29 de octubre de 2008

Campaña ¡No lo aceptamos!

Comunicado Conjunto de Infancia Común A.C., la Red por los Derechos de la Infancia,
Indignación A.C. y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos

Establecer una sentencia que implique un compromiso con la infancia, que esté de acuerdo con los más altos estándares en materia de derechos humanos, que implique resarcimiento del daño y combata la impunidad para que garantice que estos hechos no se repetirán es la petición que planteamos cuatro organizaciones, tres de ellas nacionales, ante los Magistrados que revisan el caso de la antigua Escuela Social de Menores Infractores.

Infancia Común, la Red por los Derechos de la Infancia, Indignación A.C. y la Red Todos los Derechos para Todas y Todos hemos seguido con atención el caso de los tratos crueles e inhumanos y graves violaciones a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes que entre noviembre de 1997 y agosto de 2001, estuvieron bajo la responsabilidad del Estado en la Escuela Social de Menores Infractores de Yucatán.

Como parte de este seguimiento en febrero pasado presentamos un Amicus ante los magistrados locales, para exponer la necesidad de que la sentencia atienda los más altos estándares y criterios internacionales en materia de derechos humanos, lo que incluye la reparación del daño a la infancia agraviada y castigo a las personas responsables de violar derechos humanos.

El Tribunal Superior de Justicia revisa actualmente la sentencia de la juez sexta que justificó los abusos y únicamente estableció una sanción de tres años para Rocí­o Martel, exdirectora y responsable directa, conmutables por diecinueve mil pesos, así­ como de un mes para su chófer, por encubrimiento.

A ocho meses de haber presentado el Amicus, y cuando se han vencido ya los tiempos para que el Tribunal emita su sentencia, hemos venido a entrevistarnos con los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia para reiterarles la exigencia de combatir la impunidad, particularmente en este caso al que somos tan sensibles como sociedad porque agravia a la infancia, por el tipo de violaciones cometidas y por la responsabilidad del Estado en estas violaciones.

Las adecuadas sanciones ante graves violaciones a derechos humanos son una forma de evitar la impunidad e impedir que hechos tan atroces como los sucedidos en la Escuela Social vuelvan a cometerse.

Asimismo, hemos señalado la obligación que tiene el Estado, en este caso los órganos judiciales correspondientes, de garantizar plenamente y de manera integral la reparación del daño causado a las víctimas de estas violaciones, tomando en consideración, para ello, el criterio establecido por el derecho intencional de los derechos humanos que obliga a considerar a las autoridades la reparación material, moral y al proyecto de vida.

Recordamos que Rocí­o Martell López es responsable de que niños y niñas fueran obligados a comer alimentos para cerdos, golpeados en diversas partes del cuerpo con objetos distintos como mangueras, cinturones o zapatos; encerrados en celdas por lapsos de hasta 15 días; tocados y lastimados en sus órganos genitales como medio de castigo o amenaza; humillados con disfraces, impedidos para comer hasta por lapsos de 3 días, impedidos para ver a sus familiares; amarrados a árboles, amenazados con ser trasladados al Cereso de la entidad y con inyectarles sangre contaminada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), obligados a consumir psicotrópicos y otros medicamentos sin prescripción médica ni control, y otras graves violaciones a la integridad fí­sica y psicológica, todo esto documentado en la recomendación 10/2002 de la CNDH.

Para las organizaciones que ahora estamos aquí­, este caso exhibe graves y diversas violaciones a los derechos humanos:

1.- Tortura, vejaciones, tratos crueles, castigos inhumanos y degradantes e, incluso, abuso sexual.

2.- Negación al derecho a la justicia pronta y expedita.

3.- Ausencia de reparación del daño.

Estamos alarmados por el comportamiento de las instancias responsables de la justicia en el Estado, por la facilidad con la que la juez justificó dichas violaciones a partir de argumentar buenas intenciones por parte de la responsable, por el tiempo que ha transcurrido para dar respuesta a los argumentos de las organizaciones civiles que demandamos medidas ejemplares para que nunca más una autoridad pública ejerza violencia y porque se trata de una población particularmente vulnerable por su edad y desventaja ante los adultos.

Ante esta situación hemos decidido vincular con este caso la campaña nacional contra la violencia y la explotación infantil que actualmente realiza Infancia Común A.C. Nuestra presencia en Yucatán obedece a esa campaña y a nuestra decisión de entrevistarnos con los magistrados sobre el caso de la antigua Escuela Social.

Con la campaña queremos recordar que niñas, niños y adolescentes tienen dignidad y por eso, la ausencia de justicia en el caso de la Escuela Social de Menores Infractores

¡SIMPLEMENTE NO LA ACEPTAMOS!

Como parte de la campaña el día de hoy divulgaremos en Mérida información y material contra la violencia y la explotación sexual infantil.

Hacemos un llamado a que todos los yucatecos y a todos los mexicanos a sumarse a esta demanda de justicia y a la campaña.

El hogar y las instituciones gubernamentales deben ser un resguardo para la protección de la infancia y no un lugar peligroso, así­ que a través de la campaña convocamos a las y los adultos a:

1.- Dejar de ver como algo natural los golpes, los gritos, las ofensas, la falta de atención.

2.- A buscar métodos para educar sin violencia física, verbal ni de otro tipo y

3.- A conformar en sus comunidades redes que protejan a los niños de los adultos que abusan de su condición de fuerza y experiencia. Los niños y las niñas no son propiedad privada, ni siquiera de sus padres.

Ejercer violencia física, sexual y psicológica en nuestras casas, en las escuelas, en la calle o en cualquier lugar, atenta contra la dignidad de nuestros hijos e hijas, los afecta toda su vida y favorece otras formas de violencia grave como la explotación sexual comercial infantil. La campaña tiene como objetivo crear conciencia y modificar esta realidad tan dolorosa.

Mérida, Yucatán, 29 de octubre de 2008

Red por los derechos de la Infancia en México, Equipo Indignación A.C., Infancia Común A.C. y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.