* El Ministerio Público, obligado a reabrir el caso de Roberth Tzab Ek
* Fallido intento de la Fiscalía por encubrir el caso o congelarlo
Un caso de presunta tortura cuya investigación intentó congelar la Fiscalía a través de una fallida estrategia será reabierto. Hace apenas unas semanas el caso fue exhibido en un informe internacional.
Un estudio sobre tortura en México realizado por ACAT* Francia y organizaciones mexicanas hace referencia al caso de Roberth Tzab Ek, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida en una cárcel de Tekax en agosto de 2010, como ejemplo de investigaciones que, simplemente, no se llevan al cabo.
El informe de ACAT anota que “Las medidas dilatorias forman parte de los obstáculos habituales. Las investigaciones permanecen abiertas durante mucho tiempo sin que se realice ninguna verdadera encuesta ni la búsqueda de pruebas.”
La cita sobre Roberth Tzab Ek también exhibe a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán(Codhey): “estas instancias (las comisiones públicas) no gozan de la independencia necesaria y pueden ocultar o minimizar delitos cometidos por las fuerzas del orden y los agentes de los ministerios públicos.”
El informe cita precisamente el comunicado que emitió Indignación al impugnar ante la CNDH una débil, omisa y tardía recomendación de la Codhey.
En el caso de Roberth Tzab Ek la Agencia Décimo Segunda del Ministerio Público con sede en Tekax omitió investigar, dilató la consignación del expediente y, finalmente, más de un año después lo consignó e intentó inculpar Únicamente al médico que revisó a Roberth Tzab y presentar un caso que obliga a presumir tortura como caso de negligencia médica. Sin embargo el Juez penal de Tekax consideró que no había elementos suficientes para emitir una orden de aprehensión contra el médico. La Fiscalía apeló pero el Tribunal Superior de Justicia del Estado, confirmó la resolución del juez.
Indignación insistió durante todo este tiempo ante la Fiscalía General del Estado, a través de diversas comunicaciones, acerca de la inconveniencia de que la agencia del Ministerio Público de Tekax realizara la investigación y exigimos reiteradamente que atrajera el expediente una Agencia distinta de aquella en la cual ocurrieron los hechos.
Precisamente el informe de ACAT, en el capítulo en el que cita el caso de Roberth Tzab, señala que “Una vez que se ha registrado, la denuncia debe dar lugar a una averiguación previa realizada por los agentes del Ministerio Público. Esto genera conflictos de interés, y suele suceder que las personas encargadas de la investigación estén directamente vinculadas en mayor o menor medida con las que se acusan en la denuncia.”
La muerte de Roberth Tzab Ek ocurrió, además, en un contexto de alarma por el número de fallecimientos en cárceles de Yucatán.
El caso de Roberth continúa impune. Después de la fallida consignación de la Fiscalía, se ha mantenido la inacción con respecto al caso. Se ha requerido solicitar expresamente la reapertura de la averiguación y el 24 de julio se notificó que el Juez accedió a la petición y remitió el expediente al Ministerio Público, lo cual lo obligará a reiniciar las investigaciones.
Ahora el Ministerio está obligado, tal como exige el hijo de Roberth Tzab Ek en su carácter de coadyuvante, a reabrir la investigación y “Una vez hecho lo anterior, declararse incompetente y remitir los autos de la averiguación previa a una Agencia Investigadora distinta, y con las capacidades técnicas necesarias para efectuar una investigación independiente de aquella en la que sucedieron los hechos, de tal manera que se garanticen adecuadas condiciones para efectuar una investigación efectiva e imparcial y con los estándares internacionales arriba citados, para que se dé con los verdaderos responsables de la muerte de mi padre, garantizando, además la reparación del daño.”
El informe sobre la tortura en México fue presentado el 25 de junio y colaboraron en su realización, además de la Asociación Cristiana para la Abolición de la Tortura en Francia (ACAT), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH).
