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El monto asignado al Tren Maya en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, enviado por el Ejecutivo Federal no debe de ser aprobado

15 Oct, 2020 | Comunicados

H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

A la Opinión Pública.

El monto asignado al Tren Maya en el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados en detrimento de rubros esenciales, no debe de ser aprobado.

Los suscritos, organizaciones, colectivos y personas en lo individual, deseamos manifestar las siguientes preocupaciones y consideraciones:

1.- Para llevar a cabo ese megaproyecto, una enorme cantidad de recursos monetarios  estaría destinada esencialmente a beneficiar a grandes empresas constructoras. Lejos de ayudar al desarrollo social de los pueblos indígenas y campesinos, esa obra conducirá, como ya lo ha estado haciendo, a incrementar exponencialmente la privatización de la propiedad social de la tierra. La mano de obra barata cautiva de las comunidades servirá para el mismo enriquecimiento de las empresas constructoras.

En caso de que se llevara a cabo el despropósito de los llamados polos de desarrollo, el futuro de gran parte de la población sería el de continuar siendo fuerza de trabajo mal pagada en los destinos turísticos que se pretende construir, además del desplazamiento de poblaciones y del perjuicio al tejido social que esto significaría.

Otorgar la construcción de uno de los tramos a las Fuerzas Armadas agrega un elemento de intimidación a la población, así como de amenaza y ampliación de la militarización al otorgarles funciones que no corresponden a su naturaleza jurídica.

Con los daños a pueblos, comunidades y en general a la población de la región, será una obra que causará graves afectaciones negativas al medio ambiente, a los suelos, a la conservación de selvas y montes, a especies animales y vegetales, a los mantos acuíferos y al patrimonio cultural de los cinco estados que se verán afectados, particularmente en la Península de Yucatán.

Son varios los estudios que desde la Universidad Autónoma de Yucatán, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, La Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Metropolitana y el CONACYT, han expuesto y fundamentado todo lo anterior, además de las percepciones que en el mismo sentido existen en muchos sectores de las comunidades que directa o indirectamente serán afectadas[1].

La certeza sobre las características de este proyecto ha sido posible a pesar de la opacidad con la que ha sido encubierto, particularmente por parte de Fonatur, opacidad que en todo caso debe de ser abordada por la H. Cámara de Diputados oyendo a todas las partes interesadas.

Para efectos del análisis presupuestal es indispensable que la Cámara de Diputados conozca a profundidad los impactos negativos de esta obra que son del interés legítimo de toda la sociedad por sus implicaciones ambientales, poblacionales, regionales y nacionales.

2.- Los salarios precarios que se ofrezcan durante la construcción y después, significativos para una población empobrecida, pueden llevar a que algunos de sus sectores se conformen con la obra. Pero aprovechar la pobreza para el enriquecimiento de las constructoras y de otros sectores empresariales no es desarrollo. Se trata de un proyecto propio del capitalismo depredador.

Por si fuera poco, junto con la desinformación y con el reparto de dinero entre habitantes de comunidades cercanas a donde está previsto el paso del tren, el Gobierno de la República, por conducto de Fonatur, está causando división y encono que amenazan con dar lugar a situaciones de violencia.

3.- Desde su inicio, el proyecto ha violado abiertamente la legislación en materia de derechos humanos, ambientales e indígenas. Administrativamente las adjudicaciones para llevar a cabo las obras han sido hechas por Fonatur, cuyas facultades para realizar ese tipo de asignaciones son, por decir lo menos, jurídicamente discutibles.  La simulación de consulta indígena fue una afrenta a los derechos de los pueblos originarios y la intención tardía e inconsistente de las Manifestaciones de Impacto Ambiental ha violentado la legislación ambiental.

4.- Es inadmisible, por falaz, la disyuntiva que se formula desde el Gobierno en el sentido de que o los pueblos permanecen en la pobreza, o se someten a otra forma de empobrecimiento que implica que sean sujetos explotados en un proyecto como el del tren. Falsamente se ha dicho que los pueblos del sureste de la República han estado en el abandono o en el olvido. No es así. Esa versión deliberadamente paternalista es falsa. Han sido históricamente sometidos a diversas formas de explotación y de dominio, que tendrán una nueva expresión en caso de que sea impuesto el proyecto que ha sido llamado Tren Maya.

Para cambiar la condición histórica de los pueblos habría que impulsar proyectos reales de desarrollo sustentable, que protejan al medio ambiente, que respeten las culturas originarias y que cuenten con la participación activa (no subordinada) de sus integrantes.

Hacia proyectos de esta naturaleza tendría que dirigirse partidas presupuestales amplias y no para una obra con las características negativas para el desarrollo como el Tren Maya.

5.- Ante este panorama, sería económicamente irracional y socialmente ofensivo que la Cámara de Diputados aprobara para esa obra el monto de 36, 288 millones de pesos que le es asignado en el Proyecto de Presupuesto de Egresos Presidencial, lo que significa un incremento del 1302.4% en comparación con el año anterior.

La irracionalidad está determinada no solamente por el brutal incremento para una iniciativa tan cuestionada, sino por la diferencia con otros programas o proyectos como el del INSABI que en su conjunto tiene una disminución del 3.5%, el de Pensión Para el Bienestar de Personas Adultas Mayores con un incremento del 0.9% o el de Apoyo a los Pescadores con un incremento del 0.1%. En otros ejemplos, el presupuesto proyectado para el programa de Apoyo Para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras es del 18.3% , el de Distribución de Fertilizantes del 41%, el de Precios de Garantía de 5.9% y del Programa de Microcréditos disminuye en un 41%.

