27 de Agosto de 2002
El Varejón, boletín mensual del Equipo Indignación A.C., en su edición de agosto “que se encuentra actualmente en la imprenta y comenzará a distribuirse a partir del próximo fin de semana”, ofrece un análisis del primer informe de gobierno desde la perspectiva de los derechos humanos, así como una lectura desde cada una de las áreas del Equipo: Fortalecimiento de la Sociedad Civil, Pueblo Maya, Grupos Vulnerables, Género y Procuración de Justicia.
Con el objetivo de facilitar la difusión de este análisis, hacemos llegar un breve resumen, así como los artículos de este Varejón en los que se analiza el Primer Informe de Gobierno de la administración 2001-2007.
LA GLOSA CIUDADANA DEL INFORME
Este primer informe aborda temas que preocupan a la sociedad civil. Mencionar a las/los indígenas, a los seropositivos, a las mujeres, a los “derechos humanos” como urgencias muestra que el gobierno comienza a recibir y manejar los temas que la sociedad civil ha logrado colocar en la opinión pública local y nacional. Ese mismo lenguaje, sin embargo, resulta contradictorio al no poder recuperar, en alguno de los rubros presentados en el informe, algún proyecto que pueda evaluarse con criterios de impacto.
Los indicadores que se presentan en un anexo son cuestionables: frente al enorme reto de “crear una nueva relación entre los pueblos indios y el gobierno”, el indicador es el número de funcionarios que hablan la lengua maya.
En el rubro de procuración de justicia hay una deficiente lectura del indicador, que lleva a conclusiones que pueden ser erróneas. Se concluye que la gente está satisfecha con el servicio que presta la procuraduría debido a que sólo hubo, en promedio, dos denuncias mensuales en contra de funcionarios de la PGJE.
El Equipo INDIGNACIÓN reconoce como un acierto la transformación del Instituto de la Mujer de Yucatán (IMY) en el Instituto para la Equidad y el Género de Yucatán (IEGY). Este cambio promete impulsar una perspectiva de género en todas las instancias de gobierno. Por lo pronto, el apartado de género permite confirmar la escasa presencia femenina en la administración estatal (18 por ciento), presencia que es todavía más escasa en niveles de decisión.
Asimismo, reconocemos el esfuerzo que la actual administración ha puesto en difundir el informe y hacerlo accesible a la ciudadanía.
DERECHOS HUMANOS EN EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO: LA IMPUNIDAD PERSISTENTE
La actual administración ha recibido tres recomendaciones de la CNDH por actos de administraciones pasadas y una recomendación general, sin embargo ni un solo funcionario ha sido sancionado.
Al leer este primer informe nos enteramos de que al menos la impunidad administrativa está garantizada en los casos de la Escuela Social de Menores Infractores y en el caso de discriminación de que fueron objeto personas con VIH/Sida por parte de personal del Hospital O’Horán, puesto que ya prescribió la facultad de la Contraloría del Estado de imponer sanciones.
No ha habido, por parte del gobierno del Estado, información clara con respecto al seguimiento de las recomendaciones. De hecho, según el informe, desde mayo la Contraloría determina que ya prescribió su facultad de imponer sanciones, pero el 10 de junio aparece una nota en la que el titular de la Contraloría declara que “el expediente está abierto y todo parece indicar que sí hay responsabilidad de los servidores públicos involucrados en la denuncia”.
Además continúan en sus cargos personas que, según las recomendaciones de la CNDH, participaron o fueron cómplices de violaciones a los derechos humanos.
Lamentamos que continúen impunes los responsables de violaciones a derechos humanos. Este rubro califica el compromiso de la actual administración con la vigencia de los derechos humanos.
Estos casos ameritan un informe más detallado por parte del Gobierno del Estado. Está obligado a dar cuentas de por qué continúan en sus cargos los responsables de estas violaciones y por qué no se han cumplido todos los puntos de las recomendaciones.
EL INFORME Y EL VIH/SIDA
El informe señala que “se desarrollaron campañas orientadas a evitar la violación de los derechos humanos de las personas afectadas por el VIH-SIDA” y hace también referencia a acciones preventivas. Sin embargo, no conocemos ninguna estrategia de prevención que desarrolle la Secretaría de Salud y que vaya más allá de algunas pláticas aisladas y de la repartición de propaganda en algunos lugares públicos.
Si bien se celebra el empeño de la actual administración para que el COESIDA cumpla con la función y se reconocen los esfuerzos del gobierno estatal para otorgar nuevos esquemas de tratamiento para las personas afectadas por el VIH/Sida, también hay que decir que han sido las presiones internacionales hacia México las que han hecho que el Gobierno se vea obligado a cumplir con los pactos que ha firmado.
