El asesinato cometido por policías municipales contra una persona, Rafael Pérez García, detenida en el municipio de Tizimí­n nos enfrenta nuevamente a la brutalidad policíaca, la tortura y las condiciones de las cárceles en el estado que han cobrado más de trece vidas en los Últimos cinco años[1]

La impunidad que ha cubierto los anteriores casos y ha protegido a los responsables, la falta de investigación y sanción por parte de la Procuraduría de Justicia (hoy Fiscalía General del estado), el incumplimiento de estándares de organismos internacionales en esta materia que recomiendan investigaciones independientes, la ausencia de medidas concretas que garanticen la no repetición de estos hechos y la inacción de la Comisión de Derechos Humanos, su imperdonable tolerancia y la dilación ante casos extremadamente graves constituyen un aliciente y ocasionan que en la práctica se sigan cometiendo violaciones a derechos humanos en contextos de detención, que lamentablemente han cobrado la vida de personas, como en el presente caso.

Inevitablemente, esta nueva pérdida humana nos remite al caso de Roberth Tzab EK el cual, a pesar de su gravedad y a pesar de las evidencias y de la Información sensible con la que cuenta la Comisión de Derechos Humanos, continúa sin recomendación a casi un año de los hechos en los que perdió la vida Roberth.

En este caso, también es preciso recordar que la Fiscalía General del estado no garantizó condiciones mínimas de independencia e imparcialidad en las investigaciones, pues Éstas fueron efectuadas por la misma agencia del Ministerio Público que tenía en su custodia a Roberth y que en consecuencia fue responsable de su fallecimiento. Todo lo anterior ha significado que, a casi un año de los hechos, exista impunidad en torno a su muerte, pues ningún policía ni funcionario Público ministerial ha sido sancionado ni inhabilitado por el fallecimiento de Tzab Ek. La impunidad alienta la repetición de graves violaciones a derechos humanos.

En Indignación consideramos que la institución encargada de investigar y perseguir los delitos tiene la obligación, y debiera ser la primera interesada en depurar sus instituciones e investigar y sancionar a los funcionarios Públicos que cometen violaciones a derechos humanos.

El encubrimiento y la impunidad pervierten la garantía de acceso a la justicia que debiera ser garantizada por la Fiscalía General. Pero también insistimos en que una comisión de derechos humanos puede y debe inhibir y evitar la tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos señalando a los responsables, interponiendo en su caso las denuncias correspondientes, especificando las medidas con las que el gobierno garantizará la no repetición de hechos y, por supuesto, supervisando el cumplimiento de estas medidas y de sus recomendaciones. Al no hacerlo, la Codhey tiene una gran responsabilidad en estos hechos.

[1] A las persistentes quejas de tortura se suma una alarmante situación en las cárceles de Yucatán: Durante el año de 2010 murieron al menos siete personas en penitenciarías estatales o municipales de Yucatán  y son al menos 13 las fallecidas en centros de detención desde el 2006, casos en los que, a pesar de la evidente responsabilidad del Estado, prevalece la impunidad. La Codhey Únicamente ha enunciado el hecho y no se han establecido medidas de no repetición. Informe de Indignación sobre el caso de Roberth Tzab. Marzo de 2011