8 de octubre de 2006
Judiciales hostigan a defensora de derechos humanos
Equipo Indignación A.C.
Policías de la Secretaría de Protección y Vialidad de Yucatán detuvieron con violencia a cuatro ejidatarios mayas el viernes 6 de octubre pasado y agredieron a cerca de veinte personas de Oxcum que se mantenían en vigilancia sobre terrenos de ese ejido en litigio para a evitar que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY) introduzca maquinaria a trabajarlos.
El equipo Indignación tuvo conocimiento de la detención y del traslado de los detenidos hacia el edificio de la S.P.V., donde se retuvo ilegalmente a don Ildefonso Dzul García, don Gonzalo García, don Abelardo Cobá y Wilbert López Castro, quienes hasta las ocho de la noche fueron trasladados al edificio de la Procuraduría de Justicia del Estado.
Durante el operativo resultaron lesionadas, además de los detenidos, don Juan Poot, doña Felipa Poot, doña Dulce María Chuil Mena y doña Rosario Dzul, entre otras personas.
En las afueras de la SPV entrevistamos a familiares de los detenidos y personas que participaron en los trabajos de vigilancia sobre las tierras y constatamos los golpes y lesiones que dejaron huellas visibles.
A la detención ilegal, la violación al derecho a la integridad física y el abuso de fuerza por parte de los policías, se sumó el hostigamiento e intimidación de policías judiciales hacia una observadora de derechos humanos del Movimiento de Cultura Popular, Eva Macossay, quien al llegar a la procuraduría tomó fotos de la camioneta en la que venían los detenidos.
Una vez en el estacionamiento de la procuraduría, el coche en el que se trasladaba Eva fue interceptado por un coche blanco con cristales polarizados y ella fue obligada por personas que se identificaron como judiciales a bajar de su vehículo y mostrar su identificación, lo que contraviene el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que señala que “Nadie puede ser molestado en su persona, domicilio o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente.”
El equipo Indignación deplora las violaciones a las garantías y derechos humanos descritas, exige una investigación inmediata y la sanción de los responsables, así como respeto irrestricto hacia el trabajo de observación y defensa de los derechos humanos.
Este equipo también hace notar que de manera reiterada el actual gobierno ha utilizado el edificio de la SPV como sitio de detención, lo que es ilegal.
Por otra parte, este equipo no puede dejar de observar y señalar que las compras de tierra promovidas por el gobierno del Estado y ejecutadas a través de intermediarios, además de constituir una política de despojo al territorio del pueblo maya, se han hecho a través de mecanismos antidemocráticos y corruptores que han generado una profunda división en comunidades y ejidos mayas.
Estas adquisiciones de tierras en pueblos mayas cuyos derechos no están reconocidos y que viven en condiciones de pobreza extrema pueden adquirir forma legal pero resultan ilegítimas. El equipo Indignación denuncia y deplora el hecho de que el gobierno del Estado no sólo no cuente con una política integral para proteger los territorios del pueblo maya y respetar su derecho a decidir sobre sus tierras, sino que él mismo participe en el despojo y lo propicie.
