UADY, obligada a garantizar salario digno

Los derechos laborales son derechos humanos

Comunicado del equipo Indignación en solidaridad
con las y los trabajadores de la UADY en huelga

 

El día viernes 16 de enero del presente año, las y los trabajadores Asociación Única de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad Autónoma de Yucatán, iniciaron una huelga, la primera que se realiza en 40 años en la máxima casa de estudios del estado, exigiendo a las autoridades de la UADY la mejora en las condiciones de salario. En concreto las y los trabajadores exigen el aumento de un 10 por ciento al salario, frente a la propuesta del 3.4 ofrecida por la Rectoría de la Universidad.

En principio, es preciso recordar que los derechos laborales se encuentran regulados por el artículo 123 de la Constitución Política y por diversos tratados y convenios internacionales que obligan al Estado a garantizar que todo empleador provea condiciones de trabajo decorosas para las y los trabajadores.

Entre estos derechos se encuentra el de contar con un salario digno, es decir, que sea suficiente para cubrir las necesidades mínimas de vivienda, salud, educación y esparcimiento del trabajador y su familia; y la huelga como un medio legítimo de defensa de los derecho de las y los trabajadores frente a la empresa o el patrón para presionar con el fin de ejercer su derecho a la contratación colectiva, lograr un reparto justo y equitativo de las ganancias, que permita a las y los trabajadores realizar su trabajo con dignidad y alcanzar un mejor nivel de vida. Es decir, tanto el derecho al salario digno, como el derecho de huelga son derechos humanos constitucional y convencionalmente reconocidos.

Frente a esta situación, lamentamos que las autoridades universitarias, lejos de reconocer la precaria situación salarial de sus trabajadores e intentar generar un proceso de diálogo y acercamiento para resolver las demandas, hayan tenido, como primera opción, el plantear un “recuento de los trabajadores para saber si están a favor de la huelga”, que, a pesar de haberse generado en condiciones de presión, lo único que hizo fue reforzar el carácter legítimo del movimiento obrero universitario y de sus exigencias.

Al respecto es preciso señalar que, como principal institución educativa del estado, la Universidad Autónoma de Yucatán debería ser la primera interesada en garantizar adecuadas condiciones laborales para sus trabajadores. Lejos de ello, las últimas rectorías han privilegiado una retribución desproporcionada para los directivos o han creado puestos cuya necesidad es cuestionable, en lugar de destinar recursos al fortalecimiento de los trabajadores de base.

El equipo Indignación manifiesta su solidaridad con el Sindicato de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad Autónoma de Yucatán que se encuentran en huelga en demanda de un aumento salarial.

Insistimos en que los derechos laborales son derechos humanos y hacemos un firme llamado a las autoridades de la Universidad Autónoma de Yucatán a no regatear recursos a los trabajadores que tienen, por supuesto, derecho a un salario digno y adecuado.

Reivindicamos la necesidad, urgente en el país y en el estado de Yucatán, de destinar mayores recursos para la educación, en este caso para la Universidad Autónoma de Yucatán, para garantizar a las y los jóvenes el acceso a la educación superior así como a las y los trabajadores de la Universidad las mejores condiciones laborales.

En este contexto es preciso fortalecer las prácticas democráticas dentro de las instituciones educativas y universitarias. La reciente elección del Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán expuso dudas sobre un proceso que no es un ejemplo de transparencia ni de democracia. Persisten en la Universidad prácticas antidemocráticas que lesionan a la propia universidad pero que, además, tienen un impacto negativo en la sociedad.

Dentro de tantas necesidades, el salario de los trabajadores manuales y administrativos tiene que ser una prioridad, pues es un derecho para los trabajadores y sus familias.

Reducir la brecha salarial al interior de la Universidad tendría que ser también un objetivo que mostrase un compromiso con los valores de la democracia.