19 de julio de 2007

Comunicado del equipo Indignación

El caso de la Escuela Social de Menores Infractores exhibe la persistencia de la impunidad, el fracaso de la administración que termina en materia de derechos humanos y la indolencia del gobierno, en sus tres ámbitos, frente a los tratos crueles infligidos a menores.

Un dilatado juicio, que ha demorado todo el sexenio de “la alternancia”, ha negado a niñas y niños el derecho a la justicia, ha impedido el resarcimiento del daño y mantiene sin castigo a quienes los agraviaron, incumplimiento de obligaciones que en la práctica ha significado protección para la principal inculpada, Rocí­o Martell, ex directora de la Escuela Social de Menores Infractores.

El 31 de julio de 2001, justo un día antes del inicio de la administración de Patricio Patrón Laviada, el equipo Indignación A.C. hizo del conocimiento público la interposición de una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violación a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes internos en la Escuela Social de Menores Infractores del estado. El 23 de abril de 2002, la CNDH, después de entrevistarse con los menores y de constatar los malos tratos ejercidos contra ellos, emitió la recomendación 10/2002 en la que corroboró las violaciones cometidas contra los niños y niñas internos y mandó determinar responsabilidades de los servidores públicos involucrados para ejercitar contra ellos acción penal y sancionarlos.

Las violaciones denunciadas y posteriormente comprobadas por la CNDH no son de orden menor. Para que no olvidemos de lo que estamos hablando, recogemos aqué­ algunas de ellas:

“Los menores entrevistados (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) y (18) coincidieron en señalar que la exdirectora Marí­a del Rocí­o Martell López los golpeaba con un zapato en la cabeza y les daba “cachetadas”; los encerraba en un cuarto hasta por tres días sin darles alimentos; los hincaba sobre el piso de una cancha, la cual tenía piedras pequeñas, con un bloque de concreto en cada brazo y otro más amarrado a la nuca con una soga; en ocasiones les introducí­a una pastilla de jabón de baño en la boca para obligarlos a decir quien había cometido una falta; los llamaba a la dirección de la escuela, y estando ahí­ les bajaba los pantalones, les apretaba el pene y los testí­culos para que informaran quien había cometido alguna falta; como castigo, no les daba de comer durante tres días; los obligaba a desyerbar las áreas verdes de la escuela y, además, los amenazaba con enviarlos al Centro de Rehabilitación Social del estado, si tenían mal comportamiento, o con dejarlos internos en la escuela durante un lapso mayor al determinado por el Consejo Tutelar; asimismo, esta servidora pública, permití­a que el chofer Martí­n Espínola los agrediera con un tubo de “poliducto”

Por su parte (19) manifestó que continuaba en la escuela porque no tiene familia que se haga cargo de ella; que la exdirectora Rocí­o Martell regañaba frecuentemente a todas las niñas, y si las descubría observando a los niños las golpeaba con una manguera; que en reiteradas ocasiones fue llevada a la dirección y ahí­ la exdirectora la desvestí­a, diciéndole que lo hací­a para ver si tenía “chupetones”, además de que le gustaba apretarle con fuerza sus pezones; también las dejaba hasta dos semanas encerradas en una de las habitaciones de la sección de niñas, sin darles de comer ni permitirles que se bañaran; sin embargo, la coordinadora Lourdes Quijano Sánchez, siempre se preocupó por ellas y les daba algunos alimentos. Agregó (19) que frecuentemente era llamada a la dirección donde la entonces directora la golpeaba, y en una ocasión le “tusó” el cabello” (Recomendación 10/2002, de la CNDH).

Y la lista de atrocidades continúa hasta el cansancio.

Durante los nueve meses que pasaron entre la presentación de la queja (julio 2001) y la resolución de la CNDH (abril 2002), la administración de Patrón Laviada no inició ninguna investigación, a pesar de conocer los tratos crueles e inhumanos públicamente denunciados y que, más tarde, con la recomendación de la CNDH, habrí­an de consternar al país. Esta inacción motivó que las sanciones administrativas recomendadas por la CNDH no pudieran concretarse, debido a que ya había prescrito el tiempo previsto por la ley para su aplicación.

A raíz de la recomendación de la CNDH se inició la averiguación previa, y con ella un proceso judicial que ha durado todo el sexenio. La jueza Rubí­ González Alpuche permitió, en abierta violación de los derechos de los niños y niñas, el careo de los menores con la persona presuntamente responsable de infligirles tratos crueles e inhumanos.

El pasado 12 de julio, ante la susodicha jueza, se realizó la última audiencia de un juicio que ha sido inusualmente dilatado. Se trata de la misma jueza que, en el caso de las y los jóvenes detenidos el 13 de marzo en el marco de las protestas contra Bush, y basada exclusivamente en los informes de los policías, determinó autos de formal prisión en contra de las y los jóvenes cuyos expedientes se han seguido en el juzgado séptimo y les impuso fianzas exorbitantes. En el caso de los menores infractores, no le ha bastado a la jueza la recomendación de la CNDH, prueba documental pública con valor probatorio pleno, para dictaminar sobre el caso después de tenerlo bajo su cargo durante seis años.

Ante la cercaní­a del final del proceso judicial, cuando deberá dictarse sentencia, el equipo Indignación A.C. manifiesta:

1. El caso de la Escuela Social de Menores Infractores es un reflejo del fracaso de la administración que termina en materia de derechos humanos. Seis años de impunidad muestran el lugar que ocupó para el gobierno saliente el bienestar de los niños y las niñas internos en la Escuela.
2. La ex directora de la Escuela, el psicólogo, los maestros y guardias que, por acción u omisión participaron en las violaciones a los derechos de los niños y niñas deben ser castigados. También deberán asumir su responsabilidad en los hechos los responsables de otros organismos involucrados en dichas violaciones: el Consejo Tutelar de Menores, la Procuraduría de Defensa del Menor y de la Familia y la Procuraduría General de Justicia del Estado.
3. El caso de la Escuela Social de Menores Infractores se une a numerosas denuncias hechas durante el sexenio en contra de otras autoridades penitenciarias. El gobierno que termina mantuvo en su cargo al director del CERESO de Mérida, a pesar recomendaciones emitidas por la CNDH por graves violaciones a los derechos de internos e internas del CERESO de Mérida cuando él ya era director de dicho centro.
4. En este caso, como en otros, queda demostrado que el gobierno del estado apostó al olvido social en asuntos en los que tenía obligación de intervenir y actuar de manera firme y expedita. A seis años, los hechos de la Escuela Social son una realidad indeleble en quienes los sufrieron y con quienes el Estado tiene una deuda impagable por no haberlos protegido y velado por sus derechos.
5. El poder judicial del estado ha demostrado que no mide con la misma vara ni aplica con igual rigor la ley penal. Por un lado somete a proceso a personas detenidas en franca violación a los derechos humanos, y por el otro dilata en extremo procesos penales en los que están involucrados funcionarios públicos acusados de cometer violaciones graves en contra de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. La actuación de la Juez Rubí­ González, encargada de ambos casos, cuestiona seriamente la imparcialidad e independencia del poder judicial del estado.

*******

Viernes 20 de julio, 11 de la mañana, en Amaro, presentación del informe:

“2001-2007: La Hacienda Restaurada. Derechos Humanos en ‘el Patronato’”