Comunicado conjunto
Equipo Indignación A.C. | Representantes de Infancia de Homún | Kanan Ts’ono’ot
La empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) y el Presidente Municipal de Homún, Manuel Jesús Chi Chim, en acción concertada se han desistido de los recursos que habían interpuesto en contra de la suspensión que paralizó las operaciones de la granja en Homún. De esta manera, pretenden impedir –por ahora– que el máximo tribunal del país se pronuncie sobre el caso Homún y sobre el grave problema que la industria porcícola está generando en la Península de Yucatán.
El pasado 24 de junio de 2020 el máximo tribunal del País, determinó atraer para su conocimiento las revisiones que el Alcalde de Homún y la empresa porcícola PAPO habían interpuesto en contra de la suspensión que paralizó, desde octubre de 2018, las operaciones de la granja en Homún.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al anunciar la atracción del caso Homún, había hecho énfasis su especial importancia debido a que ofrecería a la Suprema Corte la oportunidad de pronunciarse sobre asuntos verdaderamente transcendentes y generar así criterios novedosos en materia de protección ambiental, sobre todo en torno a los elementos relacionados con los criterios de prevención, suspensión y principios precautorios frente a cualquier proyecto o actividad que pudiera vulnerar al medio ambiente, tal como ocurre con la mega granja de cerdos.
Al discutir el caso, el máximo tribunal del país revisaría las afectaciones que la industria porcícola está generando en las comunidades mayas de la Península de Yucatán y en áreas naturales protegidas como la “Reserva Geohidrológica del Anillo de Cenotes de Yucatán”.
Las acciones de PAPO y del Alcalde de Homún revelan el temor que despierta en la industria porcícola la observación y revisión por parte de los más altos niveles federales de las graves consecuencias medioambientales de su actividad en la península y de la violación de los derechos del pueblo maya y los derechos ambientales de todas y todos los que habitamos en Yucatán en que incurren.
El desistimiento del Alcalde de Homún, Manuel Jesús Chi Chim, muestra, además, hasta qué punto la empresa PAPO parece contar con complicidades en las autoridades de diversos niveles en el estado de Yucatán para continuar con las violaciones a los derechos del pueblo maya que se derivan del establecimiento de las mega granjas de cerdos. La simultaneidad de los desistimientos de PAPO y el alcalde de Homún, nos llevan a sospechar posibles actos de corrupción y/o cohecho. Además de evidenciar el nulo interés de dicho funcionario por la protección de los derechos de los habitantes de Homún.
Es importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa con sede en Yucatán, ante estos desistimientos, garanticen la seguridad jurídica de los quejosos. Es importante recordar además que en este juicio de amparo, los demandantes son niños y niñas del pueblo maya de Homún, Yucatán. Los órganos de justicia deberán ser enfáticos en establecer que el sobreseimiento de estas revisiones tiene como resultado que la suspensión definitiva otorgada a favor de los menores queda totalmente firme en tanto se resuelve el juicio principal, pues las razones por las que se concedió la suspensión definitiva siguen siendo las mismas.
Hacemos un llamado también a las y los magistrados que integran el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa y al Juez Segundo de Distrito, ambos con sede en Yucatán, para que, en los asuntos que son de su conocimiento recursos relacionados con el caso Homún, garanticen la imparcialidad, la independencia y la autonomía judicial que debe imperar en todo proceso judicial, a fin de garantizar el derecho de acceso a la justicia para el pueblo maya de Homún ante esta problemática ocasionada por la industria porcícola y que afecta a toda la Península de Yucatán.
Cabe resaltar que los representantes de los menores quejosos han realizado una nueva solicitud de atracción a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre un recurso contra la resolución que negó a PAPO la modificación a la suspensión en octubre de 2019. Dicho recurso se encuentra actualmente en manos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa con sede en Yucatán, quien en otras ocasiones se ha mostrado parcial a favor de la empresa, razón por la cual resulta fundamental que la Suprema Corte atraiga el análisis de este recurso de tal manera que pueda continuar el análisis del caso cuya trascendencia ha sido reconocido por ese Máximo Tribunal mediante comunicado oficial. Sería una muy buena señal de la independencia del máximo tribunal del país y de su decisión inquebrantable de velar por los derechos de todas las personas, especialmente del pueblo maya.
