirmar la recepción del mensaje. Más aún, la Codhey tenía en su poder un oficio dirigido a Luis Peniche por sus superiores y que él aportó al momento de ratificar la queja en el que se expresa que la inconformidad contra Luis se debía precisamente a su participación en el caso de Caucel.
Durante septiembre y octubre la Codhey recibió diversas comunicaciones de este equipo en el que se le insistió en la gravedad del caso por tratarse de hechos que contravienen la Declaración sobre el derecho y el deber de promover y proteger los derechos humanos.
En una comunicación enviada en septiembre, el equipo Indignación le expresó al presidente de la Codhey que la afectación de derechos laborales es un efecto de la violación denunciada y no la materia de la queja presentada.
La declaración de incompetencia de la Codhey es particularmente grave porque ese organismo público contraviene, a su vez, la declaración sobre el derecho y el deber de promover y proteger los derechos humanos. El artículo 12 de la declaración citada señala expresamente que: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.”
La incapacidad mostrada por la Codhey en este caso se suma a otros a los que el equipo Indignación está dando seguimiento.
Este equipo presentó hoy la impugnación de la resolución de la Codhey en el caso de Luis Peniche Novelo, junto con este último, pero alertamos que en los casos en los cuales ha tenido participación Luis Peniche, y que fueron precisamente motivo de represalia, la Codhey no ha emitido su resolución, es decir, el caso de tortura en el edificio de la SPV, denunciado en enero del año pasado, y la violación a derechos humanos de personas mayas detenidas en Caucel en julio pasado.
La participación de funcionarios de la actual administración en estas violaciones compromete seriamente al gobierno del Estado que está obligado a respetar y proteger los derechos humanos de todas las personas y a actuar en consecuencia con los compromisos adquiridos en esta materia.
