Pelotones rurales son grupos paramilitares
Es ilegal e inconstitucional la participación del Ejército en tareas de seguridad pública
Mérida, Yucatán. 3 de mayo de 2002
Con profunda preocupación hemos tenido conocimiento del proyecto del Ejército Mexicano de seleccionar a ejidatarios de comisarías de Valladolid, Yucatán, capacitarlos y dotarlos de armas con la intención de formar pelotones rurales o “Cuerpos de Defensa Rural”. En cualquier lugar del mundo los grupos de civiles armados y capacitados por el Ejército se llaman paramilitares y, a pesar de que tanto el Ejército mexicano como el gobierno se han empeñado en negar su existencia, se ha hecho público que en Yucatán se formarán estos grupos, como también se ha hecho en otros estados de la República Mexicana como Chiapas, San Luis PotosÃí, Veracruz, etcétera.
La propuesta del Ejército en Yucatán iniciaría precisamente en Valladolid, una de las principales zonas de Yucatán donde los indígenas se organizan para reclamar sus derechos y donde hay una larga tradición de resistencia y autonomía, nos obliga a pensar que esta propuesta es parte de una estrategia de militarización e intimidación que puede tener graves consecuencias.
A la ilegalidad y anticonstitucionalidad de este hecho se añade el peligro que entraña para la propia seguridad de las comunidades la existencia de personas entrenadas y armadas por el ejército. En agosto de 2001 el Centro Pro declaró que “En Veracruz hablar de grupos civiles armados” o como legalmente están establecidos: Cuerpos de Defensa Rurales, es hablar de enfrentamientos sangrientos con campesinos e indígenas, es hablar de tortura y asesinatos que aún están en la impunidad, es hablar de despojos de miles de tierras, es hablar de un pasado oscuro en la historia de la entidad. Se trata de la historia de los antecesores de lo que hoy se pretende llamar “guardias rurales”.
Ante el anuncio hecho por el Tte. Carlos Alberto Espinosa Hernández en el sentido de que presentó a 21 comisarios ejidales del municipio de Valladolid el proyecto Cuerpos de Defensa Rural, El Equipo Indignación manifiesta que:
1. Es ilegal y anticonstitucional la participación de militares en tareas de seguridad pública, pues esto corresponde a autoridades civiles. La Constitución señala, en el artículo 129, que “en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. La seguridad pública, por supuesto, queda fuera de su campo de acción. La Sedena está incurriendo en ámbitos que salen de su competencia.
2. Es ilegal y anticonstitucional que ciudadanos realicen tareas de seguridad pública. La Constitución Mexicana señala, en su artículo 21, que “La seguridad es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”. Ese mismo artículo establece que “La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que está bajo su autoridad y mando”.
3. Deploramos la continua militarización a la que ha estado sometido desde hace varios años, especialmente a partir de 1994, nuestro país. Esto contraviene recomendaciones hechas por organismos de los que el Estado Mexicano forma parte y que está obligado a cumplir: Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por la creciente intervención de los militares en la sociedad y recomendado al Gobierno Mexicano mantener a las fuerzas armadas en el rol propio para el que fueron creadas y que adopte medidas para combatir y desactivar los grupos armados privados vinculados con la dirigencia política y los sectores económicos.
4. Resulta a todas luces inconveniente la propuesta de que el ejército arme a civiles y los capacite para funciones de seguridad. El ejército mexicano está entrenado para combatir y eliminar al enemigo que pone en riesgo la seguridad nacional, la cual es absolutamente diferente a la seguridad pública. Además esta propuesta corre el grave riesgo de ocasionar, entre otros problemas “y aunque digan que gente especializada seleccionará el perfil de los participantes”: aumento de violencia local armada, ajusticiamientos, corrupción de funcionarios y en todos los niveles y, por lo tanto, violaciones a los derechos humanos como de hecho ha ocurrido en los otros estados en los que se ha aplicado este programa.
5. “Pelotones rurales”, ¿a quién le entregarán cuentas?, en caso de violaciones a derechos humanos por miembros de esos pelotones ¿qué institución será la responsable? La situación de impunidad que permea el ámbito de la justicia militar podría extenderse a estos grupos rurales.
6. Nos preocupa que el Ejército Mexicano ponga en práctica este tipo de “políticas” de seguridad pública dado que esta institución no es competente para asumir labores en este ámbito, pero de igual manera nos preocupa que el Poder Ejecutivo se muestre débil para ejercer el control sobre sus órganos y, más aún, que el Presidente de la República, que es el comandante en jefe del Ejército, se vea obligado a aceptar esta ilegal propuesta que, como hemos señalado, deploramos.
7. Reiteramos, como en otras ocasiones hemos expresado, lo inconveniente que resulta que un militar está a cargo de la Procuraduría General de la República (P.G.R.)
8. Instamos al Estado mexicano a que, de acuerdo con la Constitución y con los instrumentos internacionales que se ha comprometido a cumplir, retire al personal militar de las zonas civiles, mantenga al Ejército dentro de las funciones que señala la Constitución Política y utilice únicamente personal civil bajo el mando de autoridades civiles para las labores de seguridad pública.
Por INDIGNACIÓN
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
Martha Capetillo Pasos
