9 de octubre de 2002
El Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. sigue con atención la acusación que se ha hecho contra agentes de la Policía Judicial del Estado acusados de torturar al joven Agustín Noh Chan.
Valoramos la decisión del Procurador, Miguel Ángel Díaz Herrera, de investigar a fondo a los agentes de la Policía Judicial del Estado presuntamente responsables de tortura. Reconocemos como un acierto su intención de que, en caso de resultar responsables, “se les procese y que su castigo sirva de escarmiento a otros que incurren en violaciones de los derechos humanos por medio de la tortura”.
Para que esto sea posible, dado que el Congreso del Estado aún no ha tipificado la tortura como delito, le recordamos al Procurador que en todo México está vigente la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como la Convención contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, pues ambas convenciones han sido firmadas y ratificadas por México.
Actualmente no se contempla en Yucatán la tortura como delito. De no invocarse estas convenciones y de no aplicar supletoriamente la Ley Federal contra la Tortura, se corre el riesgo de que los agentes sean acusados únicamente de abuso de autoridad, delito que no es grave y admite libertad bajo fianza.
El Equipo Indignación considera que la Procuraduría está obligada a realizar esta investigación, precisamente por el delito de tortura, aun cuando el joven Agustín Noh Chan decidiera no presentar formalmente la denuncia. Por supuesto que sería deseable que se interpusiera la denuncia, pero la Procuraduría está obligada a investigar incluso si esto no sucediera.
La reticencia a interponer la denuncia debe alertar a la Procuraduría sobre la escasa confianza de las víctimas de este y otros delitos en la acción de la Procuraduría. Esta desconfianza se fortalecerá cuando las víctimas adviertan que los acusados pueden salir libres bajo fianza y que, en el mejor de los casos, serán procesados por un delito no grave.
Esperamos que este hecho cree en los legisladores la conciencia acerca de la urgencia de legislar sobre tortura. Esperamos de la Procuraduría del Estado una acción eficaz en esta investigación, que demuestre que no tolerará abusos a los derechos humanos.
