El Informe completo presentado a la relatora puede descargarse en el siguiente vínculo:
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Comunicado de Oasis de San Juan de Dios y Equipo Indignación A.C.
La dificultad que encuentran mujeres, mayas, jóvenes y homosexuales para acceder a la justicia, la criminalización de la protesta, así cómo la ineficiente actuación del Ombudsman local fueron expuestas a la relatora para la independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, Sra. Gabriela Knaul.
En el marco de una reunión con organizaciones de la sociedad civil celebrada hoy, lunes 11 de octubre, por la tarde, Indignación y Oasis de San Juan de Dios entregaron a la relatora un informe conjunto sobre la situación de los derechos humanos en Yucatán que contiene casos que ponen en entredicho la procuración y administración de justicia en Yucatán y exhiben la impunidad persistente.
El mandato de la Relatoría sobre la independencia de jueces y abogados cubre todos los temas relativos a la independencia de jueces, abogados, defensores públicos, ministerios públicos y el acceso a la justicia.
El informe incluye la preocupación por las condiciones de las cárceles y diversos centros de detención y exhibe el caso de Roberth Tzab, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en los separos de la Procuraduría del estado con sede en Tekax dos días después de su detención y que compromete seriamente a los agentes que participaron en su detención, a los responsables de su custodia y al mismo procurador, que no ha señalado a ningún responsable.
En dicho documento y en la propia reunión, se puso en evidencia la dificultad de las mujeres para acceder a la justicia y los incumplimientos del Instituto para la Equidad de Género del estado de Yucatán (IEGY)
También se denunció la discriminación que enfrenta el pueblo maya cuando se enfrenta a los Órganos de justicia estatales, como ocurrió con don Ricardo Ucán Seca, quien está ya libre después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoció su caso, aunque responsables de violaciones cometidas contra Él no fueron sancionados.
El informe aborda, entre otros casos, la situación de las comisarías, poblaciones mayas cuyas autoridades Más próximas son desdeñadas en la misma ley al considerárseles “auxiliares del Ayuntamiento” y carecer de facultades.
Las recientes elecciones realizadas en las comisarías exhiben esa y otras realidades de estos pueblos mayas que implican discriminación y ausencia de reconocimiento de sus derechos, como la nula participación de los pueblos en la organización del proceso electoral y el que sea el propio alcalde, un poder ejecutivo, quien las organice.
En el capítulo referente a mujeres y justicia, el informe relata el caso de MAR, mujer que desde su infancia fue agredida sexual y físicamente por su padrastro, con quien procreó una hija a los once años y que, al igual que su mamá, fue explotada sexualmente por el mismo padrastro desde que tuvo dieciséis años. Hace diez años la mamá de MAR intentó denunciar, sin Éxito. Hace algunos meses Indignación acompañó la denuncia después de que un abogado del IEGY consideró que todos los delitos habían prescrito.
La relatora fue informada de que el Tribunal Superior de Justicia recientemente absolvió al padrastro del delito de violación. Aunque sigue el proceso por lenocinio, Éste no es considerado grave. Como medida cautelar, la fiscalía ha solicitado que no se le fije fianza.
En el capítulo sobre la impunidad que prevalece en Yucatán, Indignación y Oasis expusieron el caso de los jóvenes detenidos ilegalmente mediante una razzia en el marco de las protestas contra George Bush, en 2007.
Ese caso exhibe la impunidad que premia a violadores de derechos humanos al mantenerlos en el cargo, como es el caso del director de la policía municipal de Mérida, ratificado por el anterior y el actual Ayuntamiento a pesar de haber sido señalado como responsable del operativo y de la actuación de la policía que agredió a los jóvenes.
También se expuso a la relatora la actuación de la juez que increpó a los jóvenes por su participación en las protestas y que exhibió prejuicios que marcaron su proceder en contra de las y los detenidos.
De igual manera se presentó el caso del despojo de tierras al Oasis de San Juan de Dios, organización que alberga y protege los derechos de personas seropositivas.
El informe da cuenta de las reformas regresivas realizadas a la constitución por la anterior legislatura, que implican discriminación contra personas homosexuales y contra mujeres.
Asimismo, expusieron a la relatora que el Ombudsman omite ejercer facultades, viola reiteradamente su reglamente e incurre en acciones y omisiones que desprotegen a agraviados y protegen a las autoridades.
También se le informó que se presentó una demanda de juicio político contra el Ombudsman hace Más de un año y el Congreso ni siquiera ha determinado su admisibilidad.
Como muestra del constante despojo de tierras y territorios que se comete contra el pueblo maya, el informe presentado por Oasis e Indignación expone el caso de Ebulá, en Campeche, que implicó el desalojo de Más de setenta familias cometido por un particular protegido por la policía, la destrucción de sus viviendas y de sus propiedades.
La población, que quedó en situación de desplazamiento forzoso por violencia, no recibió la atención humanitaria a la que tiene derecho. El gobierno de Campeche incumplió las obligaciones que tiene ante una situación de desplazamiento y mantiene impune el caso ya que el Ministerio Público no ha integrado la averiguación previa, a pesar de que los agraviados han acudido a declarar.
Indignación y Oasis expresaron que la impunidad es una constante en los diversos casos que han acompañado.
El informe completo entregado a la relatora puede descargarse haciendo click en el siguiente vínculo:
