19 de julio de 2001

Ahora que recién inicia sus trabajos la actual legislatura el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. acude a presentar ante los diputados y diputadas algunas preocupaciones en materia de derechos humanos que le corresponde atender al poder legislativo. Algunas se refieren a derechos no reconocidos o bien a omisiones que impiden la plena vigencia de los derechos humanos o dificultan su defensa. Otras, en cambio, se refieren a urgentes reformas en códigos o leyes ya existentes.
Todas las preocupaciones que ahora les expresaremos fueron presentadas a la legislatura pasada. Sin embargo, nos topamos con la indiferencia y la insensibilidad, cuando no con la franca obstaculización. Ninguna de las preocupaciones expresadas fue atendida. Esperamos de la actual legislatura una mayor sensibilidad y un mayor compromiso con la causa de los derechos humanos, cuya vigencia significa vida y respeto a la dignidad de las personas y de los pueblos.

LEY CONTRA LA TORTURA

Yucatán es el único Estado de la República cuyos códigos y leyes no contemplan la tortura como delito, lo que, además de ser un obstáculo para denunciar este abuso de autoridad y lograr sancionar a quien lo comete, hace que el Estado Mexicano incumpla compromisos contrata­dos con organismos internacionales de derechos humanos como la ONU y la OEA.
La deleznable práctica de la tortura debe encontrar en la sociedad un absoluto rechazo; en las leyes la posibilidad de combatirla, denunciarla y juzgar a quien la comete y, en las autoridades, la firme voluntad de desterrarla para siempre.

RECONOCIMIENTO PLENO A LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIOS
Los pueblos indí­genas se enfrentan hoy a un poder legislativo que escatima el reconocimiento a sus derechos. El Senado de la República y la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobaron una ley que no reconoce plenamente los derechos de los pueblos indios. Una ley que se aparta de lo acordado en San Andrés. 17 legislaturas de igual número de Estados aprobaron también esta reforma a pesar de que a lo largo y ancho de todo el paí­s se manifestaron en contra miles de tzeltales, tzotziles, rarámuris, choles, tojolabales y, por supuesto, también mayas. Actualmente los pueblos indí­genas estudian diversos mecanismos para rechazar la contrarreforma indígena. Es de esperarse que inicie un nuevo proceso, uno en el que sí se reconozcan los derechos indígenas de acuerdo con la iniciativa de la Cocopa y los Acuerdos de San Andrés. Hacemos un respetuoso llamado a quienes integran esta legislatura para interesarse en el tema, rechazar reformas legislativas racistas y promover el reconocimiento de los derechos de los pueblos indios. Yucatán, por cierto, omite referirse al pueblo maya en cualquiera de las disposiciones legales existentes.
Es indispensable que cualquier reforma, federal o estatal, sea congruente con el Convenio 169 de la O.I.T.

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPIOS DEL ESTADO DE YUCATÁN
Una de las consecuencias de no contar con una reforma indígena que reconozca plenamente los derechos es el absurdo al que nos enfrentamos hoy, cuando Presidentes Municipales pretenden usurpar, amparados en la Ley Orgánica de Municipios, derechos que corresponden a los pueblos. Mientras el proceso de la ley indígena reinicia, urge que el Congreso del Estado reconozca y resguarde en la ley el inalienable derecho de los pueblos a elegir a sus autoridades. Actualmente los comisarios municipales son vistos como “ayudantes” del Presidente Municipal. Esta legislatura tiene el reto de adecuar las leyes al sentir de los pueblos reconociendo a los comisarios como autoridades y obligando, mediante la ley, a que sean electos democráticamente según los procedimientos que cada comunidad determine. Que ningún alcalde pueda encontrar en la ley pretextos para usurpar el derecho de los pueblos.

REFORMAR LA LEY QUE CREÓ LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

La actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ha sido severamente cuestionada en múltiples ocasiones. Incluso ha sido un obstáculo para la plena vigencia de los derechos humanos en Yucatán. El problema, sin embargo, comienza en la ley que la crea. Sabemos que el Colegio de Abogados ha hecho una propuesta para reformar dicha ley. A la pasada legislatura insistentemente le exigimos estudiarla y reformarla. Las consecuencias de esa omisión están a la vista: el titular de la Codhey que concluyó sus funciones en marzo pasado cometió graves irregularidades. El actual presidente “provisional”  de la Codhey muestra absoluta insensibilidad frente a las personas que viven con VIH/Sida.
Esperamos que la actual legislatura reforme esta ley para hacer de la Comisión de Derechos Humanos una instancia autónoma y eficaz en la tarea de promover y defender los derechos humanos.
El gobernador del Estado no debe intervenir en el nombramiento del titular de la Comisión de Derechos Humanos. Actualmente la ley dice que el Congreso nombrará al titular de la Codhey, a propuesta del Ejecutivo. Exhortamos al Congreso a que, si no es capaz de atender con urgencia el problema y reformar la ley antes de que se nombre al nuevo titular, al menos no sea simplemente una oficina de trámite del gobernador. Les pedimos que asuman plenamente sus funciones y presionen al gobernador a implementar un procedimiento público y transparente de consulta a organizaciones civiles para nombrar al nuevo titular.

Combate a la impunidad
Hacemos, asimismo, un respetuoso exhorto a los integrantes de esta legislatura para evitar la impunidad de los servidores públicos que han abusado de sus funciones, que han violado leyes, afectado derechos ciudadanos o desviado recursos. En la impunidad se sostienen las violaciones a los derechos humanos y a los derechos ciudadanos. Es urgente combatirla desde todos los frentes y en este combate el poder legislativo tiene una responsabilidad preponderante. Estaremos pendientes de la forma como asumen esta importante tarea.

Estas son algunas de nuestras preocupaciones en materia de derechos humanos que implican al poder legislativo. Sin embargo, estas preocupaciones no se agotan en los puntos presentados. Son, únicamente, las que ahora vemos como más urgentes. Los desafiamos a homologar toda la constitución del estado de Yucatán a los Convenios Internacionales que resguardan los derechos humanos.