**Indignación solicita protección de la justicia federal año y medio después de denunciar al titular de la Codhey**
Año y medio después de interponer una demanda de juicio político contra el Ombudsman de Yucatán, y ante la inacción del Congreso, el equipo de derechos humanos Indignación solicitó el amparo y protección de la justicia federal.
El 5 de febrero de 2009 doce organizaciones presentamos ante el Congreso del Estado de Yucatán la solicitud formal de juicio político en contra del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán (CODHEY). Hasta hoy el Congreso ha omitido dictaminar si procede o no el recurso.
En la demanda, las organizaciones solicitantes documentamos las graves y reiteradas violaciones a la ley y al reglamento de la Comisión de Derechos Humanos en las que ha incurrido el presidente de la CODHEY, que han hecho incumplir a este organismo los objetivos para los que fue creado, han ocasionado la desprotección de personas agraviadas y han propiciado la impunidad de autoridades que han violado los derechos humanos.
Algunas de las reiteradas violaciones y omisiones sistemáticas señaladas en el juicio político son:
1) Violación sistemática a los plazos que, según la Ley de la Comisión y su Reglamento, tiene la Codhey para resolver las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que se le presentan.
2) Violación al procedimiento establecido en la Ley de la Codhey al momento de realizar sus investigaciones y emitir sus recomendaciones.
3) Ausencia de publicidad de sus recomendaciones.
4) Ausencia de Informes y recomendaciones generales.
5) Incapacidad y negligencia de sus funcionarios.
En la demanda las organizaciones documentamos la insensibilidad de los visitadores al momento de entrevistar a las víctimas, la falta de médicos especializados que documenten adecuadamente casos de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, el desconocimiento y la parcialidad de los funcionarios hacia la autoridad, todas ellas conductas sistemáticas cometidas por la Comisión que redundan en el servicio que presta la institución, revictimizan a quien ya ha sido víctima de una violación a derechos humanos y hacen ineficaz la función de la comisión como instituto encargado de proteger los derechos humanos.
Las acciones y omisiones documentadas en la demanda del juicio político no impidieron que el Congreso de Estado ratificara al presidente de la CODHEY para un período Más. El equipo Indignación ha seguido documentando reiteradas omisiones de la CODHEY en la defensa de los derechos humanos.
En fechas recientes Indignación tuvo conocimiento de una persona que tuvo que ser hospitalizada en Mérida durante varios días después de ser detenida por elementos de la policía estatal. Los familiares acudieron a las oficinas de Mérida de la CODHEY y, tres días después, ni el médico ni alguna persona de ese organismo se había presentado al hospital.
Desde el año 2007 Indignación ha venido señalando la necesidad de que la institución pública de derechos humanos realizara un informe con recomendaciones generales ante el número creciente de casos de graves violaciones a derechos humanos cometidas en instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia del Estado. Este reclamo ha sido desatendido.
El Ombudsman también omitió, en su momento, presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones de ley que aprobó el Congreso en julio de 2009 y que tenían como fin “evitar que otras formas de relaciones humanas o de convivencia quieran equipararse al matrimonio o el concubinato y obtener los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas”¦”, elevando así a rango constitucional la exclusión y el rechazo, a pesar de que dicho recurso le fue solicitado por diversas personas y organizaciones.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, señala claramente en su artículo 12 la obligación que la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales tiene de dictaminar la procedencia de la demanda del Juicio Político solicitado. Para ello debe solamente corroborar que la conducta atribuida en la demanda esté contemplada en la ley, y el funcionario demandado esté contemplado entre los servidores públicos que pueden ser sujetos a juicio político. Un año y medio después de presentada la demanda de juicio político contra el Ombudsman, dicha Comisión no ha cumplido con lo que la ley le ordena. Siendo que la función intermediaria de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales solamente verifica el cumplimiento de los requisitos de forma, sin meterse a juzgar sobre el fondo de la demanda, la inexplicable dilación lo Único que hace es negar a los demandantes el acceso a la justicia y constituye un obstáculo a la participación ciudadana que la ley quiere promover.
El Congreso insiste, contumaz, en incumplir sus obligaciones, soslayar la demanda presentada por organizaciones de la sociedad civil y desdeñar la documentación de las irregularidades en las que incurre cotidianamente el ombudsman. La anterior legislatura concluyó sin cumplir la obligación de dictaminar el juicio político. La actual tendrá que responder ante la justicia federal.
