20 de junio de 2007
Comunicado del equipo Indignación
Anuncia impunidad
César Bojórquez avalaría violaciones a los derechos humanos: Indignación
Con el anuncio de que mantendrá al actual jefe de la policía municipal de Mérida en la próxima administración, el alcalde electo César Bojórquez podría avalar graves violaciones a los derechos humanos y parece anunciar la continuación de la utilización de la fuerza pública contra la ciudadanía.
Con gran preocupación el equipo Indignación se ha enterado de la intención de mantener en su cargo a Francisco Calero Reyes, actual jefe de la policía municipal acusada, junto con la policía estatal, de infligir tratos crueles e inhumanos que podrían constituir tortura contra jóvenes detenidos en la razzia realizada el pasado trece de marzo, en el contexto de las manifestaciones contra George Bush en Mérida.
Entre los testimonios que el equipo Indignación recogió sobresale el de un joven que, después de ser detenido con violencia y golpeado durante el trayecto, fue trasladado al edificio de la policía municipal. Según su propio testimonio, ahí fue tirado al suelo al bajar de la camioneta y “zapateado” por varios policías. En el trayecto a la celda fue golpeado brutalmente por una cantidad indeterminada de agentes. El equipo Indignación pudo observar en éste y otros jóvenes huellas de golpes incluso varios días después de ser detenidos.
Entre los testimonios recogidos por Indignación también se señala que a varios de los jóvenes detenidos los metieron debajo de las camas “estibados” unos sobre otros. Casi todos coinciden en señalar que en el edificio de la policía municipal los recibieron varios agentes con golpes mientras los iban bajando de la camioneta que los trasladó a este lugar, además de la ilegalidad que supone que hayan sido llevados precisamente a ese edificio y retenidos ilegalmente en él por más de ocho horas, incomunicados y sin respetárseles el derecho a realizar una llamada.
Ni el actual alcalde ni el actual titular de la policía municipal han hecho pública alguna investigación sobre los hechos para sancionar a los agentes que violaron derechos humanos, lo que de hecho lo hace incurrir ya en responsabilidad y debiera ser motivo suficiente para evitar su continuación en el cargo. Más aún, testimonios recabados entre quienes estuvieron detenidos en la policía municipal, indican que “altos mandos de la policía observaban mientras nos golpeaban”.
El asunto es más grave cuanto que la actual administración municipal encabezada por Manuel Fuentes solicitó expresamente a los jóvenes que se desistieran de sus quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán e incluso condicionó la reducción del monto de los daños a dicho desistimiento. Para el equipo Indignación, con esa acción el municipio de Mérida aceptó tácitamente la Comisión de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía Municipal e intentó obstruir una investigación para garantizarse impunidad.
La propia Codhey también ha contribuido a propiciar la impunidad al retrasar el resultado de sus investigaciones y la emisión de una recomendación. De hecho no ha realizado algún pronunciamiento relacionado con el desistimiento de algunos de los jóvenes que fueron presionados por el municipio de Mérida para hacerlo.
El actual Ayuntamiento de Mérida también ha incurrido en discriminación y otras violaciones a los derechos humanos al realizar operativos para detener, a través de razzias o redadas, a personas que se encuentran en el centro de la ciudad de Mérida, como denunciaron públicamente diversas agrupaciones en septiembre de 2006. Las razzias son siempre ilegales. Contravienen el artículo 16 constitucional que establece que nadie puede ser molestado en su persona ni en sus posesiones si no es por mandato escrito de la autoridad competente pero, además, implican discriminación pues la policía detiene a personas arbitrariamente, basada en su aspecto.
El Alcalde electo tiene la obligación de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por la administración anterior, sancionarlas y evitar la impunidad de quienes resulten responsables. Por el contrario, dar continuidad a un funcionario de seguridad pública acusado de participar y/o convalidar discriminación, detenciones arbitrarias, retenciones ilegales y tratos crueles que podrían constituir tortura sería una clara señal de que para la próxima administración municipal los derechos humanos tampoco son prioritarios.
Quien esté a cargo de la Policía municipal debe tener como principal tarea el garantizar seguridad pública de todas y todos los ciudadanos de Mérida, pero siembre bajo los más altos estándares de respeto a los derechos humanos, situación cuestionada y no esclarecida en el caso del todavía director de la Policía Municipal.
En tal virtud, Indignación hace un llamado al Presidente municipal electo para que reconsidere su decisión y designe para un cargo tan importante a una persona que no sólo tenga conocimientos en la materia, sino que cuente con la capacidad y la solvencia para desarrollar esta tarea con total respeto a la dignidad humana.
De igual manera le recordamos que, si de lo que se trata es de contar con una Policía Municipal eficiente y profesional, una de sus primeras acciones deberá ser la investigación de las violaciones a derechos humanos que han sido imputadas a la Policía municipal, empezando por las cometidas el día 13 de marzo.
El equipo Indignación se mantendrá atento a la actuación del próximo Alcalde en esta materia, pero desde ahora deploramos la intención de mantener en su cargo a una persona acusada de graves violaciones a los derechos humanos en hechos en los que, incluso, se ha intentado obstruir una investigación.
