Al ratificar en su cargo al jefe de la Policía Municipal de Mérida, la alcaldesa Angélica Araujo avala graves violaciones a los derechos humanos y envía un mensaje de represión e impunidad.
Por segunda ocasión consecutiva es ratificado en su cargo quien estaba al frente de la Policía Municipal de esta ciudad cuando agentes de esta corporación, junto con la policía estatal, detuvieron violenta e ilegalmente, mediante una razzia, a decenas de jóvenes en el contexto de las manifestaciones contra George Bush en marzo de 2007.
El 13 de marzo de ese año, a raíz de algunos daños ocasionados por un puñado de manifestantes, agentes de la policía municipal y estatal detuvieron a cuarenta y ocho jóvenes basándose en su aspecto e infligieron tratos crueles e inhumanos a la mayor parte de los detenidos.
Instancias estatales y municipales de los Ámbitos ejecutivo y judicial participaron en lo que resultó un grotesco proceso de criminalización de la protesta social y de castigo a la diferencia.
Con la ratificación del Señor Calero Reyes, la alcaldesa envía un mensaje de represión e impunidad y parece anunciar la continuación de la utilización de la fuerza pública contra la ciudadanía.
Entre los testimonios que el equipo Indignación recogió en marzo de 2007, sobresale el de un joven que, después de ser detenido con violencia y golpeado durante el trayecto, fue trasladado al edificio de la policía municipal de Mérida.
De acuerdo con su propio testimonio, ahí­ fue  tirado al suelo al bajar de la camioneta y “zapateado” por varios policías. En el trayecto a la celda fue golpeado brutalmente por una cantidad indeterminada de agentes. El equipo Indignación pudo observar en Éste y otros jóvenes huellas de golpes incluso varios días después de ser detenidos.
Otro de los testimonios recogidos por Indignación señala que a varios de los jóvenes detenidos y trasladados al edificio de la policía municipal de Mérida los metieron debajo de las camas “estibados» unos sobre otros.
Casi todos coinciden en señalar que en el edificio de la policía municipal los recibieron varios agentes con golpes mientras los iban bajando de la camioneta que los trasladó a este lugar, además de la ilegalidad que supone que hayan sido llevados precisamente a ese edificio y retenidos ilegalmente en Él por Más de ocho horas, incomunicados y sin respetárseles el derecho a realizar una llamada.
Más aún, testimonios recabados entre quienes estuvieron detenidos en la policía municipal, indican que “altos mandos de la policía observaban mientras nos golpeaban”.
El Ayuntamiento encabezado entonces por Manuel Fuentes Alcocer presentó una elevada cantidad como “daños” para impedir que los jóvenes procesados tuvieran derecho a fianza y después condicionó una reducción del monto al desistimiento de los jóvenes de su queja ante la Codhey.
Al igual que lo hizo César Bojórquez, al ratificar como director de la Policía al señor Francisco Calero, la alcaldesa avala la ilegalidad y premia la represión y las violaciones a las garantías individuales.
Quien esté a cargo de la Policía municipal debe tener como principal tarea el garantizar la seguridad pública de todas y todos los ciudadanos de Mérida, pero siempre bajo los Más altos estándares de respeto a los derechos humanos.
La Codhey emitió la recomendación 19/2007, aunque Ésta fue tardía, omisa y torpe. Se emitió siete meses después de ocurridos los hechos; inicialmente publicó los nombres de los menores y, al ser denunciada por el Equipo Indignación ante el Instituto de Acceso a la Información, puso iniciales en vez del nombre de los agraviados y, en una nueva torpeza ¡Dejó Únicamente con iniciales el nombre de los agentes señalados como responsables de las violaciones!
Con toda su tardanza y torpeza, incluso la Codhey señaló a agentes de la policía municipal y estatal entre los directamente responsables de infligir a las y los detenidos golpes que no son producto de la resistencia a una detención.
Adicionalmente, en esa administración la policía de Mérida fue frecuentemente denunciada por sus abusos contra jóvenes molestados por su forma de vestir o por su aspecto físico, lo que implica discriminación.
Indignación deplora el nombramiento. Sin pleno respeto a los derechos humanos no se puede garantizar seguridad a la ciudadanía.