11 de septiembre de 2002
El pasado viernes 6 de septiembre la SCJN invalidó las 321 controversias constitucionales interpuestas por municipios de 11 estados de la República, al declararlas improcedentes, lo que validó las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena.
Esta actuación de la Corte nos motiva a pronunciarnos como integrantes de un grupo de derechos humanos y como integrantes del pueblo maya, ya que el fallo emitido atenta contra los derechos de los pueblos indígenas al hacer valer la reforma constitucional, pues ésta, a su vez, viola de manera sistemática el convenio 169 de la OIT, que es ley en nuestro país y que obliga a consultar a los pueblos indios sobre cualquier ley que nos afecte. La mencionada reforma tuvo el rechazo contundente precisamente de los pueblos indios del país.
Los pueblos indígenas mexicanos históricamente hemos vivido una realidad de pobreza, discriminación, racismo, violencia política, abusos policíacos y militares, así como de exclusión de las políticas gubernamentales. A pesar de ello, gracias a la resistencia de nuestro pueblo y en ejercicio de nuestros derechos, apostamos por el diálogo, lo que dio como resultado la firma de los Acuerdos de San Andrés y la propuesta de la COCOPA.
Al asumir el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el titular del Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión la iniciativa de la COCOPA, la cual no defendió como lo ha hecho con otras propuestas.
Los legisladores cambiaron el sentido de la ley. No omitimos manifestar que a pesar de que algunas legislaturas de los estados con mayor presencia indígena se opusieron a tal reforma, hace un año terminaron aprobándola, sin importar que esto negaba el seguimiento del dialogo de Paz con Justicia y Dignidad. Esto demostraba cómo el Poder Ejecutivo y el Legislativo daban la espalda a los acuerdos firmados con nosotros, los pueblos indios, allá en San Andrés.
Ante esta situación, a través de 330 municipios indígenas, se decidió interponer ante la Corte las 321 controversias antes mencionadas, con la esperanza de que el Estado mexicano demostrara que posee mecanismos frente a violaciones a la constitución.
Sin embargo el fallo de la Corte representa una agresión en contra de nuestros derechos como pueblos indígenas. Nos lastima esta decisión de la Corte ya que al declarar improcedentes las controversias y negarse a estudiar el fondo del asunto, nos negó a los pueblos indios el derecho a la justicia. A nuestro juicio esto debilita al país y a sus instituciones pues negó la posibilidad de revisar la actuación del Poder legislativo, que en su afán de imponer una ley contraria a los Acuerdos de San Andrés incurrió en violaciones a los procedimientos establecidos para aprobar una norma constitucional.
Quienes hemos apostado a la construcción de un México más justo y más democrático lamentamos esta decisión de la Corte. La Paz en México se ha alejado junto con el reconocimiento constitucional de nuestros derechos como pueblos indígenas y nuestros Acuerdos con el Estado mexicano han sido pisoteados nuevamente.
No pasó desapercibido para nosotros el desprecio que sobre este tema demostró el Congreso del estado de Yucatán, que ni siquiera votó la reforma indígena, como era su obligación por formar parte del constituyente permanente.
Hemos recorrido todas las instancias de un sistema que reiteradamente se niega a reconocer nuestros derechos. Ninguno de los tres poderes del Estado mexicano ha tenido la capacidad para respondernos en términos justos y dignos.
Atentamente,
Baltazar Xool May y José Anastasio Euán Romero
Área de Pueblos Indios del Equipo Indignación A.C.
