7 de marzo de 2007
El día de ayer, el Equipo de derechos humanos Indignación presentó al Ejecutivo del Estado y al Poder Legislativo una propuesta de ley para establecer la figura del indulto en la legislación de Yucatán. Dicha propuesta tienen como sustento el caso de don Ricardo Ucán Ceca, indígena maya procesado, sentenciado y en cuyo juicio se violaron derechos humanos fundamentales. La solicitud la han respaldado Ofelia Medina, Paco Marín, Silvia Káter, Roberto Franco, José Ramón Enríquez y Christian Rivero, quienes la noche anterior representaron un juicio en el que expusieron las violaciones cometidas contra don Ricardo Ucán y la responsabilidad que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial tuvieron en esas violaciones.
Con la representación de la plaza grande y la presentación de la iniciativa de ley, el equipo Indignación comienza una campaña de firmas para lograr que se cree la figura del indulto y éste se otorgue a don Ricardo Ucán Seca y otros indígenas que hayan visto violados sus derechos.
Desde anoche decenas de personas firmaron su adhesión a la iniciativa y se sumaron a la campaña al solicitar copias para recabar firmas. En la página del equipo Indignación se encuentra un vínculo para firmar y adherirse así a la solicitud realizada al Congreso y al Ejecutivo. La dirección electrónica es www.indignacion.org
Con la iniciativa se pretende dotar de herramientas al gobernador para que pueda analizar y conceder el indulto a aquellas personas que hayan sido sentenciadas sin que se les haya respetado el derecho básico a un juicio justo. La iniciativa tienen sustento en lo recomendado por el Relator especial de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, quien a finales de enero del presente año, dirigió una carta a los poderes del estado de Yucatán, en donde, entre otras cosas se señalaba:
En este contexto, y siendo que el caso del Sr. Ricardo Ucán no es único y exclusivo pero sí ejemplifica una situación de discriminación y vulnerabilidad que se vive en un estado donde más del 50 por ciento de la población es indígena, me permito conminar al Ejecutivo estatal y al Congreso de Yucatán, a establecer las medidas legislativas necesarias para combatir esta situación de discriminación y vulnerabilidad. Para lo anterior, y atendiendo a la recomendación arriba citada, sería pertinente que el Congreso trabajara en una ley de indulto que dotara al Ejecutivo de las herramientas necesarias para analizar aquellos casos en los que se han cometido violaciones a los derechos humanos en perjuicio de indígenas mayas y que han incidido en la sentencia final, de tal manera que se resarcieran dichos derechos violados
…una ley de indulto que permita la liberación de aquellos indígenas que han sido sentenciados en franca violación a sus derechos humanos y un ley que prevenga y sancione la discriminación, son dos medidas posibles que la Relatoría a mi cargo considera indispensables para que los distintos poderes constitucionales de Yucatán actúen eficazmente para resarcir los daños que una larga historia de discriminación ha causado al pueblo maya.
Toda vez que en el estado de Yucatán no existen condiciones para que los indígenas mayas y, en general, todas las personas pertenecientes a sectores históricamente discriminados puedan acceder a la jurisdicción del Estado en condiciones de equidad y justicia, se propone esta iniciativa, con el objetivo de que existan mecanismos para revisar y, en su caso, revertir la situación de discriminación que permite que personas inocentes sean juzgadas y sentenciadas sin los mínimos requisitos establecidos en la legislación nacional e internacional en materia derechos humanos.
El caso de don Ricardo, además de ser paradigmático y representativo de la situación de discriminación que viven los indígenas mayas en Yucatán, ofrece una oportunidad al Congreso del estado, para establecer medidas legislativas que reviertan las violaciones a los derechos humanos cometidas ya sea por órganos judiciales o por inacción del ejecutivo.
A don Ricardo Ucán se le violaron sus derechos a una defensa adecuada, a debido proceso, a contar con intérprete y se cometió contra él discriminación. Don Ricardo privó de su vida a Marcelino Chan Ek en el año 2000. La defensora de oficio, dependiente del poder Ejecutivo, omitió ofrecer pruebas que demostraban que actuó en legítima defensa. Las distintas instancias del poder judicial convalidaron las violaciones cometidas contra don Ricardo Ucán, ni siquiera reconocieron su condición Étnica y omitieron respetar sus derechos.
