En noviembre de 2020 integrantes de 21 comunidades mayas de la Península de Yucatán presentaron una denuncia popular de carácter regional ante las afectaciones ambientales, así como por las violaciones a sus derechos humanos como pueblos indígenas. Dicha denuncia fue presentada ante las diversas autoridades ambientales:
- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
- Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa)
- Comisión Nacional del Agua (Conagua)
El día de hoy, la Profepa dio a conocer a través de su cuenta de twitter que a partir de dicha denuncia, se realizaron visitas de inspección a 4 granjas porcícolas, ubicadas en los municipios de Maxcanú, Kinchil, Opichén y Mérida. De dichas inspecciones derivaron cuatro clausuras “por no contar con las autorizaciones en materia de impacto ambiental, por las afectaciones a la biodiversidad, por no presentar los resultados de sus descargas de aguas residuales, y una inadecuada gestión y manejo de sus residuos peligrosos”.
Recordemos que en el informe elaborado por Greenpeace, La Carne que está consumiendo al planeta, se menciona precisamente que únicamente cuentan con Manifestación de Impacto Ambiental, 22 de las 257 granjas identificadas en la Península de Yucatán. En el mismo informe se menciona como 122 de estas granjas se encuentran en regiones de atención a la biodiversidad.
Los integrantes del pueblo maya y las organizaciones que presentamos dicha denuncia, vemos que estas clausuras realizadas por la Profepa son importantes, ya que son el primer paso para frenar las afectaciones ambientales ocasionadas por la industria porcícola. Es importante también que se reconozca el derecho a la libre determinación del pueblo maya, dado que entre las violaciones a sus derechos, están la falta de acceso a la información, el derecho a la consulta y al consentimiento, los cuales son fundamentales para garantizar el derecho a la libre determinación.
Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A. C.
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