30 Abril de 2002; Mérida, Yucatán

Hay riesgo de que evadan sanciones funcionarios
que violaron derechos de niños y niñas en Mérida

Ante el horror y la indignación que ha despertado el conocimiento de los tratos crueles, inhumanos y degradantes que han recibido internos e internas de la Escuela Social de Menores Infractores “situación ahora documentada por la investigación que realizó la CNDH y de la cual se desprendió la recomendación 10/2002”, el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. exige, más allá de lamentos y promesas, la implementación de acciones y medidas que garanticen una protección eficaz de los derechos humanos, lo que implica realizar las acciones necesarias para que cesen de inmediato las violaciones a dichos derechos, sancionar a los responsables de las violaciones y reparar el daño fí­sico y moral ocasionado a las ví­ctimas.
Los hechos, consignados en la recomendación, son públicos, por lo que deben iniciarse de inmediato las investigaciones penales y administrativas que correspondan en contra de TODOS LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE POR ACCIÓN U OMISIÓN COMETIERON O PERMITIERON dichos hechos violatorios de los derechos humanos y constitutivos de delitos y/o responsabilidad administrativa.
La gravedad de las violaciones (tortura, privación ilegal de la libertad, abuso sexual, obstrucción de la justicia, etcétera), cometidas precisamente contra un sector de la población especialmente vulnerable como son niños y niñas internos en un centro obliga a apelar a todas las legislaciones aplicables para garantizar que los responsables, por acción u omisión, sean llevados ante los tribunales.
Consideramos que la mejor garantí­a que puede tener la sociedad de que esto NO VOLVERÁ A OCURRIR consiste en evitar la impunidad de todos y todas las y los responsables de dichas violaciones, sancionándolos y procurando la reparación del daño a las ví­ctimas.
En este sentido, el Equipo Indignación alerta a la Procuraduría del Estado y le hace un llamado a velar porque en este caso sean aplicadas disposiciones internacionales, puesto que las leyes estatales tienen graves limitaciones que impedirían la correcta aplicación de la justicia y que, eventualmente, permitirí­an a los responsables de las violaciones evadir sanciones que se derivan de los graves actos u omisiones en los que incurrieron.
Especialmente nos referimos a la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fueron sometidos niños y niñas internos en ese Centro Social. La legislación local no contempla la tortura como delito, pero Yucatán es parte de México y EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL es de observancia obligatoria la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura así­ como la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes cuyo rango constitucional la coloca por encima de la legislación estatal.
Dado que Yucatán no ha tipificado la tortura como delito, exigimos la aplicación, de manera supletoria, de la Ley Federal contra la Tortura, delito que se persigue de oficio y que, incluso, en su artí­culo 11 señala que “El Servidor Público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere se le impondrán de tres meses a tres años de prisión, y de quince a sesenta dí­as de multa”.
A este Equipo le alarma el hecho de que funcionarios que tuvieron conocimiento de las graves violaciones a los derechos de los niños y las niñas internos en esa escuela social hayan omitido acciones que permitieron la continuación de dichas conductas y, de hecho, obstruyeron la justicia al no investigar y sancionar esos hechos.
Es el caso del Secretario de Gobierno de la anterior administración, Cleominio Zoreda Novelo, puesto que este Equipo ha sido informado que desde 1999 se hicieron de su conocimiento estas situaciones y dicho funcionario OMITIÓ acciones, con lo que permitió que dichos hechos continuaran sucediendo y su inacción posiblemente configure el delito de obstrucción de la justicia, además de que incurre en el supuesto expresado en el artí­culo 11 de la Ley Federal contra la Tortura, arriba mencionado.
De igual manera nos ha causado consternación enterarnos de que la actual administración incumplió medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde enero pasado, no obstante haberlas aceptado y nos alarma el hecho de que en la Escuela Social para Menores Infractores continuaran infligiendo castigos a los niños y las niñas en la presente administración.
Resulta inadmisible que continúen en sus cargos personas que, por acción u omisión, son responsables de violaciones a los derechos humanos, de realizarlas, de permitirlas, de no evitarlas o de no investigarlas. Esta situación, urgente de resolver en la Escuela Social de Menores Infractores, ocurre también en el Centro de Readaptación Social del Estado.
Las violaciones a los derechos de los niños y niñas señaladas en la recomendación 10/2002 son sumamente graves, son múltiples y reiteradas. Se han violado diversas leyes estatales como la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley General de Salud, entre otras, se han cometido delitos contemplados en el Código Penal del Estado. Asimismo se han transgredido artículos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Interamericana contra la Tortura y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.
Consideramos que se tiene la posibilidad de sentar un precedente en materia de derechos humanos en el Estado de Yucatán. Las autoridades están obligadas a investigar y sancionar los delitos y las violaciones a derechos humanos documentadas en la recomendación de referencia. La impunidad de un servidor público se constituye en una nueva violación a los derechos humanos.
El Equipo Indignación estará pendiente de la forma como las autoridades reaccionen a la recomendación 10/2002 y espera del Ejecutivo del Estado, dado que esta situación lesiona a la sociedad en su conjunto y es de interés público, que informe las acciones emprendidas para garantizar el cese inmediato de violaciones a los derechos de los niños y niñas internos en la Escuela Social de Menores Infractores así­ como de las acciones que emprenda para sancionar a los responsables y para reparar el daño a las ví­ctimas.

Por INDIGNACIÓN
PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS A.C.

Soc. Ma. Cristina Muñoz Menéndez