13 de noviembre de 2001

Balance del Equipo Indignación sobre las elecciones en comisarí­as

El domingo 11 de noviembre se realizó en las comisarías del municipio de Mérida una consulta para designar a las autoridades de esas localidades. Frente a ese proceso, el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN expresa las siguientes consideraciones:

1.Celebramos el ejercicio de consulta previo a la designación de los comisarios o comisarias.
2.Alertamos, sin embargo, del peligro que entraña la designación misma. La alcaldesa ha ofrecido respetar los resultados de la consulta, ofrecimiento que recuerda que no está obligada a hacerlo; consideramos que este respeto no debe estar sujeto a la buena o mala voluntad de la autoridad en turno, sino que debiera ser una obligación.
3.Consideramos impostergable el reconocimiento, en la constitución del estado de Yucatán, del derecho de los habitantes de las comisarí­as a elegir a sus autoridades, así­ como la regulación de dicho proceso en los reglamentos de los municipios. La ausencia de legislación en la materia es fuente de confusión e, incluso, de arbitrariedades o de falta de claridad y certezas para resolver problemas que se vayan presentando.
4.Citamos, como ejemplo de la falta de certeza y claridad en el proceso, la conformación del Consejo Ciudadano que tuvo a su cargo la organización de las elecciones. Si bien reconocemos el esfuerzo que dedicaron a este proceso, no podemos dejar de expresar el riesgo que entraña su arbitraria designación. Algunos regidores incluso han afirmado que el cabildo no conoció ni aprobó dicho nombramiento. Tampoco participaron en la presentación de propuestas o como integrantes del Consejo los habitantes de las comisarí­as. Desde la perspectiva del Equipo INDIGNACIÓN resulta por lo menos extraño que en el Consejo Ciudadano no estuvieran presentes personas de las mismas comisarí­as. La imagen de habitantes de la ciudad de Mérida organizándoles las elecciones a los habitantes de las comisarías lesiona, vicia la relación entre los pueblos y las autoridades de la ciudad.
5.Es necesario construir una nueva relación entre el municipio y las autoridades de las comisarías. Los comisarios y comisarias electas son, de hecho, autoridades para quienes los eligieron. Sin embargo la ley y, lamentablemente, también la práctica de varios presidentes municipales y regidores, los han considerado como autoridades auxiliares o como “representantes” de la presidenta municipal, en este caso. Es necesario reconocer en la ley el carácter de autoridad que los habitantes de las comisarí­as le otorgan a los comisarios.
6.En ese mismo sentido exhortamos a la alcaldesa y a los regidores a revisar y clarificar la función de los consejos comunitarios, pues personas de las comisarías han expresado su preocupación al verlos como instrumentos del Ayuntamiento para restarle autoridad y funciones a los comisarios o comisarias.
7.Exhortamos a los regidores y alcaldes de los municipios de Yucatán y al Congreso a revisar los reglamentos vigentes a la luz de los derechos de los pueblos indios y a consultar a los habitantes de las comisarí­as para adecuar las leyes y reglamentos a los legí­timos reclamos del pueblo maya.
8.Por último, notamos que en algunas comisarí­as la participación fue elevada y en otras hubo abstención. Consideramos que la participación de los habitantes de las comisarí­as debe reflexionarse atendiendo a las circunstancias de cada comunidad.