28 de abril de 2006
Comunicado del Equipo Indignación A.C.
Hace cuatro años causó consternación la recomendación 10/2002 de la C.N.D.H., en cuyo texto se divulgaron los tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra niñas y niños internos en la Escuela Social para Menores Infractores del Estado de Yucatán.
Las vejaciones cometidas contra uno de los sectores más vulnerables de la población, así como la complicidad de las autoridades del más alto nivel que tuvieron conocimiento de estos hechos y omitieron realizar alguna acción para que cesaran las violaciones permanecen impunes.
La impunidad viola el derecho a la justicia, vulnera la democracia, profundiza las desigualdades y exhibe el fracaso del Estado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido a la impunidad como “la falta, en su conjunto, de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana” y ha señalado que “El Estado tiene la obligación de combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares”.
El caso de la Escuela Social de Menores Infractores exhibió toda una red de complicidades y desnudó a un sistema incapaz de velar por la infancia y garantizar plenamente sus derechos.
La persona señalada como una de las principales responsables de los hechos, la exdirectora de la Escuela Social de Menores Infractores, enfrenta un juicio cuya resolución se ha retrasado ya más de tres años, dilación que también favorece la impunidad.
La impunidad en este caso se exhibió a los pocos meses de emitida la recomendación. La actual administración tuvo conocimiento de los hechos pero omitió investigarlos y comenzó a actuar solamente hasta que recibió la recomendación de la CNDH: Esta inacción culpable impidió la sanción a las faltas administrativas cometidas por servidores públicos.
El juicio contra la exdirectora de la Escuela Social de Menores Infractores permanece sin sentencia, pero durante el proceso se ha omitido, a juicio del Equipo Indignación, velar por el interés superior de los menores. Esta preocupación la hicimos pública desde noviembre de 2003, ante los careos que comenzaron a enfrentar las niñas y niños: “De hecho, este equipo manifiesta su extrañeza ante el hecho de que los careos hayan sido “de oficio” y no a petición de parte. La extrañeza se debe al hecho de que México está obligado, por los pactos que ha firmado, a procurar “el interés superior del niño y de la niña”. Procurar este interés superior ha llevado a algunos países a prohibir que menores se careen con sus agresores o permitirlo únicamente en casos excepcionales, para evitar, en lo posible, los efectos traumáticos que para un menor puede implicar el someterse a un careo”.
Los careos con menores continuaron. El desistimiento de algunos, además de exhibir la presión a la que estuvieron sometidos, debe verse en el marco de la omisión de la jueza de velar por las mejores condiciones posibles para que los menores dieran su testimonio.
El desconocimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y la falta de pericia de distintas autoridades (Ejecutivo, Ministerio Público que integró la averiguación previa, la Jueza a cargo del proceso, etcétera) para hacerlos valer ha impedido a las y los menores el acceso a la justicia y la reparación del daño a la que tienen derecho.
La valentía de quienes se atrevieron a denunciar las violaciones a los derechos de los menores documentadas y exhibidas en la recomendación 10/2002 de la CNDH, el sufrimiento de quienes estuvieron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes parecen haber sido en vano. Hoy persisten las condiciones que impiden sancionar a los violadores de derechos humanos y ponen en riesgo los derechos de la infancia en Yucatán.
El gobierno del Estado respondió con un edificio nuevo a la alarmante situación expuesta. No encontramos en la respuesta del Gobierno del Estado una revisión de las causas que llevan a los menores a cometer acciones tipificadas en el código de defensa social ni ha generado las condiciones para que la infancia pueda desarrollarse en el pleno ejercicio de sus derechos.
La Escuela Social de Menores Infractores en realidad le enseña a la infancia que sobre ellos caerá todo el peso de la ley, no la posibilidad de rehabilitarse ni, mucho menos, la posibilidad de vivir con todos sus derechos garantizados para no verse en condiciones de cometer acciones tipificadas en el código de defensa social. Le enseña que sobre ellos hay castigo pero que el sistema sabrá garantizar impunidad a quienes los agredieron.
A cuatro años de emitida la recomendación, a casi cinco años de denunciados los hechos ante la CNDH, el Equipo Indignación lamenta profundamente la incapacidad del Estado para garantizar a las niñas y niños de Yucatán el pleno respeto a sus derechos.
