El uso del aparato de procuración de justicia como represalia y medio de coacción contra ejidatarios de Halachó que defienden sus tierras fue denunciado por Indignación ante el Fiscal General del Estado, Ariel Aldecua Kuk, en un escrito en el que, además, se le hace notar que, al permitir denuncias sin fundamento, la propia fiscalía estaría criminalizando a los campesinos, casi todos mayores de sesenta años, y cediendo ante los propósitos del empresario que pretende hostigarlos.
Ejidatarios de Halachó enfrentan desde hace 5 años un hostigamiento judicial por parte del señor Herbert Zumárraga, quien a raíz de la adquisición de la Quinta San Jerónimo Kuncheila, se arroga la propiedad de una extensión mucho mayor de hectáreas que rodean la quinta.
En la carta dirigida al fiscal, Indignación enfatizó que el asunto es de naturaleza agraria por lo que se le exigió detener la criminalización y el hostigamiento judicial, garantizar la integridad de los ejidatarios, determinar el no ejercicio de la acción penal en dos averiguaciones y desistirse de la causa penal que se encuentra ya en el juzgado.
Son más de 40 campesinos están siendo criminalizados, puesto que el señor Zumárraga ha interpuesto denuncias acusándolos falsamente y sin pruebas de daño en propiedad ajena y robo (de postes), en expedientes llenos de irregularidades.
Entre las irregularidades que son evidentes en los expedientes resaltan que las denuncias están interpuestas por el señor Zumárraga, quien no vio los hechos; violan el principio de presunción de inocencia y se integraron sin prueba alguna que señale a algún responsable; los testigos son trabajadores del señor Zumárraga; sus declaraciones son idénticas, lo que por norma obliga a sospechar de la veracidad de las declaraciones; el principal testigo de cargo, que era trabajador del señor Zumárrraga, ya se desistió de sus acusaciones.
Lamentablemente la fiscalía ha permitido que prosperen demandas a pesar de la vaguedad, la falta de pruebas y lo absurdo de las acusaciones, además de que la mayor parte de los inculpados tiene más de sesenta años e incluso algunos ya fallecieron.
Efectivamente, tres acusaciones contra más de cuarenta ejidatarios mayores de edad criminalizan a quienes están siendo despojados de sus tierras e intentan defenderse. Estas acusaciones han derivado en múltiples perjuicios para el ejido y para los campesinos mayas, puesto que han enfrentado detenciones y costos muy altos por cauciones excesivas para poder estar en libertad, a pesar de no cuentan con recursos puesto que son campesinos que se dedican a sembrar principalmente la milpa.
La primera acusación penal contra campesinos de Halachó fue presentada en abril de 2010 por daño en propiedad, supuestamente por haber destruido una cerca de púas, pero lo absurdo es que procediera a pesar de que se acusa a personas que fueron señaladas después de interpuesta la denuncia, sin que haya pruebas o deslinde de la responsabilidad, lo que hace evidente que se acusa falsamente. Después de ésta, se han presentado dos demandas más, contra cuarenta campesinos. Se les ha acusado sin pruebas y han sido detenidos algunos de ellos. A través de amparo y de pago de multas están en libertad en este momento, pero permanentemente amenazados.
En el escrito, Indignación hizo notar al Fiscal que criminalizar a un grupo de ejidatarios que han trabajado en el espacio territorial en pugna de manera ininterrumpida y que están dirimiendo su conflicto por las vías pertinentes, implica, además de la utilización de los órganos de procuración de justicia como instrumento de amenaza e intimidación, situar a los campesinos en una posición de desventaja en la resolución de un conflicto que debería resolverse por las vías agrarias respectivas.
Lo anterior pareciera exhibir que el gobierno del estado, a través de la Fiscalía General, se está posicionando a favor de uno de los actores, en detrimento y perjuicio de un grupo social en histórica situación de discriminación como lo son los campesinos mayas, cuando, consideramos, debería ser lo contrario.
Finalmente insistimos en que el sistema de justicia penal, debe enfocarse en la investigación, persecución y sanción de aquellos delitos que representan un agravio a la sociedad, y no ser herramienta de coacción frente a colectivos que están reclamando sus derechos.
La carta se envió al fiscal con copia al Gobernador, a la Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Oficina para México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-México)
