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Por negar tortura, periodista agredido por alcalde impugna recomendación de Codhey

18 Dic, 2015 | Comunicados

Article 19 / Equipo Indignación

Tardía, omisa y limitada, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) emitió una recomendación que se niega a reconocer la tortura cometida contra Edwin Canché, periodista torturado por el alcalde y por policías de Seyé en enero de 2014.

El dí­a de hoy, Edwin Canché, corresponsal del Diario de Yucatán, acompañado por Article 19 y por el Equipo Indignación, impugnó la recomendación de la Codhey fundamentalmente por negarse a reconocer tortura.

En su recomendación 20/2015 emitida casi dos años después de los hechos y dirigida al Ayuntamiento de Seyé, la Codhey acreditó violaciones a los derechos a la libertad de expresión, a la libertad personal, así­ como a la integridad y seguridad personales, por lo que califica como uso indebido de la fuerza y lesiones; también acreditó violaciones al trato digno, así­ como a la legalidad y seguridad jurídica por el ejercicio indebido de la función pública.

Sin embargo, y a pesar de contar con pruebas como el testimonio de quien alcanzó a ver que lo golpeaban en el propio edificio del Palacio Municipal, la Codhey se negó a llamar tortura y calificó como lesiones y uso indebido de la fuerza la violencia infligida al periodista.

El 1 de enero de 2014, Edwin Canché fue víctima de detención arbitraria, así­ como de tortura por parte de 5 policías municipales, entre ellos el director de la Policía Municipal, y del propio alcalde de Seyé, con motivo de la cobertura que dio a un choque automovilÍ­stico que involucraba al sobrino del edil.

El periodista fue detenido y trasladado al Palacio Municipal sin ninguna causa legal que lo justificara, ya que únicamente se encontraba realizando su labor periodística. En el interior de ese lugar fue torturado, provocándole lesiones en las costillas y una contusión en la cabeza. Incluso el alcalde le advirtió: “Ya estoy hasta la madre, me tienen cansado de que estén criticando mi administración”.

Por estos hechos se inició el proceso penal correspondiente, el cual han acompañado ARTICLE 19 y el Equipo INDIGNACIÓN. Apenas en octubre pasado fue detenido el ex alcalde Ermilo Dzul Huchim, pues anteriormente se había librado de enfrentar el proceso pues gozaba de fuero constitucional.

En su escrito de agravios dirigido a la CNDH para que revise la incorrecta calificación de las violaciones a derechos humanos, el periodista expresa a la CNDH que le “causa agravio la determinación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán que emitió la Recomendación 20/2015”, toda vez que dentro del instrumento recomendatorio dicha Comisión, al determinar la violación a mis derechos a la integridad y seguridad personales, los calificó en su modalidad de uso indebido de la fuerza y lesiones.

Si bien los vinculó con mi derecho al trato digno, así­ como con el ejercicio de mi libertad de expresión, el organismo estatal de derechos humanos omitió realizar el estudio y análisis de los hechos ocurridos en mi caso, a la luz y de conformidad con los estándares internacionales que desarrollan y protegen el derecho a la integridad personal, llevando a cabo una incorrecta calificación de los hechos, determinando que los actos cometidos en mi contra el día de los hechos por diversos servidores públicos, como lo fueron el entonces alcalde y policías municipales de Seyé, Yucatán, en perjuicio de mi integridad personal (física y psicológica), encuadran en la modalidad de lesiones y uso indebido de la fuerza, como ya referí­, no así­ como actos configurativos de TORTURA, como fue lo que realmente sucedió el día de los hechos y conforme a lo que disponen los estándares nacionales e internacionales en la materia”.

En el mismo escrito, el periodista agraviado, corresponsal de Megamedia, se refiere al trabajo de la Codhey y expresa que “Como todas las autoridades del país, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán está obligada a proteger los derechos humanos conforme a las fuentes del derecho internacional y nacional, buscando siempre la mayor protección de la persona. Cuando no lo hace, su actuación deviene en una violación al deber de protección por omisión.”

Apenas en julio pasado, antes del cambio de ombudsman, Indignación presentó un análisis de gestión de la Codhey. En ese análisis se establecen sistemáticas omisiones de la Codhey, una de ellas es su renuencia a calificar como tortura la tortura, lo que ha significado un encubrimiento y una naturalización de este ominoso crimen.

Hace unos meses Indignación denunció a la Codhey por falsificar la firma de un documento, incluso asentar la firma de una persona que ya se encontraba fallecida con tal de cerrar un expediente.

La recomendación de la Codhey emitida por el caso de Edwin Canché solicita una reparación integral, es decir, una reparación que incluya indemnización, garantías de no repetición y satisfacción. Recomienda que se inicien procesos administrativos de responsabilidad y que el cuerpo de Seguridad Pública de Seyé reciba capacitación en materia de derechos humanos, uno de ellos en libertad de expresión y en el conocimiento de los tratados internacionales. Sin embargo, la Codhey no inició la denuncia penal por tortura, aun cuando está dentro de sus obligaciones hacerlo.

La recomendación toma en cuenta que la administración de Ermilo Dzul Huchim, ex alcalde de Seyé, ya concluyó, pero refiere que lo determinado en la recomendación sea agregado a su expediente personal, así­ como al de los otros servidores públicos implicados, con independencia de que continúen laborando o no en el ayuntamiento.

La Codhey también exhorta por escrito al nuevo alcalde y a Seguridad Pública a emprender acciones para que la actividad de los periodistas de Seyé no se coarte ni amenace.

Sin embargo, es una recomendación tardía y omisa, en la cual la nueva dirección de la Codhey establece una línea de continuidad con las omisiones de la anterior y se niega a exigir los más altos estándares en la protección de los derechos humanos, como está obligada a hacerlo.

Esa omisión encubre y seguramente complace a las autoridades que cometen tortura, a las autoridades responsables de erradicarla, y contribuye a naturalizar un crimen que agravia a la humanidad. Ahora la CNDH tendrá que revisar la actuación de la Codhey, y brindar la más amplia protección a los derechos humanos del periodista Edwin Canché.

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