Informe especial del Equipo Indignación

Hace precisamente un año, con la publicación de la recomendación 10/2002 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los abusos, tratos crueles y otras graves violaciones a los derechos humanos de los menores internos en la Escuela Social de Menores Infractores salieron a la luz pública.
Por la importancia que reviste el caso, por la gravedad de las violaciones cometidas contra las niñas y niños ahí internos y por el ejercicio de poder que exhibe, el Equipo de Derechos Humanos INDIGNACIÓN A.C. presenta un informe especial acerca de la recomendación 10/2002 y del seguimiento que se le ha dado.
La actual administración “analiza el informe” tuvo una actuación desigual: por una parte aceptó inmediatamente la recomendación, pero retardó, injustificadamente, el cumplimiento de algunos de los puntos de la recomendación, como la obligación de contar con lugares para albergar a menores víctimas de delitos y de violencia intrafamiliar o como la elaboración del reglamento interno de la Escuela, que debí­a hacerse “a la brevedad” y que le llevó casi un año cumplir.
Al Equipo Indignación le resulta inadmisible que uno de los puntos de la recomendación, el iniciar una investigación para determinar la responsabilidad administrativa de servidores públicos involucrados en las violaciones a los derechos de los menores, no se haya podido realizar por impericia, negligencia o tardanza de la actual administración, ya que prescribió la facultad de la Contralorí­a de imponer sanciones.
La actual administración omitió, como la anterior, iniciar una investigación inmediatamente después de haber tenido conocimiento de los hechos presuntamente cometidos en la Escuela Social, a pesar de que el Equipo Indignación hizo pública la presentación de la queja a la C.N.D.H. por tortura y otros graves abusos cometidos contra menores y a pesar de que el Equipo solicitó expresamente a la actual administración iniciar una investigación.
Por otra parte, el cumplimiento de algunos de los puntos es, a juicio de este Equipo de Derechos Humanos, insatisfactorio. Al menos hasta el momento no tenemos conocimiento de que se esté investigando la probable responsabilidad de quien fuera Secretario General de Gobierno en el tiempo en que estos graves abusos se cometieron, a pesar de que sí­ sabemos que trabajadores de la Escuela Social de Menores Infractores hicieron de su conocimiento los tratos crueles que se infligí­a a las niñas y niños ahí­ internos.
Persisten, además, las condiciones que originaron violaciones a los derechos humanos de algunos menores. La ausencia de un lugar para albergar a niñas y niños víctimas de delitos, de violencia intrafamiliar y en desamparo, respectivamente, es ya una violación a los derechos de los menores y ocasionó, en el pasado, que algunas niñas y niños fueran internados en la Escuela de Menores Infractores donde sufrieron vejaciones y otras violaciones a sus derechos.
Al Equipo Indignación le preocupa, de manera particular, la posibilidad de que algunas de las violaciones cometidas contra los menores queden impunes y de que el acceso a la justicia no sea pleno. Los tratos crueles infligidos a algunos de los menores configuran, a juicio de este Equipo, el delito de tortura, delito que no está tipificado en Yucatán.
La C.N.D.H., por su parte, actuó con rapidez al dictar medidas cautelares unos días después de recibir la queja acerca de la Escuela Social, pero se tomó nueve meses en emitir la recomendación, tardanza inaceptable en un caso de extrema gravedad, como el que se describe en la propia recomendación.
A pesar de que ya transcurrió un año de la emisión de la recomendación; a pesar de la gravedad del caso, la actual administración no ha cumplido cabalmente todos los puntos de la recomendación 10/2002, relativa a la Escuela Social de Menores Infractores de Yucatán, se señala en el informe después de analizar, uno por uno, los incisos de la recomendación.
El informe del Equipo Indignación presenta las siguientes conclusiones y exhortaciones:

Conclusiones

1. El cumplimiento de algunos de los puntos de la recomendación 10/2002 de la C.N.D.H. es, a juicio de este Equipo de Derechos Humanos, insatisfactorio. Ha habido dilaciones injustificadas en el cumplimiento de algunos incisos lo que retardó casi un año su cumplimiento.

2. En otros puntos, como la investigación de la probable responsabilidad penal de algunos servidores públicos, hay omisiones graves: Al menos hasta el momento no tenemos conocimiento de que se esté investigando la probable responsabilidad de quien fuera Secretario General de Gobierno en el tiempo en que estos graves abusos se cometieron, a pesar de que sí­ sabemos que trabajadores de la Escuela Social de Menores Infractores hicieron de su conocimiento los tratos crueles que se infligí­a a las niñas y niños ahí­ internos.

3. Persisten, además, las condiciones que originaron violaciones a los derechos humanos de algunos menores: la ausencia de un lugar para albergar a niñas y niños víctimas de delitos, de violencia intrafamiliar y en desamparo, respectivamente.

4. Al Equipo Indignación le preocupa, de manera particular, la posibilidad de que algunas de las violaciones cometidas contra los menores queden impunes y de que el acceso a la justicia no sea pleno. Los tratos crueles infligidos a algunos de los menores configuran, a juicio de este Equipo, el delito de tortura, delito que no está tipificado en Yucatán.

Exhortaciones

1. Al Gobierno del Estado le urgimos a cumplir cabal y plenamente la recomendación 10/2002 de la C.N.D.H. Particularmente le urgimos a cumplir el punto cuatro de la recomendación y garantizar que en el Estado haya lugares adecuados para albergar a menores víctimas de delitos, de violencia intrafamiliar y desamparados, respectivamente.

2. A la titular del juzgado séptimo de defensa social le solicitamos, respetuosamente, cumplir con la obligación de garantizar que los delitos sean sancionados de acuerdo con su gravedad. México (y Yucatán es parte de México) está obligado a cumplir con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

3. A los legisladores les urgimos, nuevamente, a tipificar la tortura como delito. Además les hacemos un respetuoso llamado para garantizar que los próximos presupuestos de la administración estatal sean sensibles a los derechos humanos y a las necesidades de los grupos más vulnerables de la sociedad.

El Equipo Indignación entregó copias de este informe especial al Gobernador del Estado, a la Procuraduría de Justicia del Estado, a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, al Tribunal Superior de Justicia y al Juzgado Séptimo de Defensa Social.