14 de agosto de 2007
Comunicado del equipo Indignación
En la 28 reunión del Consejo Internacional de Amnistía Internacional, celebrada el reciente fin de semana en Yautepec, Morelos, y que contó con la participación de aproximadamente 400 delegados de 70 países, la principal organización no gubernamental a nivel internacional hizo un llamado mundial para que sus miembros exijan al gobierno mexicano que se investiguen diversas violaciones a los derechos humanos generadas desde el ámbito de la justicia penal y la seguridad pública en México.
Uno de los casos señalados por Amnistía Internacional (AI) fue el de don Ricardo Ucán Seca, indígena maya preso en el Cereso de Tekax, Yucatán desde hace más de siete años, cuando fue procesado y sentenciado en franca violación a sus derechos al debido proceso, principalmente el de contar con una defensa adecuada y con intérprete-traductor. Ricardo Ucán, junto con Germán Mendoza Nube (parapléjico) y Ramiro Aragón, ambos detenidos en Oaxaca; de José Gregorio Arnulfo Pacheco (quien padece una enfermedad degenerativa que lo tiene en silla de ruedas), Bárbara Italia Méndez (quien fue violada sexualmente por policías) y Pedro Alvarado Delgado, aprehendidos por los hechos en San Salvador Atenco, son ejemplos vivos de la impunidad que persiste en casos de graves violaciones a derechos humanos en México, y de la inexistencia de un sistema de justicia penal independiente e imparcial que investigue y sancione al victimario y no a la víctima.
Desde que se dieron a conocer públicamente las violaciones a derechos humanos cometidas contra don Ricardo Ucán, AI ha dado un puntual seguimiento a su situación; su caso fue incluido en el Último informe de AI sobre la justicia en México como un ejemplo claro de las violaciones al debido proceso a las que se tienen que enfrentar quienes pertenecen a alguna comunidad indígena del país.
El equipo Indignación considera que el llamado de AI debiera ser escuchado también por el Congreso del Estado de Yucatán, al cual le reiteramos la urgente necesidad de legislar en torno a la figura del indulto, necesidad que también ha sido señalada por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos y las Libertades fundamentales de los indígenas cuando en enero del presente año envió una solicitud a los tres poderes del estado de Yucatán para que establecieran medidas para resarcir violaciones a derechos humanos cometidas contra indígenas mayas, como fue el caso de Ricardo Ucán.
(Con información de La Jornada)
