CC. Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos
Congreso del estado de Yucatán.
Quienes suscribimos la presente nos oponemos a la ratificación del C. Jorge Victoria en el cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán, pues su actuación al frente de dicho organismo público ha sido deplorable. Sus omisiones y su pésima actuación ha desprotegido a la ciudadanÍa cuyos derechos se ven afectados y ha protegido a las autoridades responsables.
Reiteradamente hemos hecho llegar al Congreso información que acredita la ineficiencia de la actual administración de la Codhey, así como de la impericia y negligencia de su presidente. Los derechos humanos de quienes habitamos en el estado de Yucatán se ven severamente amenazados al no existir una institución independiente e imparcial que los proteja y que exhiba y documente las violaciones y la responsabilidad de quienes los vulneran.
Esta información ha sido remitida en distintos momentos por organizaciones civiles de derechos humanos tanto estatales como nacionales. De hecho, existe una demanda de juicio político presentada por 12 organizaciones de la sociedad civil del estado de Yucatán, ante la cual el Congreso del Estado ha sido negligente y también ha incurrido en responsabilidad pues, Más de un año después de presentada, no ha dictaminado sobre su procedencia.
El Equipo Indignación ha presentado un análisis de gestión del Ombudsman, documentando su impericia, su dilación y su permanente negligencia (2007).
Uno de los casos Más escandalosos que prueba la negligente y criminal actuación del Ombudsman es un caso de tortura en el edificio de la SPV. Un joven obtuvo evidencias de tortura en enero de 2006. Junto con ese joven, Indignación presentó la queja ante la Codhey. Jorge Victoria laboraba Ahí. Cinco meses después fue nombrado presidente. Diecisiete meses le tomó a la Codhey emitir una inocua recomendación. El actual ombudsman no tiene ningún respeto por la vida ni por la integridad física ni por los derechos humanos de las personas. El joven que documentó y denunció tortura trabajaba en el gobierno del Estado y fue despedido de su trabajo. La Codhey, con Jorge Victoria de presidente, adujo meses después que no podía intervenir en casos laborales.
Sólo puede ratificar al Ombudsman en su cargo quien esté interesado o interesada en proteger a las autoridades y garantizarles impunidad.
Incumplir sus obligaciones, soslayar la demanda presentada por organizaciones de la sociedad civil, desdeñar la documentación de las irregularidades en las que incurre cotidianamente el presidente de la Codhey hace incurrir al Congreso del Estado en graves responsabilidades. El Congreso estaba obligado, de acuerdo con su ley y con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado, a dictaminar a la brevedad la demanda, a través de su Comisión de Puntos Constitucionales. Un año y tres meses después de presentado el Juicio, no lo ha hecho.
La demanda de Juicio Político se presentó “por las graves y reiteradas violaciones a la ley y al reglamento de la Comisión de Derechos Humanos en las que ha incurrido el presidente de la Codhey, que han hecho incumplir a este organismo los objetivos para los que fue creado, han ocasionado la desprotección de personas agraviadas y han propiciado la impunidad de autoridades que han violado los derechos humanos”, sostiene el comunicado emitido entonces.
Algunas de las reiteradas violaciones y omisiones sistemáticas señaladas en el juicio político son:
1) Violación sistemática a los plazos que, según la Ley de la Comisión y su Reglamento, tiene la Codhey para resolver las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que se le presentan.
2) Violación al procedimiento establecido en la Ley de la Codhey al momento de realizar sus investigaciones y emitir sus recomendaciones.
3) Ausencia de publicidad de sus recomendaciones.
4) Ausencia de Informes y recomendaciones generales.
5) Incapacidad y negligencia de sus funcionarios.
“La insensibilidad de los visitadores al momento de entrevistar a las víctimas, la falta de médicos especializados que documenten adecuadamente casos de torturas y tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, el desconocimiento y la parcialidad de los funcionarios hacia la autoridad son conductas sistemáticas cometidas por la Comisión que redundan en el servicio que presta la institución, revictimizan a quien ya ha sido víctima de una violación a derechos humanos y hacen ineficaz la función de la comisión como instituto encargado de proteger los derechos humanos.”
La cuestionable y cuestionada actuación del Ombudsman incluso llevó a tres consejeros de la Codhey a renunciar, a fines de 2008. Antes de su renuncia, los ex Consejeros entregaron documentación a los integrantes de esta Comisión que exhibía irregularidades en la administración, funcionamiento y eficacia de la Institución Pública de Derechos Humanos. Ni siquiera esa renuncia colectiva ni lo documentado por los ex Consejeros, ha motivado al Congreso a realizar una revisión exhaustiva en el actuar del Lic. Jorge Victoria.
A la negligente actuación del titular de la Codhey documentada y presentada en la demanda de Juicio Político hace Más de un año, se suman las omisiones en las que ha persistido de entonces a esta fecha, entre las que destaca su complicidad ante propuestas de ley que constituyeron discriminación contra mujeres, personas homosexuales e incluso contra personas solteras. Este Último hecho fue exhibido por la UNICEF, quien señaló las graves implicaciones que la reforma que “protegía la familia” tenía, pues impedía que niños y niñas pudiesen tener la posibilidad de ser adoptados por hombres y mujeres solteras, afectando también el derecho de Éstos a adoptar. La Codhey, ante la petición expresa de que presentase un recurso contra dicha ley, afirmó que no notaba discriminación en la reforma mencionada, lo cual exhibe el grave desconocimiento del Ombudsman en esta materia así como su ineficiencia y su incapacidad para proteger derechos humanos elementales.
De manera reciente, y tal como se dio a conocer públicamente, resulta lamentable el ominoso silencio que la Institución Pública de Derechos Humanos ha mantenido ante acusaciones de tortura denunciada por personas detenidas en el marco del reciente proceso electoral.
El Congreso no ha cumplido con su obligación de dictaminar la demanda de Juicio Político ni de revisar la actuación del Ombudsman. Ante esto, los suscritos advertimos el grave riesgo en el que se encuentra la institución pública de derechos humanos ante una posible ratificación de su actual Presidente e insistimos en que, de ratificarse para otro período de cuatro años, se exhibirá nuevamente el desprecio que las y los legisladores tienen para con los derechos humanos en la entidad y se afectarán los derechos de las y los habitantes del estado quienes debieran contar con una institución de derechos humanos independiente, imparcial y efectiva.
La determinación sobre quién ocupará la presidencia de la CODHEY debe sustentarse en un proceso abierto, plural y transparente, que garantice la participación de organizaciones vinculadas precisamente al tema, en el cual se elija a una persona con una trayectoria ciudadana, que tenga probada experiencia en el tema de los Derechos Humanos y clara independencia de los actores y partidos políticos, tal como lo establecen los Principios de París y la propia Ley de la CODHEY.
Atentamente,
Por Indignación. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
Ma. Cristina Muñoz Menéndez, Martha Capetillo Pasos
