20 de octubre de 2008

Acción Solidaria

El Tribunal Superior de Justicia de Yucatán ha dejado pasar ya más de un año sin resolver la apelación en el caso de los tratos crueles, inhumanos y degradantes cometidos contra adolescentes internos en la antigua Escuela Social de Menores Infractores.

Les solicitamos su atenta solidaridad para urgir al Tribunal a resolver la apelación de acuerdo a los más altos estándares de protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.

Adjuntamos, para eso, una carta modelo (que sería la que se enviarí­a al tribunal, poniendo fecha y tu nombre) y un resumen del caso en formato PDF.

Al final de la nota dejamos los datos del Tribunal y de la gobernadora, para enviarle copia.

Resumen un año de impunidad sept08 (formato .pdf)

Carta Modelo

Lugar y Fecha

Abogada Ligia Aurora Cortés Ortega

1. en D. Marcos Alejandro Celis Quintal

Abogado Ricardo de Jesús Ávila Heredia.

Magistrados de la Sala Penal

1. Tribunal Superior de Justicia del estado de Yucatán

Presentes.

Quien suscribe se mantiene atenta (o) al caso de las violaciones a los derechos humanos cometidas contra adolescentes internas e internos de la antigua Escuela Social de Menores Infractores y sabemos que el pasado mes de agosto se cumplió un año de haberse presentado las apelaciones correspondientes a la causa penal 33/2003, que han dado lugar al toca penal 1942/2007.

Dicha causa penal, y su consecuente toca penal, son resultado de la recomendación 10/2002 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la cual se documentaron graves violaciones a los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes internos en la entonces Escuela social de Menores Infractores del estado de Yucatán, mismas que, de conformidad con ese organismo público de derechos humanos, fueron cometidas por la entonces Directora de la Institución, Dra. Rocí­o Martell, con la participación y/o aquiescencia de otros funcionarios de la misma[1].

A pesar de la gravedad de las conductas cometidas por los entonces funcionarios públicos, la Juez de la causa, que lo fue la Séptimo de Defensa Social del Primer Departamento Judicial del estado, emitió una sentencia en la que estableció sanciones muy por debajo de lo que ameritaba la gravedad del hecho. No sólo eso, ni siquiera estableció medidas de reparación del daño, con lo cual dicha resolución no restituyó en lo más mí­nimo los derechos violados a los adolescentes en ese entonces sujetos a la jurisdicción del estado. Lo más grave del hecho es que la juzgadora pretendió justificar las bajas sanciones y la omisión para reparar el daño, con el argumento de que los niños, al provenir de familias disfuncionales y ser agresivos e incorregibles, generaban una situación de estrés a los funcionarios que justificaba los castigos degradantes. Es decir, cargó la responsabilidad por los delitos cometidos a las víctimas, hecho que exhibe, no sólo discriminación hacia adolescentes provenientes en su mayoría de contextos de pobreza y marginación, sino parcialidad, insensibilidad y una manipulación de las normas penales que no pueden pasar desapercibidos para esta Sala Penal.

En virtud de lo anterior, tanto la Procuraduría de Justicia del estado, como una de las víctimas presentaron sendos escritos de apelación, misma que, a más de un año de haberse presentado, no han sido resueltas por la Sala Penal.

La impunidad contribuye a la descomposición de las instituciones del Estado. A este equipo le preocupa que delitos de tan graves efectos para las víctimas y que nos lesionan como sociedad por sus implicaciones contra la dignidad de las personas, como los cometidos contra menores internos en la entonces Escuela Social, queden impunes y profundicen el deterioro de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.

Nos preocupa la posibilidad de que el Tribunal avale los criterios utilizados por la Juez de Primera instancia para minimizar violaciones a derechos humanos especialmente gravosas por haberse cometido en contra de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad como es la infancia. Extremadamente grave resultarí­a que el Tribunal, en el presente contexto nacional, dejara en la impunidad hechos que, a casi 10 años de haberse cometido, no han sido resueltos conforme a los más altos estándares de protección a los Derechos Humanos a los que están sujetos todos los órganos que integran el Estado mexicano.

Por lo anteriormente señalado, a ustedes CC. Magistrados de la Sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, atentamente solicitamos:

PRIMERO Que en la sentencia que emita la Sala Penal, se tomen en consideración los estándares más altos de protección a los derechos humanos de los niños y niñas.

SEGUNDO. Que la sentencia de segunda instancia se establezcan adecuadas medidas de reparación moral y materia del daño a favor de las víctimas de estas graves violaciones a derechos humanos.

TERCERO. Que en la sentencia que emitan se establezcan penas adecuadas con la gravedad del hecho para evitar que en lo futuro este tipo de conductas vuelvan a cometerse.

 

Sin otro particular, le reitero la más alta y urgente exigencia de justicia.

Atentamente,

Firma

C.c.p. C. Ivonne Ortega Pacheco. Gobernadora constitucional del estado de Yucatán.

[1] Algunas de las violaciones a derechos humanos más graves detectadas por la CNDH imputables directamente a la entonces Directora de la Escuela Social fueron: obligaban a los niños a comer alimentos para cerdos, los golpeaban en diversas partes del cuerpo con objetos distintos como mangueras, cinturones o zapatos; los encerraba en celdas por lapsos de hasta 15 días; le tocaba y apretaba los genitales a los varones y los pezones a las mujeres como medio de castigo o amenaza; vestí­a a los varones de mujer para humillarlos, dejaba a los internos sin comer hasta por lapsos de 3 días, les suspendía las visitas con sus familiares; los amarraba de árboles, los amenazaba con trasladarlos al Cereso de la entidad y también con inyectarles sangre contaminada con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), les administraba psicotrópicos y otros medicamentos sin ningún tipo de prescripción médica ni control, sólo por mencionar algunas de las graves violaciones a la integridad física y psicológica en perjuicio de menores.

Carta Modelo para descargar en formato .doc

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