Comunicado del equipo Indignación
Afectaciones al derecho a la libre determinación así como violaciones al derecho a la consulta, despojo de territorios y contaminación de aguas y otros recursos naturales en agravio del pueblo maya peninsular se presentaron ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, que se encuentra en México realizando una visita oficial del 8 al 17 de noviembre.
La lucha de las comunidades mayas de Campeche contra Monsanto, el esfuerzo de Homún en defensa del los cenotes, del agua, de sus derechos y de su territorio; los proyectos eólicos impuestos sin consulta y sin información fueron algunos de los casos incluidos en el informe que el equipo Indignación hizo llegar a la Relatora Especial el día de hoy durante una reunión con organizaciones de la sociedad civil en la ciudad de México.
Recientemente en el municipio maya de Homún, se autorizó la instalación de una mega granja con capacidad para 45 mil cerdos, sin que existiera ningún proceso de información, consulta ni consentimiento de las comunidades mayas asentadas en ese territorio. El hecho es de sumo grave, dado que dicha granja se asienta en una de las zonas más importantes de reserva geohídrica del país, y una de las principales fuentes de abastecimiento de agua para las comunidades indígenas de decenas de municipios del estado de Yucatán. El permiso para dicha granja fue otorgado sin consulta ni consentimiento y sin sustento científico, por lo que el riesgo de contaminación por heces fecales y desechos animales es alto, poniendo en peligro la salud y el medioambiente sano de las comunidades mayas.
El propio pueblo de Homún realizó una autoconsulta ante las omisiones de las autoridades y más de setecientas personas manifestaron su rechazo a la megagranja porcícola.
Una fuente de grave afectación al derecho a la libre determinación y a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada de los pueblos indígenas de la Península de Yucatán, es el creciente número de proyectos de energía renovable, tanto solares como eólicos que se pretenden implementar en territorio indígena.
Una de las características de estos proyectos, es que los mismos se someten a consulta de las comunidades una vez que ha sido aprobado todo el procedimiento administrativo, sin dar la debida información a las comunidades, sobre los proyectos, lo que viola el derecho a la consulta previa, libre e informada, como ha sucedido en Tizimín, Muna, Sacalum, Ticul y Kimbilá, entre otros.
De estos casos concretos en los que no ha habido una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada para instalar parques eólicos, se desprende el gran desconocimiento de los comisarios ejidales de los detalles de los proyectos eólicos al momento de la firma de los contratos de arrendamiento; las asambleas no se están llevando a cabo en lengua maya; la falta de asesoramiento a los líderes ejidales y la poca claridad en los tratos entre empresas y comisariados ejidales, derivan en corrupción y en la firma final de contratos sin consulta previa.
En el caso de la lucha de las comunidades mayas de Campeche contra la soya transgénica, de manera reciente, el Juez Segundo de Distrito de Campeche, a petición de la empresa Monsanto, decidió acotar el proceso de consulta a sólo 6 comunidades, con lo cual dejó a más de 28 comunidades afectadas que llevaban más de un año y medio intentando dialogar con CIBIOGEM y CDI en la fase de acuerdos previos.
Estos procesos muestran al Estado contrariando los derechos de los pueblos indígenas y poniendo en riesgo sus tierras, territorios y recursos naturales así como su derecho a la libre determinación.
El caso de Chablekal, que lucha por el reconocimiento de su derecho al territorio como pueblo maya y se opone a la venta de tierras en controversia con el ejido también fue presentado en el informe.
