Equipo Indignación A.C. / Serapaz A.C.

A casi un año del desalojo forzado que obligó a la comunidad de Laguna Larga, Guatemala, a desplazarse a la línea fronteriza con México, el gobierno de Guatemala de nuevo incumplió acuerdos mínimos para el diálogo, lo que obliga a más de cien familias a permanecer en condiciones críticas.
El día 12 de mayo de 2018 representantes del gobierno de Guatemala se presentaron al campamento ubicado en la frontera con México, donde se encuentra la comunidad desplazada de Laguna Larga desde el 2 de junio de 2017, fecha en la que fueron desalojadas más de cien familias por la Policía Nacional y el Ejército de dicho país.
La reunión se planteó como seguimiento a los acuerdos tomados el día 25 de abril de 2018 en la ciudad de Guatemala, entre la representación de la comunidad y los representantes del Gobierno guatemalteco como parte del seguimiento de la medida cautelar 36/2017 emitida a favor de la comunidad de Laguna Larga por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre del año pasado.
Por el Gobierno de Guatemala acudieron representantes de la Comisión Presidencial de Diálogo, del Registro Nacional de las Personas (Renap), del Fondo de Tierras, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República y de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (Copredeh).
En el acta firmada en la comunidad al término de la reunión se lee, como primer punto: Manifestamos “que se falta al compromiso adquirido el pasado 25 de abril en la reunión efectuada en la oficina Fondo de Tierra en la ciudad de Guatemala, en la que manifestaron que se empezaría a dar cumplimiento a las medidas cautelares…” No se realizó la jornada médica comprometida, a pesar de las urgencias en materia de salud, ni el suministro de alimentos ni la propuesta de retorno o reubicación de manera que se pudiera formar una comisión para ir a verificar las condiciones de las tierras.
En el acta se asienta que el único punto que se realizó fue la presencia del Registro Nacional de Población (Renap) para la regularización de los nacimientos en el campamento.
Las medidas cautelares dictadas por la CIDH desde septiembre pasado, que continúan incumplidas, son:
a) Adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de todas las personas desplazadas, en especial de la infancia, lo que incluye: acceso a alimentación adecuada, salud, agua potable, alojamiento en condiciones adecuadas, acceso seguro a la zona que antes habitaban para recoger cosechas y pertenencias, educación y tratamiento médico
b) Adoptar las medidas necesarias para proteger a la población desplazada ante posibles actos de violencia de terceros o del Estado.
c) Adopte las medidas necesarias para continuar con los diálogos y consultas con las personas desalojadas para llegar a una solución duradera para la situación de las personas desplazadas
d) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes
e) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.
No obstante, a casi un año del desplazamiento, luego de dos reuniones de trabajo efectuadas en períodos de sesiones de la CIDH, y después de varios encuentros realizados en la ciudad de Guatemala entre representantes de la comunidad y el gobierno guatemalteco, los funcionarios asistentes no llegaron con ninguna propuesta para el retorno o la reubicación, sino sólo con el objetivo de levantar “encuestas y censos” sobre la situación de la comunidad. De especial gravedad resultó el hecho de que la representante de COPREDEH dijo desconocer el contenido de las medidas cautelares y que la mayoría de los funcionarios y funcionarias presentes no tenían ninguna capacidad de decisión sino sólo eran operadores para recabar datos sobre la población, a pesar de que ha transcurrido casi un año del desalojo y de que se han efectuado ya múltiples censos sobre la población desplazada. Tampoco se presentó la brigada médica prometida, a pesar de que la comunidad vive una situación de precariedad y de que en este año han nacido más de veinte niñas y niños en el contexto del desplazamiento.
Expresamos nuestra preocupación por el hecho de que los funcionarios del Fondo de Tierras, además de desconocer la situación del desalojo, hicieron firmar a las y los habitantes solicitudes individuales de tierras, cuando el reclamo ha sido, desde el momento del desalojo, que la restitución y reparación hacia Laguna Larga tendría que darse como pueblo y no de manera individualizada.
Lo sucedido demuestra que el gobierno guatemalteco tiene un doble discurso. Por un lado frente a la CIDH señala que está dando cumplimiento a las medidas cautelares, y por el otro frente a la comunidad y en los hechos, en donde ha dado muestras que podrían interpretarse como desprecio, pretendiendo desgastar a la comunidad con trámites burocráticos que poco abonan a la resolución del conflicto de fondo, que es retorno, reparación y justicia.
Todas estas irregularidades fueron asentadas en un acta comunitaria, misma que fue firmada tanto por los funcionarios como por los representantes de la comunidad y como testigos integrantes del equipo Indignación y de Servicios y Asesoría Para la Paz (Serapaz), organizaciones que estuvimos presentes a invitación de la comunidad de Laguna Larga y hemos acompañado el proceso de exigencia de la comunidad.
En agosto pasado la CIDH realizó una visita in loco al campamento desplazado y desde septiembre, al emitir las medidas cautelares, estableció que Prima facie se observa que los derechos a la vida e integridad de desplazados se encuentran en situación de gravedad y urgencia.
Prolongar estas condiciones, aumenta el riesgo para la vida y genera la continuación de violaciones a los derechos humanos de familias, entre las que se encuentran niños, niñas y adolescentes en condiciones de mayor vulnerabilidad, por lo que demandamos al gobierno de Guatemala cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos, en materia de desplazamientos forzados, en materia humanitaria, así como las medidas dictadas por la CIDH y los acuerdos tomados junto con la comunidad.