En plena crisis laboral, el monto para el Programa de Apoyo al Empleo, se reduce de 704.8 millones en 2020 a 55.5 para 2021, un porcentaje del 92%.

Ante un presupuesto notoriamente insuficiente para la Secretaría del Medio Ambiente se proyecta un incremento del 0.11%, lo que refleja el bajo grado de preocupación gubernamental por ese rubro.

En lo que toca a la lucha contra la violencia de género, para la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres el Proyecto Presidencial incluye una reducción de 11 millones de pesos y para el Instituto Nacional de las Mujeres contempla una reducción del 3.4%.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas vería reducido su presupuesto en 2% en relación con el año anterior y la Comisión Nacional de Búsqueda en 3.4%.

El aumento general de 1.8% en salud, resulta totalmente insuficiente frente a la precariedad del sistema de salud pública demostrada trágicamente durante la pandemia y en la perspectiva de las consecuencias de ésta que casi inevitablemente continuarán en el 2021[2].

En el rubro de la educación, destaca el recorte del presupuesto a las normales ya que en el Proyecto para el 2021 se considera asignar 20.6 millones de pesos cuando en el presente año los recursos han sido de 461.4 millones.

En el ámbito de la cultura, si bien la propuesta de presupuesto propone en total 13 millones 985 mil 117, es decir un 3.46% de aumento respecto del año pasado, de 13 millones 517 mil 480 pesos, es en realidad menor al desglosar por órganos desconcentrados y/o entidades: INAH (-2.50%), INBAL (-1.65%), IMCINE (-19.43%), Radio Educación (-4.67%), el Centro de Capacitación Cinematográfica (-17%), los Estudios Churubusco (-17.7%), Canal 22 (-16.46%), Indautor (-8.58%), así como Festivales, Fomento a la Lectura, PAICE, PACMyC y el  Fonca.

Estos son algunos datos mínimos sobre las enormes diferencias presupuestales que existen en el Proyecto de Presupuesto de Egresos entre el escaso porcentaje que se asigna a  programas y rubros que deberían ser prioritarios  y el Tren Maya que tiene las características señaladas, contrarias en todo al medioambiente sano y a los intereses de pueblos, comunidades, e inclusive regionales y nacionales.

6.- La fracción IV del artículo 74 Constitucional otorga a la Cámara de Diputados la facultad de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión, y en su caso modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal.

A esa facultad apelamos y le solicitamos a esta H. Cámara de Diputados que en uso de sus atribuciones y por las razones expuestas no apruebe el monto para el Tren Maya incluido en el Proyecto de Presupuesto y lo redistribuya entre programas productivos y sustentables, de defensa del empleo, de salud, educación, derechos humanos, igualdad y defensa de género y otros que son realmente prioritarios para el País.

En todo caso, si algún monto debe de permanecer para el Tren Maya tendría que estar dirigido para que el conjunto del proyecto se dé a conocer ampliamente entre la población, particularmente entre los pueblos originarios que serán directamente afectados, con los cuales deberá de hacerse una consulta real, libre, con información previa y anterior a cualquier obra.

Recordamos asimismo que se debe de aprobar un presupuesto con perspectiva de Derechos Humanos, lo que también obliga a la Cámara de Diputados a modificar la propuesta presentada por el Ejecutivo.

De ser atendida nuestra petición estaremos ante un ejercicio constitucional y democrático de división y equilibrio de Poderes, de búsqueda de la voluntad popular y de respeto a la ciudadanía.

Firmas y adhesiones

Organizaciones

Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch Xíinbal”

Bowerasa A.C

Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas A.C.

Centro de Investigación Escénica “El Teatrito” A.C.

Colectivo “Tres Barrios” de San Francisco de Campeche

Colectivo “Xa’aybej” por la Defensa del Territorio

Colectivo “Felipe Carrillo Puerto” de Quintana Roo

Comunicar para Conservar

Consultoría Técnica Comunitaria, A.C.

Escuela de Agricultura Ecológica “U Yits Ka’an”

Fundar. Centro de Análisis e Investigación

Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESC)

Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER)

Red de Ejidos Productores de Servicios Ambientales “Ya ax Sot’ Ot’ Yook’ol Kaab” A.C

Red Peninsular de Litigio Estratégico a favor de Comunidades Indígenas y Campesinas

Personas

Cristina García Aguirre

Enrique Gallegos Madrigal

Enrique Victoria Saavedra

Francisco Alberto Marín Manzanero

Gabriela Vargas Cetina

Gilberto López y Rivas

Humberto Robles

Ileana Lara

Jorge Fernández Souza

Kalycho Escoffié Duarte

Lilia Fernández Souza

Luis Manuel Guerra

Luis Miguel Robles Gil

Luisa Riley

Luz Emilia Aguilar Zinser

Manuel Canto Chac

Ofelia Medina Torres

[1] Muchas de estas preocupaciones están planteadas en el informe elaborado por el propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, “Territorios mayas en el paso del tren: situación actual y riesgos previsibles”, Diciembre de 2019. Otras investigaciones que hacen referencia a estos riesgos son: http://geopolitica.iiec.unam.mx/sites/default/files/2019-12/OLAG-2019-TrenMaya-Avancesdeinvestigacio%CC%81n.pdf

[2] Información obtenida del documento “Paquete Económico 2021. Análisis con Enfoque de Derechos y Lucha contra las desigualdades”, elaborado por Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Septiembre de 2020.

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