Mérida, Yucatán; 2 de octubre de 2001

COMUNICADO DE PRENSA

La designación del Ombudsman

Las numerosas personas y organizaciones que participaron en el Foro de consulta para reformar la Ley de la Comisión de Derechos Humanos coincidieron en un punto fundamental: para garantizar la autonomí­a e independencia del Ombudsman, el Ejecutivo debe estar absolutamente al margen del nombramiento.
El asunto cobra especial relevancia en este momento, puesto que desde marzo pasado concluyó el perí­odo de quien fuera titular de la Codhey. Desde ese entonces, un presidente provisional, interino o sustituto ocupa la presidencia, al parecer de forma ilegal, dado que quien por ley debe sustituir al presidente es el director de procedimientos y, al menos hasta diciembre de 2000, ese cargo lo ocupaba Armando Durán Coello, según consta en un escrito recibido en esta oficina en la fecha señalada.
Para mayor gravedad, a las múltiples ineficiencias e irregularidades cometidas por el anterior titular de la Codhey “documentadas por el Equipo Indignación en la demanda de juicio polí­tico presentada ante la legislatura pasada” se suman las declaraciones discriminatorias en contra de las personas que viven con VIH/SIDA hechas por el Sr. Omar Ancona Capetillo, presidente “provisional” o sustituto del organismo.
Hoy por hoy la Comisión de Derechos Humanos se encuentra en una situación irregular y, posiblemente, ilegal. ¿Le toca al Gobierno del Estado remover al titular precisamente cuando está en marcha un proceso para revisar la ley que crea la Comisión de Derechos Humanos y que seguramente le retirará al Gobernador la facultad de proponer a quien ocupe la presidencia de dicha comisión?
La situación no es sencilla. Si se nombra a un presidente con la ley actual, el titular de la Codhey carecería de la legitimidad que le otorgarí­a un nombramiento hecho por el Congreso, basado en propuestas de organizaciones ciudadanas. Por otra parte, si se espera hasta que el Congreso reforme la actual ley “lo que, según las últimas declaraciones de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, podrí­a ocurrir hasta enero del 2002”, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán continuará teniendo, como presidente, a quien ocupa ese cargo de forma ilegal y cuyas declaraciones lo muestran incapaz de presidir, precisamente, el organismo público de protección de los derechos humanos.
Tenemos conocimiento de que decenas de organizaciones nacionales e internacionales se han dirigido al titular del Ejecutivo exigiéndole la inmediata remoción del presidente provisional de la Codhey. Copias de esas cartas han llegado a la oficina de este equipo desde julio pasado, cuando trascendieron las declaraciones del Lic. Omar Ancona Capetillo contra quienes viven con VIH/Sida.
La opinión del Equipo Indignación es a favor de que el nuevo titular de la Codhey sea nombrado una vez que se reforme la ley de la Comisión de Derechos Humanos, precisamente para que el Titular del Ejecutivo está al margen del nombramiento. Además, si el Congreso asume las propuestas hechas por este Equipo, el titular no tendrí­a que ser necesariamente abogado, lo que permitirí­a que personas con reconocida trayectoria en el ámbito de los Derechos Humanos y con conocimientos suficientes en la materia pudieran presidir el organismo.
Sin embargo este equipo es consciente que, de considerarse su opinión, se prolongarí­a en Yucatán la ausencia de una Comisión de Derechos Humanos que realmente cumpliera con su labor y continuará al frente de dicha institución alguien que, a todas luces, está incapacitado para presidirla.
Es también propuesta de Indignación que el Ombudsman debe ser aprobado por las tres cuartas partes de los legisladores. Esto obliga a que, para designar al titular, los distintos partidos representados en el Congreso busquen un consenso y seleccionen al candidato idóneo.
Pero esto supone también un trabajo legislativo serio, que sea capaz de superar el interés partidista y busque, no a un cómplice de las autoridades, como sucedió con el anterior titular, si no a la personas cuya trayectoria garantice a la población que sus derechos serán protegidos.
A pesar de que la exigencia de las tres cuartas partes entraña el riesgo de que algunos diputados o diputadas pudieran “secuestrar” o “empantanar” el proceso, el requisito es la forma para evitar que algún partido “mayorite” la selección para su beneficio.
En todo caso, aun cuando el Gobierno del Estado decidiera no esperar al cambio de ley, el proceso de selección tendrá que ser público y transparente y el gobierno tendrá que encontrar los mecanismos para que sea así­ y para escuchar propuestas de la sociedad civil.
El Equipo Indignación hace un atento llamado a los diputados y diputadas de la actual legislatura para que atiendan esta urgencia y se den a la tarea de reformar la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.
Confiamos en que, si hay interés y voluntad política, muy pronto podría estar lista la reforma y, de esa manera, el nombramiento del nuevo titular contarí­a con la legitimidad necesaria para ejercer su función.