La medida cautelar, inmediata para evitar perjuicios de difícil reparación
Ka’anan Ts’onot | Equipo Indignación
Comunicado conjunto
Para proteger a la infancia, la Juez Cuarto de Distrito ordenó la suspensión inmediata de las operaciones de la mega granja porcícola de Homún, al emitir el acuerdo mediante el cual admitió un amparo interpuesto por las representantes legales de 6 niños, niñas y adolescentes de la comunidad de Homún.
En dicho amparo, presentado por actos del gobernador del Estado, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio ambiente y el Presidente Municipal de Homún, autoridades que han autorizado y permitido el funcionamiento de la citada granja, se reclamaron violaciones a los derechos al agua, a un medioambiente sano, al principio precautorio, así como afectaciones al derecho humano al desarrollo, todos en relación con la obligación que tienen las autoridades de hacer efectivo el derecho del interés superior de la infancia y adolescencia, derechos contenidos tanto en la Constitución como en diversos Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
“La operación de la granja porcícola afectará múltiples de sus derechos, entre los que se encuentran los relativos a un medio ambiente sano, a una vida digna, al agua y al equilibrio ecológico”, reconoció como posibilidad y riesgo la Juez Cuarto de Distrito del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, al ordenar la suspensión, dictada de manera provisional como medida cautelar.
En ese sentido, dicha juzgadora federal señaló que existe un peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado y con ello se provoquen perjuicios de difícil reparación para las quejosas, especialmente en atención a los derechos que estiman violados, que son tan sensibles. A criterio de la Juez Federal, de la demanda de amparo, así como de los elementos aportados se desprenden datos estadísticos que generan una presunción… de que la granja en cuestión podría poner en peligro la pureza o utilidad del agua en la región, pues es sabido que establecimientos de ese tipo generan un fuerte impacto ambiental, tanto, que existen diversos ordenamientos diseñados para que dicho impacto no alcance proporciones catastróficas para los habitantes de alguna región en particular
Finalmente la Juez consideró que “existe un interés en la sociedad de que se conserve un medio ambiente libre de contaminación, saludable e idóneo para que los habitantes de determinada población lleven una vida digna. En particular sus pobladores menores de edad, ya que incluso la Constitución establece que interés superior de la nación que sus niños se desarrollen libre y sanamente y tengan asegurado un futuro digno”
La suspensión otorgada por dicha juzgadora obliga a Producción Alimentaria Porcícola, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (PAPO) a detener toda acción que implique la puesta en marcha y/o funcionamiento de la granja, y a las autoridades estatales y municipales, en especial al gobernador del Estado, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y al Presidente Municipal de Homún, a implementar y establecer los mecanismos idóneos para garantizar que dicha suspensión sea efectiva.
Dictada de manera provisional la suspensión como medida precuatoria, el 9 de octubre próximo será la audiencia para definir la suspensión definitiva mientras se resuelve el amparo presentado por el riesgo que enfrenta la infancia de Homún.
Cabe recordar que desde hace más de 15 días, se han estado introduciendo a las instalaciones de PAPO camiones repletos de cerdos, lo que ha motivado la movilización de la comunidad que incluso realizó una clausura simbólica de la granja. Con la suspensión dictada por la Juez Federal existe una obligación de detener cualquier funcionamiento y puesta en marcha de las actividades porcícolas, hasta en tanto se resuelva el amparo presentado por los niños y niñas de Homún.
La mega granja porcícola que se ha instalado de manera irregular en Homún, tendría una capacidad para albergar a casi 50 mil cerdos en una de las zonas de recarga hídrica más importantes del país, con el consecuente riesgo de contaminación y afectación del agua, el medioambiente, la salud, y las actividades económicas de la región. Además dicho megaproyecto, no obstante estar asentado en territorio maya, se aprobó y ejecutó sin respetar el derecho a la libre determinación de la comunidad de Homún.