H. Congreso del Estado de Yucatán

Comisión de Derechos Humanos del
H. Congreso del Estado de Yucatán

El Equipo de Derechos Humanos Indignación A.C., organización que trabaja en la pení­nsula de Yucatán desde 1991, tiene conocimiento de la convocatoria emitida para proponer candidatos o candidatas a ocupar el cargo de consejero del Consejo Consultivo de la Codhey.
Impulsar y fortalecer el organismo público de protección de los derechos humanos del Estado es una de las tareas a las que Indignación se ha abocado en los últimos años, al igual que otras organizaciones ciudadanas de Yucatán, promoviendo la revisión del marco legal de esa institución, vigilando el desempeño de este organismo público y proponiendo candidatos y candidatas para la presidencia y el consejo consultivo de la Codhey.
Quienes integramos el Equipo Indignación hemos decidido, en esta ocasión, ABSTENERNOS de ejercer nuestro derecho a participar en esta etapa del proceso para nombrar a un nuevo consejero.
Con el ánimo de contribuir a la construcción de un marco legal óptimo para el desempeño de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, nos permitimos hacer de su conocimiento las siguientes consideraciones:
La ley que rige el proceso de selección de los consejeros o consejeras de la Codhey no garantiza la independencia e imparcialidad que requieren poseer las personas que integran este importante órgano consultivo. Es del conocimiento público que dos integrantes del actual consejo están vinculados a un partido político, al grado que uno de ellos, el Sr. Ví­ctor Sánchez Álvarez, también secretario de Acción Electoral de un instituto político, abandonó la gran responsabilidad que le fue encomendada para ir a ocupar el puesto de regidor del Ayuntamiento de Mérida, cargo al que fue propuesto por el Partido Revolucionario Institucional. La suplencia de esta “vacante” es, precisamente, la que motivó la convocatoria que nos ocupa.
Elsy Rypoll, por su parte, a pesar de estar vinculada a un partido político, fue propuesta, aceptó y continúa desempeñándose como consejera de la Codhey. Ella misma ha declarado que la ley actual no se lo impide.
Efectivamente, la ley actual omite señalar como requisito para ser consejero o consejera de la Codhey el “No desempeñar simultáneamente, ni haberse desempeñado durante los últimos tres años, dentro de la administración pública federal, estatal o municipal, partido u organización política, con excepción de los cargos o empleos de docencia e investigación”, como a nuestro juicio se requiere.
La ley de Yucatán, incluso, omite señalar como requisito para ser consejero o consejera de la Codhey el contar con una trayectoria a favor de los derechos humanos o, al menos, haber manifestado interés por los derechos humanos.
Este indispensable requisito no se le exige ni siquiera al presidente de este organismo, para quien no bastaría haber manifestado interés, sino contar con la trayectoria en este campo. Las consecuencias de estas omisiones legislativas están a la vista: un consejero ha abandonado ya ese cargo; una consejera lo es sin haber demostrado previamente interés en la materia. Incluso el presidente actual del organismo inició su trabajo sin experiencia en el campo de los derechos humanos.
Otras consecuencias, menos visibles, tienen estas omisiones. Las comisiones públicas de derechos humanos son instituciones cuya independencia y autonomía son indispensables para el desempeño de su tarea. La vinculación con un partido político compromete esa indispensable independencia y podría, llegado el momento, influir en las acciones o inacciones del organismo público de protección de los derechos humanos.
A partir de la trayectoria que la actual Codhey ha tenido, cabría preguntarnos si la presencia de consejeros vinculados a un partido político ha influido en la contratación de personas también vinculadas al mismo. Tenemos conocimiento de que en Valladolid varias personas protestaron en este sentido cuando se contrató a una persona vinculada a un partido para laborar en la oficina que la Codhey abrió en esa ciudad.
En las actuales condiciones, nos resulta incongruente presentar candidatos o candidatas con trayectoria en el ámbito de defensa y promoción de los derechos humanos, con prestigio obtenido a través de las causas a las que desinteresadamente se han sumado, con trayectoria en la sociedad civil, ajenos a partidos políticos, independientes, como las y los que conocemos, y someterlos a las veleidades de un proceso que no está sustentado en una ley que garantice la elección de una persona con estas características.
Somos conscientes de que, una vez abierta la convocatoria, resulta difícil detener este proceso y promover primero los necesarios cambios a la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que también debe elevarse a rango constitucional, además de que requiere otras modificaciones.
Observaciones y consideraciones como las que les hacemos llegar ahora las hicimos también durante el proceso de revisión de la ley en la materia, cuando se aprobó dicho ordenamiento y después del proceso de selección del actual Ombudsman y de los consejeros.
Les exhortamos, respetuosamente, a promover las necesarias reformas en la ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Anexamos a esta carta consideraciones que el Equipo Indignación hizo en el proceso de elaboración de la actual ley, un informe de Amnistía Internacional sobre las Comisiones Públicas de Derechos Humanos, así como un documento sobre la actual Codhey, elaborado por el Equipo para el Observatorio ciudadano de organismos públicos de derechos humanos, de la UNESCO.

Sin otro particular, les reiteramos la seguridad de nuestra consideración y estima.

Atentamente,

Indignación. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.